Tres grandes retos sobre la regulación de las finanzas sostenibles

La situación es grave y los desafíos mayúsculos. Tanto es así que la sostenibilidad ha cobrado en los últimos años un papel protagonista en los ámbitos de la política, la regulación y en los mercados.

En julio de 2021, la Comisión Europea presentó su “Fit for 55 package”, un ambicioso conjunto de propuestas para adaptar las políticas europeas en sectores relevantes a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55 % de aquí a 2030, y de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050 como muy tarde. La adopción de estas iniciativas supondría el cumplimiento de los objetivos consagrados en la Ley Europea del Clima, haciendo realidad el Pacto Verde Europeo que presentó la Comisión en diciembre de 2019 como hoja de ruta para alcanzar una economía sostenible.

Estas reformas requieren de una profunda transformación socioeconómica en la que el sector financiero tiene un importante papel. Las entidades financieras, además de movilizar los fondos necesarios para dicha transformación, tienen la capacidad de acompañar y apoyar a sus clientes en la transición a una economía neutra en carbono. Precisamente, BBVA ha definido como prioridad estratégica “ayudar a los clientes en la transición hacia un futuro sostenible”. Desde la publicación en 2018 de su Compromiso 2025, el Grupo no ha dejado de avanzar en la senda de la sostenibilidad que ha culminado recientemente con el anuncio de que doblará su objetivo de financiación sostenible hasta los 200.000 millones de euros hasta 2025 o con el compromiso de que todas sus carteras de crédito y de inversión sean neutras en emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050.

Pero para que los bancos puedan seguir desarrollando estrategias enfocadas a la sostenibilidad, es fundamental contar con un marco regulatorio global, claro, sólido y coherente, que fomente la financiación sostenible.

Diversas jurisdicciones están acelerando el desarrollo de marcos regulatorios destinados a promover la sostenibilidad, pero hasta la fecha, el regulador europeo ha logrado posicionarse como autoridad pionera y de referencia en este ámbito. Ya en 2018 la Comisión Europea presentó un plan de acción para financiar el crecimiento sostenible que ha dado lugar a la adopción de importantes medidas legislativas como la taxonomía europea de actividades sostenibles, el Reglamento de Divulgación Financiera Sostenible (SFDR por sus siglas en inglés), o las directrices sobre la presentación de informes no financieros y más recientemente la propuesta para el Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Dada la rápida evolución del contexto internacional y la creciente necesidad de adaptar los marcos regulatorios a las nuevas necesidades en materia de sostenibilidad, la Comisión Europea presentó en julio de 2021 una nueva estrategia para las finanzas sostenibles, que si bien se basa en el plan de acción de 2018, da un paso más y establece nuevas iniciativas para hacer frente al cambio climático y otros retos medioambientales. En concreto, esta estrategia consta de toda una serie de medidas destinadas a facilitar el acceso a la financiación de la transición, con un foco especial en la inclusión de pymes y consumidores; aumentar la integridad y la resiliencia del sistema financiero ante los riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y aumentar su contribución a la sostenibilidad; y fomentar la ambición internacional.

Es por lo tanto indudable que la política europea en finanzas sostenibles ha avanzado mucho en los últimos años, pero queda un largo camino por recorrer. Ahora, cabe destacar tres grandes retos a los que se verá enfrentado el regulador en los próximos años.

En primer lugar, uno de los principales objetivos de la regulación sobre finanzas sostenibles ha de ser, más allá de la gestión del impacto financiero del cambio climático, contribuir a la mitigación de la huella de carbono y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización, para asegurar condiciones de vida decentes o incluso la supervivencia de las generaciones futuras.

Para alcanzar este objetivo, necesitaremos marcos normativos que fomenten las actividades sostenibles, pero sobre todo que promuevan la financiación de actividades no consideradas sostenibles a día de hoy, pero que cuentan con planes claros y precisos de transición a un negocio sostenible. En este contexto, son bienvenidas las futuras propuestas anunciadas por la Comisión encaminadas a promover la financiación de los pasos intermedios hacia la sostenibilidad, como por ejemplo, la probable extensión de la taxonomía a fin de reconocer los esfuerzos de transición.

También es relevante en este contexto el concepto, muy defendido por la UE, de la doble materialidad (necesidad de informar a las partes interesadas del impacto del cambio climático en el valor de las empresas, así como del impacto de las empresas en la sociedad y el medioambiente). En este sentido, constituyen un gran avance la reciente propuesta para el Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), actualmente en proceso de negociación por las Instituciones Europeas, así como los futuros estándares de información no financiera en fase de elaboración por parte del EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group, por sus siglas en inglés) , que esperemos acaben convergiendo con los estándares que serán desarrollados a nivel internacional.

La integración de los factores sociales, tanto en las taxonomías y requisitos de información, como en la gestión de los riesgos, también supone un reto mayúsculo para el regulador, que por el momento ha focalizado sus esfuerzos en los aspectos relativos al cambio climático. Se ha dado un paso importante con la publicación del informe preliminar de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles sobre una taxonomía social que vendría a completar la taxonomía europea de actividades “verdes”. La Comisión se pronunciará sobre la conveniencia de adoptar esta iniciativa a finales de año.

