¿Qué es la igualdad? Un concepto más allá de ingresos y riqueza

Para un pequeño puñado de países ricos, el año 2021 comenzaba con noticias esperanzadoras: las primeras vacunas contra la COVID-19 empezaban a llegar y las expectativas permitían fijar calendarios de vacunación rápidos y eficientes. Para el resto del mundo, sin embargo, esta situación quedaba muy lejos.

En numerosos países de África, por ejemplo, la falta de recursos para comprar vacunas y los retos logísticos para llegar a un alto porcentaje de población impedían fijar una fecha para alcanzar la inmunidad de grupo. El continente comenzaba la carrera de la vacunación desde el último puesto, poniendo de manifiesto una vez más la desigualdad que existe a nivel global.

Como ha reconocido el economista francés Thomas Piketty, uno de los más reputados en desigualdad económica actualmente: “El aumento de las desigualdades es, junto con el cambio climático, uno de los principales retos a los que se enfrenta el planeta”.

Desde la década de 1980, la brecha entre los que tienen más y los que tienen mucho menos ha crecido en casi todo el mundo desarrollado. La pandemia ha venido a aumentar unas diferencias que son difíciles de eliminar, ya que son estructurales. Y es que la desigualdad no puede medirse solamente en términos de ingresos o riqueza. Abarca numerosos aspectos, que van desde el acceso a servicios públicos de calidad al riesgo de ver vulnerados los derechos fundamentales.

¿Qué es la desigualdad y cómo se mide?

Pues depende. Cada vez se habla menos de desigualdad y más de desigualdades. Y cada vez es mayor el consenso respecto a la mirada sesgada que supone medir la desigualdad en relación solo con los ingresos de una persona o la riqueza de un país. La falta de oportunidades y participación de la mujer en la economía, el entorno medioambiental, el acceso a la vivienda y la educación, el empleo, la falta de oportunidades o de libertad de expresión también conforman el rompecabezas de la igualdad y comienzan a tener protagonismo como medidores de la desigualdad. Solo hay que prestar atención a los numerosos índices internacionales que existen para calibrar la igualdad. El PIB ya no es el único medidor.

Además del Coeficiente Gini (desigualdad de ingresos), funcionan a nivel internacional otros indicadores, como el Índice de Pobreza Humana –sustituido en 2018 por el Índice de Pobreza Multidimensional – o el Índice de Desarrollo Humano, que valora el acceso a la educación y la esperanza de una vida digna y saludable, entre otros.

Uno de los proyectos más interesantes para hacer visible la desigualdad en el planeta es la Medida Individual de Pobreza Multidimensional (IMMP, en sus siglas en inglés), una herramienta que analiza a tiempo real los datos de calidad sobre lo que ocurre con las personas dentro del hogar y en el entorno más cercano, para así analizar el estado de vulnerabilidad de los individuos. La alimentación, disponibilidad de agua potable, lugar de refugio, educación, energía, saneamiento, relaciones sociales, vestimenta, violencia, planificación familiar, medioambiente, empleo, uso del tiempo o salud son algunas de las dimensiones monitorizadas.

Y es que la desigualdad, en un mundo globalizado e hiperconectado, “corrompe la democracia y puede destruir la sociedad”, como asegura Juan José Almagro, ex presidente de UNICEF España y fundador de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE). Para Rafa Bengoa, codirector del Instituto de Salud y Estrategia SI-Health y asesor internacional en sistemas de salud, “la mayor condición crónica que tenemos no es la enfermedad, es la desigualdad. La desigualdad se ha cronificado. Tienes personas vulnerables crónicamente en casa, algunas con cuidados y otras no, y esa desigualdad crea enfermedad y esa enfermedad provoca problemas en el sistema de salud. El COVID-19 ha expuesto nuestras vulnerabilidades y las va a acrecentar”, ha asegurado en el informe ‘Crecimiento inclusivo. En busca de una prosperidad compartida’, de Fundación CODESPA.

En un lugar desequilibrado

Ya antes de que la pandemia llegase para dificultar aún más la lucha contra la desigualdad, el mundo era un lugar desequilibrado. De acuerdo con el ‘Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rápida transformación’ de la ONU, los ingresos y la riqueza están cada vez más concentrados en la cima. En casi 100 países, el 40 % más pobre obtiene menos del 25 % de los ingresos, mientras que en gran cantidad de estados el 1 % de la población ve aumentar sus rentas año tras año.

Por lo general, las sociedades más desiguales son menos efectivas a la hora de reducir la pobreza y garantizar el crecimiento económico. Encuentran más dificultades para hacer frente a retos como la digitalización, la urbanización o la lucha contra el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos afectan de manera más violenta a las regiones tropicales, a pesar de que sus habitantes son, en muchos casos, quienes menos han contribuido al calentamiento global en materia de emisiones. Tal y como señala el informe de la ONU, el cambio climático ha hecho a los países pobres todavía más pobres.

La innovación tecnológica, por otro lado, es una poderosa herramienta para promover el desarrollo y generar nuevos puestos de empleo. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a estas oportunidades: alrededor del 87 % de quienes residen en estados avanzados tienen acceso a internet, comparado con el 19 % de los que nacen en países en vías de desarrollo. Se trata de una realidad que acentúa las diferencias.

El aumento de la desigualdad no era, sin embargo, una tendencia universal antes de la pandemia. A lo largo de las últimas décadas, algunas diferencias se habían reducido en varios países de América Latina, África y Asia. El mundo trabajaba para alcanzar el igualitarismo, un objetivo complicado que requiere tener claro qué es realmente la igualdad.

