Un fondo de reserva para garantizar la estabilidad del sistema educativo
El gasto público en educación en España ha disminuido más de un 12% desde 2009. Esta reducción se ha visto compensada en cierta medida con el esfuerzo de las familias, que han incrementado su inversión en este capítulo. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema educativo durante crisis futuras, un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie recomienda crear un fondo de reserva similar al de la Seguridad Social y vincular la financiación a los resultados formativos.
La financiación pública de la educación ha sido irregular en el último ciclo económico, generando tensiones no deseables en estas actividades, y poniendo en riesgo su estabilidad, según el estudio Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Desde el año 2000, la evolución del gasto educativo en España se ha caracterizado por una fuerte expansión primero y una importante contracción después. La crisis ha frenado el ritmo de crecimiento del gasto público en educación, que se había situado en torno al 3% anual desde el año 2000. Es más, según las estimaciones realizadas por el Ivie, entre 2009 y 2015 los fondos destinados a la educación se han reducido un 12,4%, afectando sobre todo a los centros públicos, mientras se mantenían las transferencias a los concertados.
Para tratar de compensar la caída del gasto público, y a pesar de haber sido fuertemente golpeadas por la crisis, las familias han incrementado un 33% su gasto en educación desde principios del siglo XXI, de forma que alcanza ya el 0,5% del producto interior bruto (PIB) y es superior a la media europea (0,4%). Sin embargo, el gasto público es claramente inferior (3,8% frente al 4,6%).
“Esta mayor dependencia del gasto educativo de las familias condiciona la igualdad de oportunidades en la formación”, advierten los autores, “al hacerla más dependiente del nivel de renta y de las prioridades de cada hogar”.
El gasto de los hogares en educación varía en función de la renta -los de mayores ingresos dedican un porcentaje hasta cuatro veces superior al de las familias de ingresos menores-, pero depende también en gran medida del nivel de estudios del sustentador principal del hogar.
Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema educativo, y protegerlo de posibles ajustes durante crisis intensas y duraderas como la actual, los autores del estudio recomiendan crear un fondo de reserva -similar al de la Seguridad Social-, además de controlar el crecimiento del gasto en las fases de expansión económica y vincular la financiación a los resultados formativos para hacerlo más eficiente.
Francisco Pérez, director de investigación del Ivie y autor del estudio junto a Ezequiel Uriel, explica en el siguiente vídeo cómo funcionaría este fondo.
Francisco Pérez, director del estudio "Las Cuentas de la Educación en España"
¿En qué gastan las familias en educación?
Un 39,2% del gasto de los hogares en educación se destina a clases lectivas, y la mitad de esta partida se concentra en la educación infantil y primaria, los niveles educativos en los que se cursan más años de formación, y la financiación pública es más limitada (sobre todo en infantil). La compra de bienes y servicios relacionados, como uniformes, libros o transporte escolar representa un 25,5%, mientras que los servicios y actividades complementarias se llevan un 23,9% y un 11,4% las actividades extraescolares, dentro y fuera del centro.
“España necesita hacer un esfuerzo mayor para mejorar la educación reglada y la formación a lo largo de la vida laboral. Eso no significa sólo gastar más sino, sobre todo, gastar mejor, con objetivos y programas de actuación a largo plazo”, sugiere Francisco Pérez.
Además de las complicaciones derivadas de la inestabilidad financiera, el sistema educativo español tiene problemas de eficiencia y equidad, matiza Pérez. Algunos de los más destacados son el elevado porcentaje de estudiantes -un 25%-, que no completa la educación secundaria obligatoria (ESO) a los 16 años; el retraso y abandono educativo temprano, así como los bajos niveles de competencias adquiridas.
También la formación relacionada con el empleo sigue siendo, en gran medida, una asignatura pendiente en España. Aunque el gasto en formación en las empresas (el que dedican a sus propios trabajadores) se ha multiplicado por cuatro desde 2000 a 2013, se mantiene muy alejado del nivel de países más avanzados.