Leyes medioambientales: el cambio climático como objetivo común
Fue en 1972, con la Conferencia de Estocolmo, cuando se hizo visible la conciencia colectiva por el cuidado del planeta. Desde entonces se han emitido más de un millar de leyes para proteger el medioambiente. Las políticas ambientales son muy diversas y dependen en gran medida de las características y necesidades de cada región. Sin embargo, en los últimos años el mundo ha marcado objetivos comunes para hacer frente al mayor desafío: el cambio climático. Si todos los países cumplen, la temperatura del planeta en el año 2100 será 2,1 °C más alta que antes de la revolución industrial.
El emperador romano Julio César dictó en el año 45 a. C. una norma que prohibía la circulación de carruajes en áreas de Roma y Pompeya porque hacían demasiado ruido sobre el pavimento y generaban ingentes cantidades de excrementos. Aproximadamente 500 años después, el Código de Justiniano paralizó la construcción de edificios que no permitían, con su sombra, la entrada del sol en inmuebles emblemáticos. En 1273 se aprobó en Inglaterra una norma para controlar el humo que lanzaban las chimeneas industriales. Aunque puedan parecer anecdóticos, estos ejemplos de antiguos preceptos para proteger el entorno son algunos antecedentes de las legislaciones medioambientales de la actualidad. Los expertos consideran que la conciencia colectiva por el cuidado del planeta empieza verdaderamente en la Conferencia de Estocolmo de 1972; y logra importantes avances en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y en el Acuerdo de París de 2016.
Varios años después de la firma de este último acuerdo, 127 países tienen estrategias para reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero y limitar así el calentamiento del planeta. Algunas de estas estrategias están aprobadas y se basan en acciones sólidas. Otras todavía están en desarrollo, y son solo hojas de ruta con posibles planes. Pero todas buscan hacer del planeta un lugar más sostenible.
París, cuna de las leyes ambientales
En 2016, dirigentes de países de todo el mundo firmaron el Acuerdo de París, el tratado internacional sobre el cambio climático. El objetivo de este acuerdo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados (marcando el límite en 2 °C) por encima de los niveles preindustriales. Para conseguirlo, los países firmantes se comprometen a descarbonizar sus economías y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos años han sido claves en la acción climática. Numerosos estados han presentado sus planes de descarbonización, más o menos ambiciosos, pero con objetivos claros y determinantes. Ahora falta lo más difícil: asegurar su cumplimiento con políticas y leyes.
“Si los compromisos no son seguidos por estrategias claras para lograrlos, el mundo se acercará a escenarios muy peligrosos, bien descritos por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)”, explica Jesús Urios Culiáñez, analista del Instituto de Políticas Medioambientales Europeas (IEEP, en sus siglas en inglés).
De acuerdo con Urios, la tarea que tenemos por delante para descarbonizar la economía es inmensa. “Modulará casi todos los aspectos de nuestro estilo de vida, desde la forma en que consumimos y calentamos nuestras casas hasta la forma en que viajamos y comemos”, señala. Sin embargo, esa transición es posible. Hacemos un repaso de las principales políticas de descarbonización y leyes medioambientales de varios países del mundo.
Firma del Acuerdo de París. - Agencia EFE
La senda que marca la Unión Europea
Los países de la Unión Europea tienen como objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050. Es decir, no emitir más gases de efecto invernadero de los que son capaces de absorber o compensar. Uno de los últimos planes presentados para lograrlo es la ‘Estrategia de movilidad sostenible e inteligente’, que busca reducir un 90% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte en 2050.
Si los objetivos se cumplen, en la próxima década veremos cambiar mucho nuestros sistemas de transporte. Se espera duplicar el tráfico ferroviario de alta velocidad y reducir los vuelos de distancias cortas, para que los viajes colectivos de trayectos de menos de 500 kilómetros sean de cero emisiones. Además, al menos 30 millones de automóviles y 80.000 camiones deberán tener la etiqueta de cero emisiones en 2030.
En diciembre de 2020, la Unión Europea aprobó además una aceleración de los planes de descarbonización. Las emisiones de gases de efecto invernadero deberán haberse reducido un 55% (frente al 40% pactado anteriormente) en 2030, tomando como referencia los valores de 1990. Se trata de un objetivo mucho más realista para alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo.
“Todos los sectores económicos tendrán que contribuir al nuevo objetivo, para ponernos en un camino realista para alcanzar la neutralidad climática para 2050”, explican fuentes de la Unión Europea.
