Un derecho pendiente: ¿Qué falta para garantizar el acceso al agua y al saneamiento?

En medio de la noche del 22 de junio de 2022, un fuerte terremoto despertó a Sima Gul. El seísmo que sacudió su pueblo, Kani Noorbakhil, en el este de Afganistán, fue tan intenso que llegó a sentirse a más de 500 kilómetros de distancia y dejó tras de sí más de un millar de muertos. Los planes de recuperación fueron complicados en una zona que no contaba con muchos servicios médicos ni con infraestructuras tan básicas como las de acceso al agua potable.

Hoy, la vida de Sima Gul ha cambiado. Un año después del terremoto, UNICEF construyó sistemas para proporcionar a las comunidades de la región agua limpia y segura para beber, cocinar o bañarse. Por primera vez, ella y su familia tienen una fuente de agua potable a pocos metros de su casa, algo que tiene un efecto directo en su salud, su bienestar y su futuro.

El acceso universal al agua sigue siendo un asunto pendiente en Afganistán y en muchos otros países del mundo. En un planeta en el que hay agua suficiente para satisfacer las necesidades de todos los habitantes, la distribución sigue sin ser equitativa, y la falta de acceso al agua limpia y al saneamiento sigue aumentando la brecha de la desigualdad y la pobreza.

¿Cuánta gente no tiene acceso a agua potable?

En 2010, la Asamblea General de la ONU declaró el acceso al agua y al saneamiento un derecho universal. Señaló que todas las personas del mundo tienen derecho a disponer de una cantidad mínima que va entre los 50 y los 100 litros al día, lo equivalente a lo que gastamos en una ducha de unos cinco minutos. Establecía también el derecho a tener una fuente a menos de 1.000 metros de cada hogar, de forma que ir a por agua y volver no conlleve más de 30 minutos diarios.

Sin embargo, 13 años después, 2.000 millones de personas (el 26 % de la población mundial) no tienen un acceso seguro a agua potable y 3.600 millones (el 46 %) no cuentan con sistemas de saneamiento adecuados. Son datos del ‘Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo’, publicado por la UNESCO y ONU-Agua en 2023.

De acuerdo con el informe, entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua durante al menos un mes al año, algo que tiene un impacto directo en su salud, en su seguridad alimentaria y en su capacidad para trabajar y mantener sus medios de subsistencia. En total, 1,4 millones de vidas se pierden cada año debido a problemas relacionados con agua, saneamiento e higiene inadecuados.

Además, la falta de acceso a estos servicios básicos deja también una huella importante en la igualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo con UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres y las jóvenes mayores de 15 años son las principales responsables de desplazarse para recoger agua en los hogares que no cuentan con redes de suministro. En algunos lugares del mundo, esta tarea puede llevarles varias horas al día, lo que hace que resten tiempo a su educación y a su tiempo libre o que no puedan tener un trabajo.

Actualmente, el mapa del acceso al agua potable y al saneamiento cuenta con muchas zonas vulnerables. Muchos de los países sin acceso a agua potable a través de sistemas seguros y disponibles para la mayoría de la población están en África. Destacan Etiopía, República del Chad, Uganda, Mozambique o la República Democrática del Congo. Pakistán, Afganistán o Papúa Nueva Guinea representan estados con sistemas insuficientes en otras partes del mundo.

El coste de no tener agua

“El coste del acceso al agua siempre se paga de alguna manera”, explica Pablo Alcalde Castro, responsable de Agua y Saneamiento de la ONG Acción contra el Hambre. “Puede ser de forma económica o en sacrificio de otro tipo de cuidados o actividades que dejan de realizarse para dedicar tiempo y recursos a poder conseguir el agua”.

De acuerdo con el responsable de Acción contra el Hambre, en las zonas suburbanas de algunas ciudades, el precio del agua puede ser hasta 2.000 veces más alto que en aquellas a las que llega la red de distribución. “En el West Bank de Cisjordania, entre el 25 % y el 35 % de los ingresos de una familia se destinan al agua. Y en algunas zonas de la Guajira colombiana, el porcentaje es aún mayor”, explica.

Para Alcalde, la principal vía para acabar con este problema es colaborar para mejorar el desarrollo socioeconómico de las regiones más vulnerables. “En lo relativo a los problemas de disponibilidad del agua, seguimos viendo a las personas como beneficiarias de una caridad o una ayuda, cuando en realidad son titulares de un derecho que por justicia les pertenece”, señala.

Así, las acciones deben orientarse para cubrir las brechas que hacen que las personas tengan carencias que les impiden satisfacer sus derechos básicos. Una de las claves para lograrlo es garantizar sistemas de gobernanza inclusivos. En otras palabras, priorizar el componente político y social.

“Hoy en día el reto para lograr el acceso universal al agua es social y político, no técnico”, explica Alcalde. “El problema está en que muchas veces se empieza por crear infraestructuras que terminan convirtiéndose en elefantes blancos, un término que se usa en cooperación en relación con los tractores que hace décadas se donaban a los campesinos y que terminaban abandonados en los campos, porque no había suministros ni vías para mantenerlos. Si solo se crean infraestructuras y no se trabaja en el plano social, es complicado hacer un cambio real”.

Un futuro en positivo

El informe ‘Progress on household drinking water, sanitation and hygiene (WASH) 2000-2022: Special focus on gender’, elaborado por UNICEF y la OMS, muestra también el lado de los avances. Entre 2015 y 2022, el número de hogares con acceso a agua potable gestionada de forma segura se incrementó del 69 % al 73 %. Aumentaron, también, los servicios básicos de higiene y los sistemas de saneamiento.

No obstante, el documento señala que para lograr las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (“garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos antes de 2030”) es necesario que las tasas de progreso actuales se multipliquen por seis. La ONU da cinco claves para alcanzar las metas de este ODS: gobernanza, financiación, desarrollo de capacidades, datos e innovación.

“Un ejemplo de cómo la gobernanza puede transformar un territorio lo vemos en el proyecto de Acción contra el Hambre en Sololá, en Guatemala”, señala Alcalde. Allí se planteó reforzar las capacidades de gestión de los sistemas de agua y saneamiento comunitarios y municipales, para que estos sean más efectivos y sostenibles.

“Se ha trabajado para capacitar a las mujeres, que son las que gestionan este servicio, y asegurar así que los modelos funcionan. También se ha trabajado para cambiar las relaciones dentro de los hogares, y asegurar que la salud y la educación de los hijos y el cuidado de la familia no es solamente responsabilidad de la madre, sino también del padre”, explica Alcalde. “Así, este proyecto es un buen ejemplo de cómo la misión social debe acompañar a las infraestructuras”.

Un claro ejemplo de los beneficios de poner en marcha políticas e iniciativas desde el sector público y también del privado como los programas especializados en facilitar el acceso a agua y saneamiento a personas en pobreza que diseña la Fundación Microfinanzas BBVA desde 2017 en alianza con organizaciones como Water.org y Water For People. En 2024 en el marco del Día Mundial del Agua, su institución en Colombia, Bancamía ha presentado Crediverde Agua, una nueva línea para financiar infraestructura para captación de aguas de lluvias, filtros de potabilización, construcción de pozos sépticos y conexiones a sistemas de alcantarillado. “Son programas en los que el impacto en la mejora de la calidad de vida de los hogares es muy evidente” concluye Laura Fernández Lord, directora de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA.