¿Qué son los delitos contra el medioambiente? El tercer crimen más rentable del mundo

Las angulas europeas, apenas miden unos milímetros, pero su tráfico ilegal es tan lucrativo como el de la cocaína. Cada año se venden alrededor de 350 millones de euros en angulas europeas, la mayoría destinadas a Asia. Se transportan en maletines que evaden los controles aeroportuarios o se camuflan en camiones y barcos.

Al tráfico de angulas y otros animales salvajes se suman los vertidos ilegales, la destrucción de especies protegidas, los delitos urbanísticos o la sobreexplotación de recursos naturales. Y basta con echar un vistazo a los titulares de las últimas décadas para recordar nombres propios, como los de Exxon Valdez o el Prestige.

Los delitos contra el medioambiente se encuentran entre las actividades ilícitas organizadas más lucrativas del mundo y también entre las más frecuentes. Hoy en día, muchas de las acciones que dañan el entorno natural resultan difíciles de sancionar, lo que presenta numerosos retos tanto para los estados más afectados como a nivel internacional.

Crímenes contra la naturaleza

Aunque no existe una definición universal para los delitos ambientales, estos podrían concretarse como las conductas más graves que atentan contra el orden público medioambiental. Los delitos contra el medioambiente son, por tanto, aquellos que se cometen contra la naturaleza, que impiden disfrutar del entorno que nos rodea o que limitan el acceso a los recursos naturales.

“Algunos casos emblemáticos están relacionados con catástrofes ambientales, como el derrame de petróleo del buque Exxon Valdez en las costas de Alaska en 1989, o con resultado de muerte o grave afectación de la salud, como el colapso de una plataforma de petróleo de la empresa BP en el Golfo de México en 2010. Este causó la muerte de 13 personas en el accidente y una catástrofe ambiental”, explica Ignacio Urbina Molfino, doctor en Derecho Ambiental y socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois de Chile.

“Otros están ligados a un grave engaño a las autoridades, como el caso Volkswagen, en el que la empresa diseñó un ‘software’ para manipular los resultados de las emisiones de gases en algunos de sus vehículos”, añade Urbina. Lo cierto es que la lista es larga. De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, la delincuencia medioambiental es la tercera actividad delictiva más cometida en el mundo.

La delincuencia medioambiental es la tercera actividad delictiva más cometida en el mundo.

“Es muy lucrativa, pero difícil de detectar, enjuiciar y sancionar. Debido a estos factores, resulta muy atractiva para los grupos de delincuencia organizada”, señalan desde el Consejo de la UE. Entre las consecuencias, destacan el aumento de la contaminación, la reducción de la biodiversidad o el aumento de los peligros para la salud humana.

Y existen también consecuencias económicas: se calcula que los crímenes ambientales generan pérdidas de entre 110.000 y 218.000 millones de dólares al año y que, tal y como ya señalaron la ONU e INTERPOL en 2018, el ritmo de estos delitos puede aumentar hasta un 7 % anual.

La delincuencia ambiental en el mundo

Las implicaciones legales de los crímenes medioambientales dependen de la legislación de cada país. En España, por ejemplo, las sanciones pueden ser penas de multa, de prisión o de inhabilitación especial. A nivel europeo, el año 2024 ha supuesto avances en este sentido con la aprobación de una nueva Directiva de protección del medioambiente que fija normas mínimas para toda la UE.

Entre otras cosas, la norma aumenta la lista de sanciones que constituyen delito, que pasa de nueve a veinte. Entre los nuevos crímenes contemplados están los relacionados con el tráfico de madera, el reciclado ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos. La norma se aplicará únicamente a los delitos cometidos dentro de la UE, pero los estados miembros podrán ampliar su jurisdicción a aquellos que se cometan fuera de su territorio.

Los delitos contra la vida silvestre son más frecuentes en África, Asía y América Latina. Esta región es especialmente susceptible de sufrir delitos de este tipo debido a su rica biodiversidad y a la abundancia de recursos minerales, pero también a problemas como la corrupción, que impiden que se cumplan las normativas.

“América Latina se encuentra en vías de desarrollo y ello exige procesos de industrialización importantes”, explica Urbina. “Lo deseable es que la industrialización sea sostenible, es decir, que el progreso económico sea compatible con el progreso social y el cuidado del medioambiente a largo plazo. Sin embargo, cuando ello no es así, aparecen los riesgos de conductas que pueden afectar gravemente el medioambiente, siendo incompatibles con el bien común”.

De acuerdo con el doctor en Derecho Ambiental, uno de los países latinoamericanos que más destaca por contar con una legislación avanzada en este sentido es Chile. “Chile acaba de introducir diez delitos ambientales nuevos a su legislación medioambiental con la dictación de la Ley de Delitos Económicos a mediados de 2023”, señala.

“Es un hito importante –explica– porque ciertas conductas, como ejecutar proyectos de envergadura sin un permiso ambiental o entregar información falsa en reportes o procesos de evaluación de impacto ambiental, pasan a ser tipificadas como delito. Esto implica que pueden ser sancionadas como delito económico, lo que es especialmente severo”.

Una de las principales dificultades para acabar con el crimen medioambiental es que este suele cruzar fronteras. Entre 2018 y 2021, por ejemplo, se incautaron en la Unión Europea 639 productos de marfil provenientes, sobre todo, de África, en donde la caza furtiva está afectando de forma importante a las poblaciones de elefantes. Parte de este marfil que llega a Europa lo hace para quedarse, pero un porcentaje importante sigue su camino hacia los mercados asiáticos.

Esta dimensión transfronteriza hace muy importante la cooperación internacional. “La modalidad de control y cooperación será diferente en cada caso. Por ejemplo, cuando se trata de emisiones de contaminantes al aire, transferencia de residuos, contaminación de las aguas, cambio climático, etcétera”, señala Urbina. “Pero, como mínimo, es siempre deseable cierta similitud en las conductas sancionables para evitar lagunas de responsabilidad, además de la cooperación a nivel de organismos fiscalizadores y sistemas de justicia criminal”.

Actualmente existen iniciativas para fomentar la colaboración entre los agentes involucrados. Un buen ejemplo es Nature Crime Alliance, una red global de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones que busca movilizar para luchar contra los delitos contra la naturaleza.

Un paso más: la definición de ecocidio

En noviembre de 2020, se presentó un panel de expertos liderado por los abogados internacionales Philippe Sands QC y Dior Fall Sow que trabajaría, durante los meses siguientes, en la definición jurídica del “ecocidio”: un posible crimen internacional contra el medioambiente que se situaría al mismo nivel que los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad.

Esta presentación estuvo rodeada de simbolismo, ya que coincidió con el 75º aniversario de la apertura de los juicios de Nuremberg contra altos cargos nazis. Es decir, los juicios en los que se originaron y afianzaron términos como genocidio.

Desde hace años, este grupo de expertos y entidades como Stop Ecocide International trabajan para que el ecocidio entre a formar parte de los delitos perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI). Desde entonces, varios países y comunidades políticas de todo el mundo han tenido en cuenta, de una manera u otra, la definición de ecocidio en sus jurisdicciones nacionales. Ecuador, Chile y la Unión Europea forman parte de la lista.