¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Un tratado en favor del medioambiente en América Latina y el Caribe

El día en el que asesinaron a Berta Cáceres en su casa de La Esperanza (Honduras) tuvo muchos finales. Ese día acabó, por encima de todo, con la vida de la líder ambiental hondureña. Sin embargo, también puso un triste final a meses de presiones y amenazas sobre su familia y su entorno. Ese día fue, además, el principio del fin para el proyecto de Agua Zarca. Esta era una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, sagrado para los indígenas Lenca, contra el que Cáceres llevaba años luchando. Aquel 2 de marzo de 2016 acabó con muchas cosas, pero también empezaron a cambiar muchas otras.

El asesinato de Berta Cáceres se ha convertido en un icono de los conflictos por la tierra, los recursos y el medioambiente en América Latina y el Caribe. Pero está lejos de haber sido el único. Según los últimos datos de la ONG internacional Global Witness, de los 200 defensores del medioambiente asesinados en 2021, la mayoría eran de América Latina (sobre todo, de México, Colombia y Brasil). Y el asesinato solo es la punta del iceberg: antes hay amenazas, presiones, desplazamientos y destrucción del territorio. Desde principios de siglo, los conflictos alrededor de los derechos de la tierra se han multiplicado en la región. Así lo refleja el Atlas de Justicia Ambiental, elaborado por una alianza de organizaciones de justicia y comercio.

Acceso y participación en asuntos ambientales

Con el objetivo de crear instrumentos jurídicos que ayuden a poner fin a los daños e injusticias ambientales en la región, 24 de los 33 países de América Latina y el Caribe firmaron en 2018 el Acuerdo de Escazú. Este documento está diseñado para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Su ratificación y su implementación avanzan con paso firme, aunque su futuro sigue plagado de desafíos.

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece, en su principio 10, que el mejor modo de lidiar con los problemas ambientales es garantizar la transparencia, la participación y el acceso a la justicia de los ciudadanos afectados. De este principio, adoptado en 1992, emana el Acuerdo de Escazú, un tratado regional para América Latina y el Caribe que no empezó a debatirse hasta 2014. Tras cuatro años de negociaciones complejas, fue firmado por 24 países el 4 de marzo de 2018, en la ciudad costarricense de Escazú.

Desde entonces, 15 estados lo han ratificado (Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay) y se han celebrado ya dos conferencias de las partes (COP), la primera en Santiago de Chile y la segunda en Buenos Aires. Pero, ¿en qué consiste exactamente este tratado regional?

El Acuerdo de Escazú tiene por objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y de acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades de cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

“El acuerdo de Escazú va a otorgar unos estándares jurídicos de protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental, pero no es la única solución”, explica Luis Felipe Guzmán Jiménez, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Se requiere de compromiso y voluntad política y, por supuesto, de un gran cúmulo de acciones de los estados, de los sectores productivos y de la sociedad civil para identificar los escenarios de riesgo y amenaza de estas personas”.

¿Cómo avanza la implementación del Acuerdo de Escazú?

Tras el proceso de negociación y firma, la COP1 celebrada en abril de 2022 marcó la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. En esa primera conferencia, se aprobaron las reglas del proceso de negociación para implementar el acuerdo y para las reuniones de las partes implicadas, así como las normas del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo. Es decir, las reglas para el órgano que, entre otras cosas, deberá seguir de cerca el cumplimiento del tratado.

En la COP2 de abril de 2023, de carácter extraordinario (normalmente se deberían celebrar cada dos años), se eligieron los miembros de ese Comité y se puso en marcha el proceso para diseñar el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales. Este instrumento será clave para avanzar hacia la implementación del artículo 9 del acuerdo, que establece que cada estado deberá garantizar un entorno seguro a las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales. Además, se habló mucho de financiación, un asunto clave para apuntalar la aplicación del acuerdo.

“Para la COP3 (que se celebrará en abril de 2024) quedan varios asuntos de importancia”, señala Guzmán Jiménez. “Uno de ellos es buscar que el fondo de contribuciones voluntarias que contempla el acuerdo pueda ser robustecido con recursos de cooperación internacional y de países donantes para poder implementar el acuerdo. El tratado no solo puede ser implementado con buenas normas, necesita de recursos suficientes que permitan el desarrollo de proyectos de democracia ambiental”.

El sector privado en el Acuerdo de Escazú

Al igual que sucedió durante la negociación y la firma del Acuerdo de Escazú, las dos COP han mostrado la gran variedad de intereses económicos, sociales y ambientales que entran en conflicto en la región. “El principal desafío para la implementación del Acuerdo de Escazú es poder brindar tranquilidad y confianza al sector privado y al sector inversionista, reforzar la idea de que el Acuerdo de Escazú es un instrumento que pretende mejorar las condiciones del entorno social de los proyectos en términos de información, participación, acceso a la justicia y protección de defensores de derechos humanos”, añade el docente e investigador de la Universidad Externado.

Para este experto, es necesario que los estados empiecen a incorporar el Acuerdo de Escazú en sus ordenamientos jurídicos. En este sentido, será fundamental la opinión que emita al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia y Chile solicitaron en enero de 2023 un posicionamiento de la corte y este debería ser aclarado en los próximos meses.

“Además, falta que la empresa privada empiece a trabajar en la integración del Acuerdo de Escazú. Es importante que empiece a hacer sus ejercicios de incorporación de los estándares en el desarrollo de sus proyectos, obras u otras actividades”, concluye Guzmán Jiménez. “Si bien las obligaciones son de los estados, las empresas tienen obligaciones en materia de derechos humanos y el acuerdo va a disminuir el riesgo social de sus proyectos”.