¿Qué leyes sobre desperdicio alimentario existen en el mundo?

Las sobras de un potaje de garbanzos que acaba en la basura. Los entrantes que no se tocan en el restaurante. El paquete de jamón cocido que está a punto de caducar en la estantería del supermercado. Las berenjenas de formas raras que nunca llegan a la tienda. Los tomates que se echan a perder por un exceso de ‘stock’ antes de poder ser pelados y envasados. Las fuentes del desperdicio alimentario son muchas; las cifras que deja parecen insostenibles. Pero cada vez más países están desarrollando leyes sobre desperdicio alimentario para limitar el impacto social y ambiental de los millones de toneladas de comida que cada año acaban en la basura.

Las cifras del desperdicio alimentario

En la Unión Europea, se desperdician anualmente 131 kilos de alimentos por habitante (según los últimos datos disponibles, de 2021). Más de la mitad del desperdicio (70 kilos) se produce en los hogares, el 21 % en la industria del procesado alimentario, el 9 % en la producción, otro 9 % en restaurantes y otras empresas de servicios de comida y el 7 % en la venta minorista, como los supermercados.

A nivel mundial 931 millones de toneladas de comida acaban en la basura cada año y el desperdicio alimentario aparece por igual en todas las industrias y en todos los hogares, sea cual sea su nivel de ingresos. Esto es lo que dice el programa de medioambiente de la ONU (UNEP). Mientras, el Programa Mundial de Alimentos cifra en 1.200 millones las toneladas de comida que se tiran cada año, cifras que contribuyen directamente al hambre de millones de personas y suponen un importante desperdicio de recursos, agua y energía.

“Se calcula que el 30% de la superficie agrícola mundial se usa para producir alimentos que se desperdician, mientras millones de personas pasan hambre. La existencia de estas dos realidades nos recuerda la necesidad de mejorar la gestión y la distribución de alimentos en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo final, garantizando que los recursos alimentarios se utilicen de manera más equitativa y sostenible”, ha señalado Kilian Zaragozá, CEO y cofundador de Naria, una empresa de propósito social que busca proteger la seguridad alimentaria de las personas.

España: prioridad a la donación de alimentos

La de Naria fue una de las muchas voces del sector consultadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España para el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. El objetivo de Naria es digitalizar y conectar el sector social con el resto de agentes (instituciones, empresas y sociedad), generando un sistema circular, sostenible y transparente y convirtiendo los excedentes alimentarios en oportunidades. Este es uno de los enfoques que se están usando para abordar un problema complejo que cada vez recogen más legislaciones en todo el mundo.

El proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario de España busca obligar a los agentes alimentarios a aplicar las medidas de la Ley de Residuos de 2022. El proyecto normativo, que todavía debe ser debatido, se centra en la obligación de donar los excedentes alimentarios y penaliza el incumplimiento de la ley. Obliga a las empresas de la industria alimentaria a firmar convenios con organizaciones sociales, priorizando la donación de los alimentos a personas por delante de otros usos. Además, la ley contempla que se cuantifiquen los residuos alimentarios que se generen.

“La propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca un cambio en toda la cadena alimentaria, incluyendo también a la sociedad, fomentando buenas prácticas desde los productores primarios hasta el consumo en hogares, así como obligando a todos los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio”, ha añadido Kilian Zaragozá. “Todos podemos aportar para luchar contra el desperdicio: instituciones, empresas y sociedad, por eso coincidimos con esta visión legislativa más transversal”.

México: sin donación de comida obligatoria

México no cuenta con una ley propia contra el desperdicio alimentario a nivel general, aunque sí que hay algunos estados, como el de Zacatecas, que han aprobado normativas para reducir la cantidad de comida que acaba en la basura. La norma de Zacatecas no penaliza a las empresas que no favorezcan la donación de alimentos, pero sí establece incentivos para hacerlo atractivo.

Con lo que sí que cuenta el país latinoamericano es con un Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, que desde 2018 tiene el mandato de formular la política nacional para la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. También en la misma fecha el senado mexicano reformó la ley general de Turismo, para evitar el desperdicio de alimentos en hoteles y restaurantes.

Colombia: una norma que prioriza a los más vulnerables

A nivel latinoamericano, Colombia cuenta con una de las leyes más avanzadas frente al desperdicio de alimentos. Aprobada en 2019, la ley 1990 sentó las bases para elaborar políticas para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos para todos los actores de la cadena de producción y de suministro de alimentos. De acuerdo con la norma, la donación de alimentos debe priorizar a la población vulnerable y, en orden de más a menos prioritario, a menores de edad, mujeres gestantes y lactantes, tercera edad, población en situación de discapacidad, pobreza y pobreza extrema, ONG que tienen como objeto programas de nutrición y alimentación de la población, jardines infantiles y madres comunitarias.

“Colombia ha implementado políticas exitosas para reducir el desperdicio, fomentando la donación y promoviendo prácticas más sostenibles en la cadena alimentaria”, comenta el cofundador de Naria. “Estos esfuerzos demuestran que la colaboración entre el sector privado, público y social, independientemente de la región, puede aportar a esta misión tan prioritaria”.

Argentina: con el foco en el incentivo

En 2005, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley específica para reglamentar la donación de alimentos. La llamada ley DONAL se completó en 2018 con una nueva norma que establece las bases para el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, centrada en las herramientas para incentivar que las empresas reduzcan la cantidad de comida que tiran. Sin embargo, ambas leyes han servido de poco hasta el momento, de acuerdo con la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la universidad de Harvard, por la existencia de otras trabas que desincentivan la donación, como las normas de seguridad alimentaria y de IVA.

Perú: tres leyes para luchas contra el desperdicio alimentario

Perú inició su camino legislativo para reducir el desperdicio alimentario en 2016, con la ley 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte en situaciones de desastres naturales. En 2019, se dio luz verde a la ley 30988 que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y en 2022 se dictó la ley 31477 que promueve acciones para la recuperación de alimentos. Estas tres normativas han servido para estandarizar los procesos de donación y crear una serie de beneficios fiscales para que las empresas donen los alimentos que han perdido su valor comercial, pero siguen siendo seguros para el consumo humano.

Uruguay: un proceso para evitar el desperdicio alimentario en marcha

Uruguay no cuenta con una ley específica para acabar con el desperdicio alimentario, aunque su normativa de gestión de residuos sí establece unos objetivos para reducir las fuentes de pérdidas, desperdicios y excedentes en la industrias de la producción y la manufactura de alimentos. Además, a finales de 2022 creó un Comité para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, un organismo de carácter técnico que está trabajando para elaborar una estrategia nacional para reducir la cantidad de comida que termina en el contenedor.

Más allá de los diferentes enfoques desarrollados en cada país, existen una serie de puntos comunes que debe incluir una ley para la reducción del desperdicio alimentario efectiva. “Debe incentivar la donación de alimentos no vendidos y eliminar barreras legales que puedan obstaculizar este proceso, así como valorar positivamente a aquellas empresas cuyas prácticas son solidarias y respetuosas con el medio”, puntualiza Zaragozá.

“Además, debe fomentar prácticas sostenibles en la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución, con gran interés en la medición, dado que los datos nos permitirán detectar la fuente del desperdicio y facilitarán la toma de decisiones. Y, por encima de todo, debe fomentar la colaboración entre sectores y la concienciación pública, fundamentales para el éxito de cualquier legislación que quiera tener un impacto transversal y duradero”, concluye Kilian Zaragozá.