El reto de América Latina para ganar en sostenibilidad: gestionar mejor sus residuos electrónicos
En América Latina solo el 2,7 % de los residuos electrónicos se reciclan. La mayoría de desechos acaban en vertederos y en la naturaleza, lo que afecta a la sostenibilidad del planeta. Se calcula que la recuperación de estos materiales podría generar 1.700 millones de dólares anuales.
Los más de 3.000 kilómetros cuadrados del salar de Atacama (Chile) esconden una de las mayores reservas de litio del mundo. Del país latinoamericano sale gran parte de este material que forma las baterías de nuestros teléfonos móviles y tantos otros aparatos electrónicos. Extraerlo exige el uso de una enorme cantidad de recursos y, sin embargo, es raramente reutilizado cuando los dispositivos terminan su vida útil.
Lo cierto es que el reciclaje y la reutilización de los residuos electrónicos sigue siendo una excepción en América Latina: se calcula que solo 2,7 % de estos desechos se recoge a través de vías formales y se procesa de forma sostenible. No hay registros de qué sucede con el 97,3 % restante, a pesar de que la gran mayoría de los aparatos contienen recursos valiosos –como plata, cobre, plástico o, de nuevo, litio– que podrían llegar a generar ganancias de hasta 1.700 millones de dólares al año en la región.
Se estima que la mayoría termina en vertederos o en la naturaleza, en donde libera sustancias peligrosas tanto para el medioambiente como para la salud humana.
La huella de América Latina
Entre 2010 y 2019, la generación de aparatos electrónicos aumentó un 49 % en Latinoamérica, una cifra muy cercana a la media mundial. Sin embargo, la tasa de recolección regional se quedó en un 2,7 %, cuando la global alcanzó el 17,4 %.
Así lo refleja el informe Monitoreo regional para los residuos electrónicos, elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. El trabajo se realizó con datos de 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
En estos 13 estados, el consumo de 206 millones de personas generó 1,3 millones de toneladas de residuos solamente en 2019. La mayoría –en forma de teléfonos móviles, televisiones, lámparas, lavadoras y tantos otros dispositivos– ha terminado en los vertederos o afectando directamente en la naturaleza.
Hoy en día la basura electrónica constituye uno de los flujos de residuos físicos que más crecen a nivel mundial y una grave amenaza para el desarrollo sostenible y el medioambiente. Muchos dispositivos contienen aditivos tóxicos o sustancias peligrosas como mercurio, cadmio, retardantes de llama bromados (BFR), clorofluorocarbonos (CFC) o hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
Su gestión inadecuada contribuye también al calentamiento global. En primer lugar, porque se liberan los gases de efecto invernadero que algunos contienen en su interior. En 2019 y de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, este problema estuvo detrás del 0,3 % de las emisiones globales relacionadas con la energía. En segundo lugar, porque al no reciclarse o reutilizarse sus materiales, se fomenta que se extraigan y procesen nuevas materias primas para crear más dispositivos, lo cual genera a su vez emisiones de gases de efecto invernadero.
Legislación, concienciación y buenas prácticas
Se calcula que la recuperación de estos materiales, presentes en los residuos electrónicos, podría generar 1.700 millones de dólares anuales en América Latina. No en vano, solo los desechos de 2019 contenían 7.000 kilos de oro y 310 kilos de metales raros, entre otros.
Una parte de estos materiales son recogidos por recolectores informales. Para que entren en el sistema de recogida oficial, es necesario, sobre todo, mejorar la legislación. De acuerdo con el informe The Global E-waste Monitor 2020 – Quantities, flows, and the circular economy potential, 78 países de todo el mundo estaban cubiertos por una legislación, política o regulación en materia de residuos electrónicos en 2019. Sin embargo, muchos de ellos no contaban con políticas jurídicamente vinculantes ni con el apoyo financiero necesario para garantizar su cumplimiento.
Terminar con la obsolescencia programada y favorecer la reutilización y la reparación de los aparatos son otras de las medidas que pueden poner fin a este problema. A nivel personal también es posible marcar la diferencia. Algunas recomendaciones son alargar la vida útil de los productos electrónicos, llevarlos a puntos de desechado correctos y apoyar iniciativas que fomenten la reparación, el reciclaje o la reutilización.