El segundo gran reto al que se enfrenta el regulador es asegurar la estabilidad financiera en un contexto de gran incertidumbre por la naturaleza de este nuevo riesgo que supone el cambio climático y el peligro de una potencial transición desordenada. En un reciente informe, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha advertido del creciente riesgo de una burbuja de precios en los mercados de activos centrados en el medioambiente.

Con el objetivo de asegurar la resiliencia del sistema financiero, la Comisión Europea ha anunciado importantes iniciativas en su nueva estrategia de finanzas sostenibles. A destacar, la introducción de enmiendas a la regulación sobre requisitos de capital para garantizar que los factores ESG se incluyan de forma coherente en los sistemas de gestión de riesgos de los bancos; facultar explícitamente a las autoridades supervisoras para que incorporen los riesgos ESG en el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP por sus siglas en inglés); o adelantar de 2025 a 2023 el mandato de la EBA (European Banking Authority) de evaluar si se justificaría un tratamiento prudencial específico de las exposiciones relacionadas con activos asociados a objetivos ambientales o sociales.

En este campo, cabe recordar que el BCE publicó el 22 de septiembre los resultados de los primeros test de estrés en los que se han medido los riesgos climáticos en diferentes sectores, y prevé para 2022 la realización de los primeros test de estrés supervisores a los bancos sobre la base de riesgos climáticos.

El tercer gran reto para el regulador de las finanzas sostenibles consistirá en lograr un marco global coherente, consistente, suficientemente ambicioso y que asegure normas del juego similares para los diferentes actores del mercado.

A nivel europeo, debido a la urgencia del reto climático, llevamos tres años asistiendo a un desarrollo legislativo sin precedentes en materia de finanzas sostenibles. Esto ha dado lugar a un marco normativo complejo. Es de esperar que la Comisión trabaje para asegurar la coherencia de los textos normativos y sería deseable un esfuerzo por priorizar las iniciativas a desarrollar en función de su coste-beneficio, de manera que la industria sea capaz de asimilar y de aplicar los nuevos requisitos normativos. Una transición ordenada requiere de una regulación ordenada. Además, sería recomendable asegurar un marco que sea fácilmente implementable por las entidades sujetas a la nueva regulación y que sirva de ejemplo y sea exportable a otras jurisdicciones.

En el ámbito global, las organizaciones internacionales están acelerando su trabajo sobre finanzas sostenibles, de cara a la COP26. El G20 está preparando una hoja de ruta sobre el cambio climático y finanzas sostenibles, que será presentada en octubre, y el FSB publicó en julio sus planes para abordar el riesgo financiero relacionado con el clima. También se espera que el International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation proponga próximamente la creación de un consejo de normas de sostenibilidad (International Sustainability Standards Board - ISSB) para la creación de estándares internacionales para la divulgación de la información relativa a la sostenibilidad. Por su parte, la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) sigue avanzando en cuestiones relevantes como la actualización de los escenarios de clima, el estudio del diferencial de riesgos entre activos verdes y otros activos (informe esperado para el Q1 2022), o el estudio sobre la incorporación de criterios de inversión sostenible en las carteras propias de los bancos centrales y en política monetaria.

Esta proliferación de iniciativas a nivel internacional hace necesario el refuerzo de la cooperación y una mayor coordinación entre autoridades regulatorias, organizaciones internacionales y organismos de normalización. En este sentido, son bienvenidas las propuestas de la Comisión de mejorar la cooperación entre las autoridades europeas para trabajar en un enfoque común para una transición ordenada, así como su intención de fomentar un nivel de ambición alto en el desarrollo de normas financieras sostenibles internacionales.

La Comisión también ha anunciado que en otoño de 2021, la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (IPSF, por sus siglas en inglés), lanzada en 2019 como red de intercambio de mejores prácticas, y a la que se han unido 17 jurisdicciones, publicará un informe sobre una taxonomía común y un informe comparativo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad. Esperemos que estas iniciativas promuevan la convergencia en ámbitos tan relevantes como las taxonomías de actividades sostenibles o los requisitos de información sostenible.

También cabe destacar, en el ámbito internacional, la intención de la Comisión de desarrollar una estrategia integral para ayudar a expandir la financiación sostenible en los países socios de la UE, apoyando a los países de ingresos bajos y medios para ampliar su acceso a dicha financiación. El cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales y es fundamental la participación de todas las economías del mundo.

Hemos destacado tres grandes retos de la regulación sobre sostenibilidad, pero son muchos los desafíos a los que se enfrentan tanto legisladores como entidades reguladas. Los resultados del test de estrés climático con perspectiva macroeconómica publicado por el BCE el pasado 22 de septiembre son claros: los costes de llevar a cabo la transición verde compensan en el largo plazo los costes derivados del cambio climático. Cabe esperar, por lo tanto, una aceleración (si cabe) del desarrollo normativo sobre sostenibilidad.

En este contexto, el establecimiento de marcos normativos coherentes, implementables, convergentes a nivel internacional y que fomenten la financiación de la transición, será un elemento clave para asegurar y maximizar la contribución del sector financiero a los retos sociales y medioambientales. La COP26 es el próximo hito en el que las autoridades públicas y el sector privado del mundo entero, ante la mirada expectante de la sociedad civil, pondrán de manifiesto su nivel de compromiso y su capacidad de seguir avanzando, de forma colaborativa, en la descarbonización del planeta.