Los países miembros también tendrán que alinear sus planes con estos nuevos objetivos antes de 2023. Algunos, como Finlandia o Suecia, parten con ventaja. Estos ya habían estipulado 2035 y 2045, respectivamente, como fechas para lograr la neutralidad climática.
¿Qué leyes ambientales hay en España?
Las políticas para lograr una economía neutra en carbono en España están marcadas por las guías y los objetivos que impone la Unión Europea. En 2020, España presentó su plan de descarbonización a largo plazo, bajo el nombre ‘Estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050’. Se trata de un documento estratégico que marcó la senda para reducir un 90 % las emisiones (el 10% restante lo deberían absorber los sumideros de carbono) y conseguir que el 97% de toda la energía consumida en el país sea renovable en 2050.
Este plan se suma a otros ya impulsados, como el ‘Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático’ (PNACC) y el ‘Plan Nacional Integrado de Energía y Clima’ (PNIEC). Se tratan, en su mayor parte, de transposiciones de la normativa europea a la legislación española.
Para seguir el ritmo de Europa y durante la próxima década, España impulsará la transición energética hacia un modelo más eficiente y basado en las energías renovables. Uno de sus planes más destacados pasa por la rehabilitación energética de los edificios, para reducir así el uso y el desperdicio de energía.
Las diez medidas verdes de Reino Unido
Reino Unido es uno de los países que más ha acelerado su paso hacia la descarbonización en los últimos meses. En noviembre de 2020, el gobierno británico presentó un plan verde basado en diez medidas para luchar contra el cambio climático.
Entre estas medidas se encuentran adelantar a 2030 la prohibición de vender vehículos de gasolina y diésel, algo que sitúa al país británico entre los más ambiciosos en el camino hacia la electrificación del transporte. Otros objetivos son multiplicar por cuatro la energía eólica marina para 2030, impulsar la producción de hidrógeno, invertir en nueva energía nuclear y mejorar el aislamiento de viviendas y edificios públicos.
Los retos de EE. UU. para este nuevo mandato
El 4 de noviembre de 2020, Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París por decisión del gobierno del expresidente, Donald Trump. Se unía, así, al pequeño grupo de países que no han adoptado el acuerdo: Angola, Eritrea, Irán, Irak, Sudán del Sur, Turquía y Yemen.
Esta noticia dio la vuelta al mundo, ya que Estados Unidos es el segundo país que más gases de efecto invernadero lanza a la atmósfera cada año, después de China. Contar con su compromiso para reducir el impacto medioambiental es crucial para el futuro del planeta.
Sin embargo, la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses convirtió la salida del acuerdo en un paréntesis. Biden cargó su campaña de compromisos medioambientales y planes para avanzar en la transición energética, y una de sus primeras medidas como presidente ha sido el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París.
“La administración Trump no solo se retiró del acuerdo, sino que también desmanteló muchos de los programas ambientales públicos. Esto implica que Estados Unidos tendrá que recuperar el tiempo perdido”, explica Urios. “Sin embargo, no olvidemos que las promesas del Acuerdo de París no son legalmente vinculantes. Aunque el regreso al acuerdo es relevante, EE. UU. aún no ha establecido un objetivo de descarbonización legalmente vinculante y una estrategia para lograrlo”.
¿Cuáles son las leyes ambientales en China?
El compromiso de China de alcanzar la neutralidad de carbono es otro de los hitos importantes en materia medioambiental. El presidente Xi Jinping declaró en la Asamblea General de la ONU que el país asiático tiene la intención de alcanzar el máximo de emisiones en 2030 y de reducirlas a cero en 2060.
Joe Biden, durante la jura del cargo que le convirtió en el presidente número 46 de EE. UU. - FOTO EFE
Tal y como señalan desde el Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP), China fue el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo en 2022: su actividad estuvo detrás de más del 32% de las emisiones globales. Es, también, el mayor financiador y exportador de combustibles fósiles del mundo. El objetivo marcado es, por lo tanto, una buena noticia, pero falta que el país asiático traduzca esta declaración de intenciones en acciones reales.
“Está por ver si esto se traduce en acción real y no es simplemente una estrategia para aprovechar la agenda climática con fines geopolíticos, ahora que Estados Unidos parece haber dejado un vacío de liderazgo en materia medioambiental en el escenario internacional. En general, este es un anuncio prometedor, pero aún necesitamos saber qué quiere decir exactamente China con neutralidad climática y qué estrategia seguirá para lograrlo”, explica Urios.
