"Qué le pedimos a la iniciativa Ómnibus de Von der Leyen"

En su intervención, la Presidenta de la Comisión recalcó que el contenido de la legislación era el correcto, pero reconoció que se piden muchos datos y que existen inconsistencias y redundancias. No parece tarea fácil pues, simplificar y, a la vez, mantener lo que ya existe.

Echando la vista atrás, venimos de una Comisión Europea que se ha visto marcada por una intensa actividad regulatoria en el campo de la sostenibilidad. En 2019, el entonces Vicepresidente primero del ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, nos anunciaba el Pacto Verde Europeo que dio paso a importantes iniciativas legislativas. Entre ellas, la Ley Europea del Clima y sus ambiciosos objetivos climáticos y el “Fit for 55”, el paquete de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación europea de energía y clima y poner en marcha nuevas iniciativas para garantizar que las políticas se ajusten al objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 de, al menos, un 55% respecto a los niveles de 1990.

En lo que afecta al sector financiero, se puso en marcha un Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, lanzado en 2018 y revisado en 2021, con más de 50 medidas (regulatorias o de otra naturaleza) destinadas a movilizar capital para lograr la transición a una economía baja en carbono, asegurar la máxima transparencia para favorecer la toma de decisiones de inversión en línea con criterios ESG y asegurar la estabilidad financiera mediante la adecuada identificación y gestión de riesgos derivados del cambio climático.

El resultado ha sido un marco que, si bien necesario para impulsar la transición, es a día de hoy excesivamente complejo y no exento de inconsistencias. Son por tanto bienvenidos los recientes anuncios de la futura simplificación de importantes medidas como la taxonomía europea, las normas de reporting no financiero o las obligaciones de diligencia debida en materia social y medioambiental. Estos anuncios van en línea con los objetivos de la nueva Comisión, que tomó posesión el pasado 1 de diciembre de 2024. La Comisión, que ha anunciado su intención de mantener el rumbo hacia las metas establecidas en el Pacto Verde Europeo, asegura que focalizará sus esfuerzos en impulsar la competitividad europea. Para ello, se basará en parte en las recomendaciones de los famosos informes de Enrico Letta “Much more than a market” y de Mario Draghi “The future of the European competitiveness”.

La publicación de la iniciativa Ómnibus se espera oficialmente para el 26 de febrero, aunque ciertas voces apuntan a que se hará esperar unas semanas más. Hasta entonces, se están suscitando muchos comentarios y hay numerosas cuestiones en el aire. Entre otras cuestiones, conviene destacar que:

• Cualquier anuncio de simplificación es más que bienvenido, sobre todo en lo que se refiere a requisitos de divulgación que son excesivamente complejos y que no han demostrado su utilidad. Es el caso del Green Asset Ratio (GAR), que mide la proporción de los activos de una entidad de crédito que cumplen los criterios taxonómicos, cuyo cálculo es extremadamente difícil y el resultado es poco significativo, no comparable entre entidades y no utilizado por el mundo inversor.
• La simplificación es necesaria, pero no puede realizarse sin tener en cuenta que la divulgación de los bancos descansa en la información de nuestros clientes. Por eso, la reducción de la carga regulatoria para el sector financiero debe ser consistente con la de las empresas. No tendría sentido que pidieran a las entidades financieras divulgación de datos que sus clientes no estén obligados a reportar, especialmente si hablamos de pymes. Además, todo ejercicio de simplificación tendrá que asegurar que se mantienen para las empresas los requisitos de divulgación de la información que necesitan los bancos para una adecuada gestión de los riesgos asociados al clima y al medioambiente.
• Un elemento que debería de ser clave en el contexto de la iniciativa Ómnibus es asegurar la convergencia de las normas a nivel internacional. El hecho de tener que aplicar distintos estándares en las diferentes geografías supone costes excesivos y una complejidad añadida que repercute en una pérdida de competitividad de las empresas europeas, sobre todo de las que operan más allá de la UE. Este objetivo puede lograrse sin necesidad de disminuir las ambiciones climáticas y medioambientales europeas, por ejemplo mediante el establecimiento de una base global común, con la posibilidad de añadir ciertos requerimientos en las geografías más exigentes o avanzadas en materia de sostenibilidad.
• Los tiempos son importantes. Se tiene que explicar bien cómo va a convivir esta propuesta con el resto de iniciativas. ¿Se pararán las transposiciones en marcha? ¿Se pospondrán las cláusulas de revisión previstas en, por ejemplo, la Directiva de Diligencia Debida, en relación a los servicios financieros? ¿Se modificarán los planes de trabajo de EFRAG en relación, por ejemplo, a los estándares sectoriales? Son cuestiones muy importantes que deberán aclararse cuanto antes.
• Sería una oportunidad perdida no consultar a las compañías que llevan ya unos años aplicando el marco regulatorio de finanzas sostenibles. Compañías que tienen perfectamente identificados los puntos de dolor, las inconsistencias del marco y las duplicidades. Este input sería importante para que la Ómnibus cumpliera con su objetivo de simplificación en lo que debería ser una revisión integral de dicho marco, más allá del ámbito de las divulgaciones. En este sentido, son bienvenidas sesiones como las organizadas por la Comisión Europea a principios de febrero (‘reality checks’) para recabar las recomendaciones de las diferentes partes interesadas.
• No solo es importante el qué sino el cómo. La propuesta Ómnibus debería propiciar la uniformidad en su aplicación y evitar la fragmentación entre los diferentes Estados Miembros.

Por último, el proceso legislativo en Europa tiene sus tiempos y no son cortos. La propuesta solo será efectiva si es implementada de forma rápida, reduciendo al máximo la incertidumbre que podría generar en el mercado. No perdamos esta oportunidad que nos brinda la iniciativa Ómnibus y trabajemos para lograr un marco que contribuya a la competitividad europea, impulsando de forma eficaz y eficiente la transición hacia una economía sostenible.