Una dosis de responsabilidad en un complejo escenario fiscal
Probablemente la cifra económica más debatida de los últimos meses en Chile y la más esperada por los economistas, agentes de mercado y políticos era el crecimiento del gasto considerado en el Presupuesto de la Nación 2017.
Todos sabíamos que una cifra consistente con los parámetros de largo plazo –PIB tendencial y precio de referencia del cobre– y con el compromiso de ir cerrando paulatinamente el déficit estructural era algo no mayor a 3%, pero –al mismo tiempo– en BBVA Research veíamos con preocupación cómo algunos presionaban por un presupuesto más expansivo y no sabíamos hasta qué punto podrían ser exitosos en sus pretensiones, especialmente considerando que éste y el próximo son años de elecciones.
Finalmente primó la cordura y el aumento del gasto público fijado por la autoridad en el Presupuesto 2017 fue de 2,7%. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue capaz de hacer prevalecer sus argumentos, convenció a la Presidenta y a un grupo influyente de políticos de la importancia de la responsabilidad fiscal para mantener la credibilidad de las instituciones y la confianza de los inversionistas. A última línea, les convenció que un presupuesto austero es, en estos momentos, la mayor contribución que podía hacer el Gobierno al crecimiento y al bienestar social.
Pero más allá de la buena evaluación que se pueda hacer de este presupuesto, no se debe perder de vista que la situación fiscal en Chile sigue siendo compleja y que, en los próximos años, serán necesarios pasos adicionales y quizás más significativos para devolver las cuentas del gobierno a una senda sostenible. Para ejemplificar esta situación vale la pena mencionar, por ejemplo, que pese al acotado crecimiento del gasto, el déficit fiscal seguirá ampliándose el próximo año y llegaría a 3,3% del PIB. Es decir, en 2017 el gobierno gastará US$ 8.000 millones de dólares más que los ingresos que estima recibir.
La otra cara de esta misma moneda es la situación del endeudamiento público que, según las propias estimaciones del gobierno, llegará a 25% del PIB el próximo año, duplicándose respecto del promedio de 2012-2013. Esta tendencia claramente no es sostenible en el tiempo, por lo que una pregunta razonable es si el objetivo de reducir el déficit estructural en un cuarto de punto del PIB por año es suficiente o es necesario hacer un esfuerzo mayor.
Con el riesgo de ser majadero, pero con el solo propósito de mostrar lo complejo de la situación fiscal, un dato más que es necesario tener en mente en la discusión presupuestaria que se avecina en el Congreso y también en los años siguientes, corresponde a la medición de las holguras fiscales, es decir, a la diferencia entre los ingresos proyectados y los gastos ya comprometidos. El año pasado estas holguras eran negativas por cerca de US$ 500 millones y ahora, con supuestos de ingresos relativamente optimistas, la Dirección de Presupuestos estima que las holguras fiscales en el período 2018-2020 son negativas en aproximadamente US$ 1.700 millones.
"Es importante tomar conciencia que el gasto público no puede seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora
Es decir, el gasto comprometido es mayor que el gasto compatible con el objetivo de cerrar el déficit fiscal estructural en un cuarto de punto del PIB en los próximos años. Dicho de otra forma, o se recortan al menos US$1.700 millones de gastos o no se podrá cumplir siquiera con el compromiso de convergencia gradual del déficit estructural hacia delante. Por cierto que espacios para iniciativas de mayor gasto simplemente no existen.
La pregunta que cabe hacerse es por qué no se hizo un esfuerzo mayor este año y la respuesta es relativamente obvia. La política fiscal mantiene una restricción política no menor en nuestro país y las presiones que aparecen cada año no son inocuas. El ministro de Hacienda está consciente de la complejidad del escenario fiscal, pero también sabe que una cifra de gasto significativamente menor a la que propuso, que implicara una reducción del déficit fiscal efectivo y un menor endeudamiento, habría encontrado una férrea oposición política y una mucho más compleja discusión presupuestaria a nivel parlamentario.
En síntesis, es importante tomar conciencia que el gasto público no puede seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Consecuentemente, las demandas sociales deben priorizarse, educando a políticos y a la sociedad en su conjunto que el gasto privado es el principal aliado del crecimiento. El gasto público es necesario, pero no cubriendo todas las necesidades, ni menos aquellas donde cabe un rol para los privados.