El peso de las estructuras sociales

A grandes rasgos, podríamos decir que una sociedad igualitaria es aquella en la que todas las personas pueden ejercer sus derechos. Sin embargo, para ofrecer igualdad de oportunidades no basta con garantizar el acceso a servicios públicos y satisfacer necesidades básicas. Es necesario atender a cómo se distribuyen los recursos para que todas las personas puedan disfrutarlos de igual modo, a pesar de su punto de partida.

“Garantizar la igualdad, que es el núcleo central de los derechos humanos, es reconocer las situaciones de desventaja en las que nos encontramos – dónde hemos nacido, con qué género y con qué color de piel, por ejemplo – y permitir superar este punto de partida desaventajado para acceder a los derechos y libertades en igualdad de condiciones”, explica Maria Caterina La Barbera, profesora de Derechos Humanos en la Universidad Nebrija de Madrid.

Existen numerosas estructuras sociales que crean discriminación. “El género, la raza, la etnia, la religión, el estatus socioeconómico, el origen nacional o la orientación sexual, entre otras”, enumera la académica. “Son ejes que posibilitan encontrarse en una situación de vulneración de derechos”. En los países latinoamericanos cabe destacar también las relaciones desiguales con los pueblos indígenas.

Para que la igualdad de oportunidades garantice igualdad de resultados, es imprescindible desarticular las estructuras sociales que determinan puntos de partida distintos. “No es suficiente con integrar o lograr representación. Se ve, por ejemplo, en el caso de las mujeres: podríamos decir que mujeres y hombres tienen acceso al mundo laboral, y por lo tanto hay igualdad. Sin embargo, existen ciertas estructuras sociales que determinan que las mujeres se queden relegadas a algunos nichos de mercado o no consigan alcanzar la igualdad salarial”, explica la profesora de Derechos Humanos.

Para añadir aún más complejidad al reto de encontrar igualdad y equidad, entra en juego también la interseccionalidad. “Ser mujer nacional de clase alta no es lo mismo que ser mujer, inmigrante y con una discapacidad. Muchas políticas de igualdad se han centrado en el género, como si todas las mujeres por el hecho de serlo tuviesen las mismas discriminaciones. Esto no es suficiente para solucionar el problema de la desigualdad”.

De acuerdo con la profesora, las políticas públicas han estado centradas en alcanzar la igualdad por ejes segmentados. El género, el origen nacional, la religión o la orientación sexual. Sin embargo, para lograr verdaderos resultados es necesario entender la estructura social en su conjunto y proponer políticas que puedan generar una verdadera transformación.

Los retos de América Latina

En 2020, la pandemia azotó con fuerza a los países latinoamericanos. La región registró cerca del 28 % de las muertes contabilizadas a nivel mundial, a pesar de sumar apenas el 8,4 % de la población del globo. Las consecuencias del impacto han incrementado las diferencias dentro de sus territorios, poniendo de manifiesto graves desigualdades estructurales.

El informe ‘Panorama social de América Latina 2020’, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), perfila la situación en la que se encuentra la región. El primer dato importante para entender la desigualdad tiene que ver con la pobreza y la pobreza extrema, que han alcanzado niveles que no se registraban desde hace al menos una década. En total, 209 millones de personas están en situación de pobreza en América Latina. De ellos, 79 millones se encuentran en un caso extremo.

Las dificultades no se presentan por igual para todos los grupos de población: aquellos que estaban en peores situaciones antes de la pandemia son quienes han sufrido de forma más dura las consecuencias. Por lo general, la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niños y adolescentes, en grupos indígenas y afrodescendientes y entre las mujeres de edad activa. Aquellos con niveles educativos más bajos y los que forman hogares monoparentales y extensos también se han visto especialmente perjudicados durante los últimos meses.

Uno de los principales riesgos de la región ya antes de la pandemia era su alto porcentaje de trabajo informal, unido a bajos niveles de protección social. Sistemas muy frágiles de sanidad, educación y cuidado han dejado fuera del mercado laboral y sin protección social a un gran número de mujeres. Muchas de ellas se han visto obligadas a encargarse del cuidado de familiares enfermos o de niños que se han quedado sin escolarización. Otras siguen trabajando, pero lo hacen de forma informal.

Otro grupo especialmente castigado ha sido el de los indígenas, afectado por desigualdades estructurales de carácter económico, social, político, ambiental y sanitario. La gran mayoría se encuentra ante una situación vulnerable para hacer frente a una pandemia sanitaria. De acuerdo con el informe de CEPAL, en los cinco países que concentran al 80 % de la población indígena de América Latina –Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú–, más de ocho millones de indígenas carecen de acceso a agua potable en sus viviendas. Esto les impide tomar medidas de prevención de contagio tan básicas como puede ser el lavado frecuente de manos.

Mirando al futuro

Las soluciones pasan, al igual que en otras regiones del mundo, por desarticular las estructuras sociales que ponen a mujeres, niños de zonas rurales o indígenas en las posiciones menos ventajosas. Por reconstruir los estados de forma que el igualitarismo no se vea afectado por diferencias de género, origen nacional, etnia o religión.

“No cabe duda de que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, señala Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas. Entre los objetivos, la ONU señala la creación de sistemas universales de protección social que garanticen la salud, la educación y la inclusión digital, para que, por fin, nadie se quede atrás.