Créditos de carbono: qué son y cómo avanzan hacia un mercado global
Los créditos de carbono permiten a empresas y países compensar sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) invirtiendo en proyectos sostenibles, como la reforestación o la captura de carbono. Este sistema busca mitigar el cambio climático y fomentar un mercado global de emisiones más transparente y eficiente.
El CO2 tiene un precio. En realidad, tiene muchos. Su exceso hace que la atmósfera retenga más energía y provoca que suban las temperaturas y se incrementen los eventos meteorológicos extremos. En el mar, una vez disuelto, acidifica el agua, complicando la supervivencia de todos los organismos que necesitan una concha o un caparazón para sobrevivir y acelerando la desaparición de los arrecifes de coral. Y, más allá de sus costes medioambientales y sociales, el CO2 también tiene un precio de mercado, uno que tiene que ver con los créditos de carbono y tres décadas de esfuerzos para frenar el cambio climático.
¿Cuál es el precio del crédito de carbono?
En el mercado europeo, actualmente la media anual del crédito de carbono es 73,68 €. Pero ¿cómo se pone un precio a los gases de efecto invernadero?
Un crédito de carbono no es otra cosa que un permiso de emisiones. Por cada uno de los también llamados bonos de carbono, una empresa o un país tiene derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono o el equivalente de otro gas de efecto invernadero. En función del sistema empleado, cada entidad posee un número limitado de créditos y puede adquirir nuevos de dos formas: comprándoselos a un tercero o generándolos a través de proyectos de mitigación, como por ejemplo la captura de carbono mediante la reforestación.
El objetivo de este sistema es reducir las emisiones de los gases que están cambiando el clima, penalizando a las empresas y países más contaminantes y abriendo vías de financiación alternativas para aquellos que no gasten sus créditos y decidan traspasarlos. Sin embargo, el desarrollo y aplicación del mercado de bonos de carbono en el mundo ha sido bastante desigual.
Créditos de carbono: su origen en la protección ambiental
En los años ochenta del siglo pasado, cuando la nueva realidad medioambiental hacia la que nos dirigíamos empezaba ya a ser innegable, empezaron a surgir proyectos que buscaban proteger la biodiversidad y los recursos naturales de los países en vías de desarrollo a cambio de cancelaciones de deuda pública. Estos sentaron las bases del primer sistema de créditos de carbono, que sería redactado a finales de la década siguiente.
El Protocolo de Kyoto, firmado en diciembre de 1997, fue el primer acuerdo internacional frente al cambio climático. Bajo este documento, los países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y establecieron el primer sistema de créditos de carbono. Este se fundó a través de dos mecanismos que todavía hoy siguen vigentes:
- Clean Development Mechanism (CDM). Permite a los países industrializados que tengan un compromiso de reducción de CO2 invertir en proyectos que reduzcan las emisiones en los países en desarrollo para compensar aquellas emisiones más difíciles de eliminar en sus propios territorios.
- Joint Implementation (JI). Permite a los países industrializados compensar parte de las reducciones a través de proyectos que reduzcan las emisiones en otros países desarrollados.
Los mercados de carbono buscan reducir las emisiones globales y financiar proyectos sostenibles.
El Acuerdo de París y el futuro del mercado de emisiones
Los resultados del sistema del protocolo de Kyoto no han sido exactamente los esperados. Más allá de que la emisión de gases de efecto invernadero ha seguido aumentando, ha sido imposible concretar un sistema global de acreditación de los bonos de carbono. Es decir, no se ha conseguido certificar con seguridad que los créditos de carbono se han estado usando como deberían. Esto ha minado su utilidad y la confianza en el esquema.
Un informe elaborado en 2016 por Martin Cames, del Oko-Institut de Freiburg, Alemania, para la Unión Europea concluyó que solo el 2% de los proyectos llevados a cabo bajo el mecanismo CDM habían aportado beneficios evidentes a la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para intentar solucionar esta brecha entre promesas y realidad entra el juego el Acuerdo de París, el sustituto del Protocolo de Kyoto, firmado en 2015.
En el artículo 6 de dicho acuerdo lograron introducirse medidas para crear un sistema de créditos de carbono global y transparente. Entre otras cosas, se pactó la creación de una base de datos y un registro únicos y un sistema común de verificación, algo que hasta ahora ha sido imposible de conseguir.
Aunque el CDM y el JI de Kyoto siguen siendo referentes globales, en la actualidad hay cinco grandes mercados de carbono en el mundo (entre los que destaca el europeo) y multitud de iniciativas locales (alrededor de 70 países participan en algún mercado de créditos de carbono). Además, existen otros estándares para la certificación voluntaria de la reducción de emisiones, como el Verified Carbon Standard (VERRA), el Gold Standard o el Voluntary Offset Standard.
Un sistema unificado y global quizá logre sentar las bases de un mercado que cumpla con el objetivo real para el que nacieron los créditos de carbono hace casi 30 años: mitigar el cambio climático, premiar a quien se esfuerce para reducir su huella de carbono y penalizar a quien no lo haga.