El derecho a la energía: un camino hacia el acceso a la electricidad

La energía condiciona la vida de las personas. Encender la luz, calentarse, cocinar, la refrigeración para el mantenimiento de los alimentos, ducharse o lavarse y el uso de los electrodomésticos, son servicios indispensables de los que carecen numerosas personas en el mundo por la denominada pobreza energética. Sus horas de descanso se reducen, también su productividad, con costes para la salud. En muchas ocasiones, el pago de las facturas del agua caliente y la luz resulta complicado.

En América Latina y el Caribe, el acceso al agua potable y a la electricidad es un vector de transformación hacia la recuperación sostenible. En este continente 75 millones de personas carecen de combustibles y tecnologías limpias, como indica CEPAL.

Es el mundo a oscuras: un “escondite a ciegas” que, muy lejos de ser un juego, determina el futuro de la infancia y de la juventud que no puede hacer los deberes ni estudiar, pero también la trayectoria laboral en la vida adulta y el cuidado de los mayores.

Falta de energía, desconexión del mundo

“La incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía”: así definen la pobreza energética Bouzarovski y Petrova, autores de ‘A global perspective on domestic energy deprivation’, una publicación que se ha convertido en referencia de esta materia.

Esta situación no elegida que afecta a las personas más vulnerables empeoro con las secuelas que dejó la Covid-19 y la crisis energética, factores a los que hay que sumar los efectos de las crisis climática y económica. Uno de los análisis del servicio de estudios de BBVA muestra cómo la subida de la cesta de la compra, con la inflación y la desaceleración, también la sufren más estas personas.

Democratización de la energía

Para proteger a los consumidores y las familias con menos recursos ECODES, pionera en iniciativas que engloban esta materia, señala que garantizar el derecho a una “energía limpia y asequible para todas las personas” es un bien básico de primera necesidad. La reforma del mercado eléctrico por parte de Europa, siguiendo el ejemplo implementado en Portugal y España para que el gas no determine el precio final, o reducir el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de forma permanente a los consumidores domésticos para cubrir sus necesidades básicas, son algunas de las medidas urgentes que reclaman al Gobierno de España y la Comisión Europea.

Junto a estas prioridades, como señala la directora del área de Energía y Personas de esta Fundación, Cecilia Foronda, recomiendan un fondo público-privado que proteja a las personas que sufren pobreza energética con el pago de los suministros de energía, mejorar la eficiencia energética, el acceso al autoconsumo y la rehabilitación de viviendas: “Es necesario priorizar a las familias en situación de vulnerabilidad destinando fondos específicos para que puedan rehabilitar sus viviendas, acceder al autoconsumo, a electrodomésticos eficientes y calderas con combustibles renovables. Estos fondos deben cubrir el 100 % de los costes, incluyendo tasas e impuestos. Además, las ayudas económicas se deben entregar por adelantado, ya que las familias vulnerables no tienen recursos para hacer frente a las inversiones. Pero, para que la transición energética no deje a nadie atrás, no es suficiente con financiar las instalaciones o los equipos, es crucial destinar recursos económicos. En primer lugar, difusión, para que a las familias les llegue esta información y, en segundo lugar, acompañamiento en el proceso de solicitud de las ayudas, la implementación de las medidas y el posterior uso correcto de la vivienda o los equipos. Lo ideal es que estas labores las lleven oficinas locales próximas a la ciudadanía e impulsadas por agentes sociales en los que las familias confíen”.

Para ahorrar en las facturas de energía, mejorar el confort de los hogares y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), desde la Fundación crearon el programa Ni Un Hogar Sin Energía en 2013. Desde entonces,  familias de toda España se han beneficiado de esta iniciativa: “Hemos logrado ahorros medios en las facturas de un 24 % desde que comenzó el programa. Esto supone 177 € menos al año, así como una mejora del confort de sus viviendas. El programa ofrece información, diagnóstico y asesoramiento personalizado para entender y reducir el gasto de suministros energéticos, aprender hábitos de consumo responsable de la energía e implementar medidas de eficiencia energética, rehabilitaciones en sus hogares o instalación de energías renovables, facilitando el acceso a ayudas o programas para financiarlas. La transmisión de la información a la población y, especialmente, a las personas vulnerables, se realiza a través de diferentes herramientas y canales: puntos de asesoramiento energético, visita a hogares, web, herramientas ‘online’ de gestión de la energía, talleres, folletos y carteles y programas de voluntariado corporativo y ciudadano”.

Otra de las campañas para ayudar a las personas más vulnerables, en este caso de donación, es Lafacturapositivadelaluz, de Médicos del Mundo donde denuncian que “la falta de luz perjudica a la salud”.

Es la pobreza energética, donde cada grado cuenta. Para asegurar una transición ecológica justa, los colectivos más vulnerables se han unido a través de la Fundación 1 de Mayo. Entre las recomendaciones que demandan a políticos y administración incluyen “un consumo mínimo vital” y “la concesión del bono eléctrico social de manera automática por criterios de renta, junto con el IVA superreducido permanente para la electricidad (4%)”. Todas estas medidas ayudarían a cubrir las necesidades básicas de los 6 millones de hogares en España que, según señala un informe de Cáritas, no ingresan lo suficiente para vivienda, energía, educación y alimentos.

Estos datos han aumentado, como afirma la Cátedra de Energía y Pobreza Energética de la Universidad Pontifica Comillas, desde donde puntualizan que cuatro millones y medio de personas no pagaron sus facturas energéticas en fecha. Para Efraim Centeno, su director: “Luchar contra la pobreza energética requiere combinar adecuadamente acciones específicas, que pueden ser paliativas -como los bonos social o térmico u otras ayudas económicas al consumo o el suministro mínimo vital- o estructurales, dirigidas a atacar la raíz del problema. Esto incluye mejoras en la eficiencia energética de los hogares vulnerables. Estas acciones deben estar integradas en todo el proceso de transición energética, que debe ser concebida e implantada considerando la dimensión de justicia como un elemento principal”.

Políticas para garantizar el acceso a energía

Las políticas públicas son una importante palanca para garantizar el acceso a la energía. Un ejemplo es Chile. El norte de este país se ha convertido en la zona con mayor incidencia solar del mundo. Con la primera planta termosolar de América Latina, el objetivo del Gobierno de generar más del 20 % de energía renovable para 2025, lo superó en 2022 con más del 30 %. Por primera vez, una ley en Chile incluyó el término pobreza energética para diseñar políticas y favorecer en las facturas a los más vulnerables. Para impulsarlo, el Ministerio de Energía publicó el documento ‘Acceso equitativo a la energía sostenible’. En Brasil y México los gobiernos también lo han incluido en el debate. En el país azteca, se estima que “aún hay 28 millones de personas, sobre todo en comunidades rurales, que solo tienen acceso a leña para calentar su hogar, con los problemas que pueden derivar para su salud y seguridad”. Así lo afirma Omar Masera Cerutti, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM.