La gestión transversal de la sostenibilidad para la transición ecológica de las pymes
Las pymes son aliadas esenciales de la transición ecológica. Posicionar a las empresas como actores principales del crecimiento sostenible ha pasado a ser uno de los ejes principales y transversales de casi todos los planes de empresa. Este salto, además de reforzar la actividad y abrir nuevos mercados, facilita el cumplimiento de normas y leyes encaminadas a que las pymes contribuyan a la meta de neutralidad climática marcada en el Acuerdo de París. El monográfico de BBVA ‘Cómo abordar la transición sostenible de tu pyme’ muestra las claves.
El 85% de las personas encuestadas por el Instituto DYM considera el cambio climático una grave amenaza para la humanidad. Una preocupación que confirma la Fundación BBVA, que asegura que la mayoría de los españoles apoya actuar con urgencia y estaría dispuesta a una subida de impuestos, aunque no a renunciar al vehículo en vacaciones.
En el plano empresarial, progresar hacia una economía descarbonizada es una realidad que ya recogen muchas políticas gubernamentales europeas. En España, la aprobación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en 2021 repercute en la obligación que algunas empresas tendrán para calcular y reportar su huella de carbono. Además, deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que contemple un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años, junto con las medidas para su consecución. Estas empresas podrán compensar de manera voluntaria su huella de carbono.
Aunque, en un principio esta norma se aplicará a compañías con un personal de más de 49 personas o una facturación superior a 10 millones de euros, lo cierto es que el cálculo de la huella de carbono es una práctica que beneficia a todo tipo de organizaciones, ya que permite conocer el impacto de las actividades que realiza y actuar para reducirlo.
Pero, ¿por qué se habla de huella de carbono? Desde CeroCO2 explican que este concepto proporciona el dato de emisiones de GEI “en unidades de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Existen 7 GEI máximos responsables del calentamiento global. De estos 7, el CO2 es el que influye en mayor medida al calentamiento del planeta, y es por ello que las emisiones se miden en función de este gas utilizando la tonelada de CO2e como unidad universal de medida”.
¿Cómo se calcula? Existen 3 alcances para obtener la huella de carbono, tal y como se explica en la guía del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de España: el primer nivel lo conforman las emisiones directas, aquellas que provienen de fuentes que son propiedad o están controladas por la entidad; en el alcance 2 están las indirectas, que provienen de la generación de electricidad adquirida y consumida por la empresa; y en el 3, las emisiones que escapan del control de la empresas, como las derivadas de viajes de trabajo, contrataciones externas de transporte, servicios y compra de productos.
Una vez obtenido el resultado, debe elaborarse un plan de descarbonización encaminado a la reducción de emisiones. Finalmente, para aquellas emisiones que no se pueden evitar, es posible recurrir a la compensación a través de aportaciones económicas a proyectos que absorban CO2 o de emisión evitada.
Aquellas entidades que quieran dar un paso más, pueden inscribir los resultados en el 'Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2' del MITECO. El certificado que proporcionan desde ahí es garantía de los beneficios ambientales y sociales que genera el negocio con la absorción o secuestro de dióxido de carbono, como se conoce también a este acto.
Esta medida supone un gran salto hacia la descarbonización, pero “el compromiso con el cero neto es el principal tema pendiente” a nivel mundial, como menciona en sus conclusiones el 'Anuario Climático 2022' de ECODES y el Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Esta publicación analiza la participación de las empresas españolas en los principales movimientos empresariales vinculados con la acción climática y la transformación hacia modelos de negocio que se alineen con la limitación del calentamiento global a 1,5°C.
Existen diferentes proyectos para que el sector privado llegue a tiempo a la neutralidad climática. El objetivo está claro: alcanzar las cero emisiones en 2050. Desde la perspectiva medioambiental, la carrera hacia el cero neto pasa por medir, reducir y comunicar la huella de carbono. Países como Chile, Perú, Colombia o Panamá cuentan con programas nacionales de gestión del carbono. “Huella Chile” o el “Programa Nacional de Carbono Neutralidad” dan acompañamiento a las empresas que quieran reducir su huella de carbono.
The Carbon Skin es una plataforma que cuenta con una calculadora de compensación de carbono para que personas y pymes puedan neutralizar su impacto ambiental en Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Usarla, como advierten, es entrar “a cambiar tu huella en el mundo”.
Por su parte, CeroCO2 acompaña a organizaciones públicas y privadas, empresas y personas a reducir las emisiones y compensar las que no se han podido evitar. Además, a través de la herramienta de autodiagnóstico ScopeCO2 se puede calcular y conocer los impactos de cualquier actividad e incluso de eventos presenciales y digitales. Esta opción incluye desplazamientos aéreos, terrestres, estancias en hotel, consumo eléctrico, de calefacción y agua caliente sanitaria y alimentación.
Otra de las posibilidades que ofrece la fórmula de I+D+I son los análisis de datos que, entidades financieras como BBVA, aplican para facilitar a las empresas el impacto diario de gases de efecto invernadero que genera su actividad.