Además de China y otros países como Corea o Japón, cinco de los diez países más contaminantes del mundo ya se han comprometido a reducir a cero sus emisiones en las próximas décadas. En la actualidad, 193 países, más la Unión Europea al completo, están trabajando para alcanzar los objetivos de París.
De acuerdo con el informe ‘Global update: Paris Agreement Turning Point’ de Carbon Tracker, si todos los compromisos que hay actualmente sobre la mesa se cumplen, la temperatura del planeta en el año 2100 será 2,1 °C más alta que antes de la revolución industrial. Es decir, por primera vez desde que se firmó el acuerdo, el objetivo estaría casi al alcance de nuestra mano.
Xi Jinping, en la sede de la ONU. - Agencia EFE
Otras leyes ambientales que protegen: adiós a la basura
Más allá de las emisiones de CO2, hay muchos otros frentes abiertos para mitigar nuestro impacto en el planeta. Legislaciones que reduzcan la contaminación, mejoren la gestión de los residuos o mitiguen la pérdida de biodiversidad son también muy necesarias.
El problema de los plásticos es, junto al calentamiento global, uno de los que más preocupan a nivel medioambiental. En 2021, España y el resto de los países de la Unión Europea dirían adiós a los plásticos de un solo uso. La directiva europea 2019/904 prohibió la fabricación y la venta de artículos como platos, cubiertos, pajitas y bastoncillos para los oídos de un solo uso en todos los estados miembros.
Además, los países deben tener la capacidad de recuperar el 90% de las botellas de plástico en 2029 y de reciclar el 30% de las mismas en 2030. Se trata de la ley más avanzada del mundo en materia de prohibición de artículos desechables y gestión de residuos.
Hasta ahora, muchos de estos plásticos iban a parar, junto al resto de la basura, a China. El país asiático fue durante años el principal importador de basura de países occidentales. Sin embargo, una ley que entró en vigor en 2018 prohíbe la compra y la importación de determinados residuos sólidos del extranjero. En enero de 2021 y tras un proceso que ha sido gradual, China cerró definitivamente sus fronteras a la basura que le llega desde el resto del mundo.
Menos contaminación y un aire más limpio
Rebajar la contaminación directa y mejorar la calidad del aire también es fundamental para tener un planeta más limpio. Con este objetivo y otros en mente, el Gobierno de España trabaja actualmente en la creación de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Con esta legislación se espera conseguir un sistema de movilidad más organizado y sostenible, menos dependiente de los combustibles fósiles y que fomente el uso del transporte público.
Al otro lado del Océano Atlántico, proteger la biodiversidad de las selvas tropicales es una de las principales prioridades. En este sentido, Costa Rica es un ejemplo aclamado a nivel mundial. En las últimas décadas ha conseguido fortalecer la gestión sostenible de sus recursos naturales y la conservación de la flora y la fauna. Detrás de estos logros está su Ley de Biodiversidad, que tiene como objetivo integrar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en el desarrollo de todas las prácticas sociales, culturales, económicas y ambientales. La legislación busca también promover la educación y la concienciación de la ciudadanía, mejorar la gestión de la administración y fomentar la cooperación internacional para conservar los bienes naturales.
Es de especial relevancia, también, la legislación que toca la cuenca amazónica, y que depende de las normativas de seis países: Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. Muchas de estas leyes hacen referencia a los recursos hídricos, forestales y de gestión de tierras, pero otras hacen referencia también a los derechos de las poblaciones indígenas que dependen directamente de los bienes de la selva para subsistir.
A lo largo de las últimas décadas, países de todo el mundo han promulgado leyes para proteger el medioambiente. El informe ‘Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global’ de la ONU, publicado a principios de 2019, señaló que el volumen de leyes ambientales se multiplicó por 38 desde 1972. En total, se emitieron más de un millar de leyes sobre medio ambiente. Varios años después, la legislación
Sin embargo, en muchos casos esto no ha garantizado una mejora real. Al igual que sucede con la reducción de emisiones contaminantes, no basta con aprobar normativas. Es necesario cumplirlas.
“A menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a contar con un medio ambiente saludable”, concluía David Boyd, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, tras la publicación de aquel informe en 2019.
El Índice de Actuación Ambiental (EPI), un método elaborado por la Universidad de Yale que cuantifica 32 indicadores de protección medioambiental y clasifica el desempeño ambiental de las políticas nacionales, sitúa a España en el puesto 27 del mundo. Encabezan la tabla Dinamarca, Reino Unido y Finlandia, y en las tres últimas posiciones se encuentran Vietnam, Birmania e India.
