¿Qué es la inversión sostenible y cómo está regulada?
La inversión sostenible no solo prioriza el beneficio financiero, sino que también considera criterios sociales y ambientales. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles contribuye a un crecimiento más sostenible e inclusivo de la economía y la sociedad.
Como explica Petra Pflaum, CIO de Inversiones Responsables de DWS, en el informe La Inversión Sostenible y Responsable en España de 2021, “cada vez más inversores reconocen que los objetivos financieros y no financieros pueden lograrse de forma conjunta. También reconocen que se está produciendo un cambio de época, del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los stakeholders”.
Hablamos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático como una de las macrotendencias capaces de transformar en profundidad el mundo, junto con la disrupción tecnológica, la evolución demográfica y los cambios culturales (por ejemplo, la preocupación por la salud) que llevan a nuevos hábitos de consumo.
Esta macrotendencia es global y transversal, porque afecta a múltiples sectores, desde el propio mundo financiero a la agricultura, la tecnología, la industria, la medicina o la educación, por nombrar algunos.
Desde un punto de vista regulatorio, uno de los objetivos de la normativa europea es disponer de normas armonizadas en materia de transparencia que permitan a los inversores finales comparar de manera eficaz los distintos productos financieros (tal y como éstos se definen en la normativa aplicable) en los distintos Estados miembros en cuanto a sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y objetivos de inversión sostenible.
De acuerdo con el Reglamento de la UE sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), las inversiones sostenibles se definen como aquellas inversiones en una actividad económica que contribuyan a un objetivo medioambiental, medido, por ejemplo a través de indicadores clave de eficiencia de recursos relativos al uso de la energía, de la energía renovable, consumo de materias primas, agua y suelo, producción de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero e impacto sobre la biodiversidad y la economía circular o las inversiones en una actividad económica que contribuyan a un objetivo social y, en particular, toda inversión que contribuya a luchar contra la desigualdad, toda inversión que refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales, o toda inversión en capital humano o en comunidades económica o socialmente desfavorecidas; siempre y cuando las inversiones no perjudiquen significativamente a ninguno de dichos objetivos y las empresas beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza, en particular en lo que respecta a que sus estructuras de gestión, relaciones con los asalariados y remuneración del personal pertinente sean sanas y cumplan las obligaciones tributarias.
Balances y tendencias de inversión
En cuanto a los aspectos positivos de la inversión que considera criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que en parte explican su popularidad al alza, McKinsey destaca la creación directa de valor mediante el crecimiento de ingresos gracias a la disposición a pagar más por artículos sostenibles, la reducción de costes que implican los criterios de eficiencia y responsabilidad, evitar multas, pleitos y pérdida de reputación por incumplimiento normativo, o el aumento de la productividad derivada de la mayor motivación de los empleados. Por otra parte, la enorme variedad de productos y sectores permite diversificar la cartera para reducir riesgos y exposición a la volatilidad.
Se puede considerar también el contexto histórico y su evolución, es decir, el consenso social actual creciente a favor de los negocios responsables y el apoyo económico de la Unión Europea y diversos gobiernos —. Pflaum no duda de que “la inversión responsable y el ESG consolidarán sus posiciones… y los programas reguladores de gran alcance están aumentando la presión para cumplir con este objetivo”.
Por su parte, Antoni Ballabriga, director de Negocio Responsable en el área de Sostenibilidad del Grupo BBVA, recuerda que el mundo deberá invertir 275 billones de dólares, durante las próximas tres décadas, equivalentes al 7% u 8% del PIB global cada año, y que el sector financiero es y será clave para que “este proceso de asignación de capital se haga de forma que las empresas y ciudadanos aprovechen las oportunidades que ofrece con los menores riesgos”.
Activos ESG en España
Los activos ESG, es decir, aquellos relacionados con factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, superaron los 379.618 millones de euros gestionados en 2021 (incremento del 10% con el año pasado), con un peso del 51% sobre el total de inversión, según revela el estudio ‘La inversión sostenible y responsable en España 2022’, elaborado por Spainsif. Este análisis indica que la renta mixta se convierte en la primera en peso de activos, representando el 28%, seguida de la renta variable, con el 25% y la renta fija, con el 22%.
Las empresas españolas se sitúan en tercer lugar, detrás de Francia y Suiza, con 64,35 puntos sobre 100, en el compromiso sostenible de sus órganos de administración, de acuerdo con el Informe Consejos de Administración E&S Friendly. A escala global —según el Estudio Global Private Equity Responsible Survey 2021, de PwC–, el 56% de las empresas abordan la temática ASG en los consejos de administración más de una vez al año; el 66% incluye la creación de valor entre los 3 principales factores de la inversión responsable; y el 72% siempre examina los riesgos y oportunidades ASG de las empresas antes de acometer una compra.