Con el cumplimiento del cálculo de la huella de carbono y los planes de mejora derivados, contribuimos a una de las metas de la Agenda 2030, la 12.6: fomentar que el tejido empresarial incorpore prácticas sostenibles y presentar la información, aunque no tengan la obligación por normativa.
Ley de Responsabilidad Medioambiental
El cuidado del medioambiente no es algo nuevo para las pymes. Ya en 2007 se creó la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental en España. Bajo este marco regulatorio que afecta a todos los sectores económicos, se obliga a las empresas a mantener los recursos naturales y a repararlos, en el caso de que se hayan visto dañados por la actividad que se ejerce. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrece una guía de herramientas de análisis de riesgos medioambientales sectoriales para la prevención y reparación que puede servir de referencia para los negocios de otros países. Otras regulaciones que pueden afectar a las mipymes son la Ley de aguas, la de residuos y suelos contaminados, la de envases y residuos de envases o la del ruido.
Dentro del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea trabaja en la reforma sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) para que sea más ambiciosa. Recientemente, más de 150 directores ejecutivos y empresas reiteraron su compromiso con el 'Green New Deal' para una transición energética.
Las decisiones de la CE dirigidas al sector financiero y grandes empresas también afectan directa o indirectamente a las pequeñas y medianas. El fomento de la inversión en productos sostenibles, la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad y el impulso de un gobierno corporativo sostenible son algunas de las propuestas que pueden repercutir. Es posible conocer más sobre estos aspectos de gobernanza en las conclusiones de las jornadas que se celebraron con los Planes de Acción Climática para Impulsar la Descarbonización por las Empresas de España organizada por Climate Strategy & Partners y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).
La Conducta Empresarial Responsable en Latinoamérica y el Caribe
El cálculo de la huella de carbono en América Latina y el Caribe es todavía una opción, aunque la transición justa en un continente donde más del 99% son pequeñas y medianas empresas está siendo una oportunidad.
El proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CER)” promueve prácticas y políticas sociales y sostenibles alineadas con las normas internacionales en este ámbito. Esto incluye los “Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y los Derechos Humanos”, las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” y la “Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT”.
El 75 % de las empresas incorpora al menos uno de los puntos en este ámbito, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la CER. Destacan también la necesidad de formación en esta materia. La mayor parte de los encuestados asegura que las prácticas sostenibles le están ayudando a tratar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En el lugar del mundo con mayores desigualdades, esta afirmación es relevante y una esperanza a la transformación verde.
Marcos jurídicos ambientales latinoamericanos
Ante las leyes y normativas medioambientales asignadas en el país de origen del negocio o en los lugares donde se exporta, el Pacto Mundial de Naciones Unidas recomienda identificar las oportunidades y las amenazas y adaptarse al “cambio de paradigma”.
América Latina es pionera en leyes contra la crisis climática para combatir los efectos que especialmente sufren muchos de estos países. Chile acaba de aprobar la primera Ley Marco de Cambio Climático con medidas ambiciosas, que establece la neutralidad de carbono en 2050 siguiendo los objetivos marcados por el Acuerdo de París. México cuenta también con una ley que promueve la descarbonización. En esta dirección, Perú tiene legislación medioambiental y Colombia cuenta con una ley que establece la reducción de emisiones de CO2 al 51% en 2030. En la otra punta se sitúa Brasil, con la aprobación de la ley de “transición justa”, que extiende el uso del carbón hasta 2040.
Costa Rica está a la vanguardia. Aquí el cuidado del medioambiente no solo es una práctica sino un estilo de vida, con un 6,5% de la biodiversidad existente en todo el mundo. Este país, líder en turismo sostenible, fue el primero en firmar un Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
También, en febrero de 2021, la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) aprobó la primera Ley sobre Cambio Climático y Alimentación para América Latina y El Caribe. Este marco jurídico de referencia para implementar actuaciones y normativas en los diferentes países contiene medidas ambiciosas para la mitigación y adaptación. El objetivo de establecer políticas públicas es “garantizar acciones, instrumentos y estrategias” que limiten el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5°C.
SME Climate Hub
Para conseguir el compromiso climático y caminar hacia las cero emisiones netas, la coalición 'We Mean Business, Exponential Roadmap Initiative', la Cámara de Comercio Internacional y las Naciones Unidas (ICC) se han aliado en la iniciativa SME Climate Hub. Este proyecto da soporte a más de 2.000 pymes de casi 80 países de todos los continentes para adaptar su actividad a la sostenibilidad. Ahora, adquirir compromisos climáticos ambiciosos es más sencillo con estas herramientas de medición de emisiones y reducción de la huella de carbono, guías de actuación y una gran red de networking. La propuesta se enmarca en la iniciativa global Race To Cero, una campaña enmarcada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) que estimula el crecimiento sostenible e inclusivo con la implicación de empresas, inversores, ciudades o universidades.