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Así son las inversiones con criterios ESG

El origen del acrónimo ESG (Environmental, Social y Governance, por sus siglas en inglés) se remonta a varias décadas atrás. No obstante, ha sido en los últimos años cuando ha adquirido una relevancia creciente dentro del ámbito financiero. En la actualidad, los criterios ESG son claves para accionistas e inversores a la hora de invertir y se han convertido en uno de los principales ámbitos de desarrollo de la nueva regulación financiera.

En concreto, la E de Environmental (medioambiente) engloba el efecto que la actividad de las empresas tiene en el medioambiente, ya sea de manera directa o indirecta; la S de Social incluye el impacto que una empresa o institución tiene en su entorno social; y la G de Governance alude al gobierno corporativo. Se espera que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2024.

Las inversiones con estos criterios ESG se mantienen constantes pese a la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania y su impacto en los mercados financieros. Esto consolida una tendencia tras la crisis generada por la COVID-19, que ha provocado también un avance en la regulación en este ámbito.

Qué es el mercado de inversiones con criterios ESG

Estos criterios ESG interesan cada vez más a los inversores cuando eligen sus carteras. Su origen teórico está en la Inversión Socialmente Responsable (ISR) y está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. “Es un mercado en evolución”, explica Fernando Gómez-Bezares, catedrático de finanzas en Deusto Business School. “El interés ha aumentado con la creciente preocupación de la sociedad acerca de estos temas”.

En la práctica, estos criterios hacen que una empresa sea sostenible por su compromiso ambiental, social y de buen gobierno, mientras logra sus objetivos financieros.

Los criterios ambientales aluden a las actividades empresariales que impactan positivamente en el entorno natural, como reducir la contaminación, aunque también las hay que protegen la biodiversidad y no solo mitigan los efectos negativos del negocio.

Entre los criterios sociales están las acciones que respetan los derechos humanos y laborales, incorporando aspectos como la diversidad y la inclusión en el seno de la empresa, o la relación con las comunidades en las que se trabaja, como los grupos indígenas.

Por último, los criterios de buen gobierno se refieren a la cultura corporativa, vinculándose a la compensación de directivos, a la transparencia interna o a las prácticas éticas.

Evolución del mercado de inversiones con criterios ESG

El mercado de inversiones ESG ha crecido, impulsado principalmente por el marco de la legislación europea orientado a la sostenibilidad, sobre todo, medioambiental. A nivel mundial, el último informe de la Global Sustainable Investment Alliance cifra los activos gestionados con criterios sostenibles en 35 billones de dólares en 2020, lo que representa el 35,3% de todos los activos gestionados. Mientras que el ‘Estudio Anual Spainsif (Foro de Inversiones Sostenibles de España) señala que estas inversiones alcanzan los 379.618 millones de euros gestionados en España durante 2021, con un peso del 51% sobre el total.

Aunque las inversiones ESG crecieron respecto a 2020 en España, su peso sobre el total supone un descenso respecto a ese año. Según SpainSif, esto se debe al menor crecimiento de los activos ESG gestionados por entidades nacionales sobre el total, mientras que el aumento de los que gestionan firmas internacionales fue similar al incremento total de activos.

Francisco Javier Garayoa Arruti, director de Spainsif, explica que “una posible causa, no la única, podría ser la concentración de la demanda ESG sobre productos con un track record más largo en el tiempo, sobre todo de gestoras internacionales con experiencia en mercados globales”. Por su parte, el catedrático Gómez-Bezares explica que el descenso puede deberse a los cambios legislativos, cuyas nuevas exigencias sobre criterios ESG excluye a gestoras que antes sí se tenían en cuenta.

Importancia de las inversiones con criterios ESG

Aunque solo una de cada cuatro personas invierte con criterios socialmente responsables; a diferencia, por ejemplo, de las tres de cada cuatro personas que sí reciclan, el mercado de las inversiones está cambiando y la demanda de estos productos será aún mayor en el futuro. De hecho, las encuestas señalan que dos de cada cuatro inversores que actualmente no invierten con criterios ESG, tienen planes de hacerlo en los próximos tres años.

Además, la encuesta de Georgeson entre los 30 mayores inversores institucionales del mundo, señala que el 90% de ellos ve con buenos ojos vincular las métricas ESG a las remuneraciones de los consejeros ejecutivos, y el 85% sugieren que este tipo de métricas deberían suponer entre el 10% y el 20% de la retribución total. No obstante, los inversores insisten en que estas métricas deben ser materiales, medibles y transparentes.

“La regulación es necesaria para establecer que una empresa o fondo es sostenible”, comenta Fernando Gómez-Bezares, “pero es igualmente importante estandarizar las métricas por las que se rige la verificación del estado de información no financiera o de sostenibilidad de las empresas, ya que todo el modelo se basa en que esta información suministrada tenga garantías”.

Precisamente, la estandarización de índices de medición y gestión de esos factores con el objetivo de repercutir en la capacidad de una empresa para recibir inversión, así como de mantener su reputación y sostenibilidad, es uno de los principales retos a los que se enfrenta este mercado, según el “Estudio del ecosistema de Inversión de Impacto en España desde la visión del Capital Privado”, de SpainCap, que confirma que el 100% de las gestoras entrevistadas integran los criterios ESG en su proceso de inversión y el 89% auditan y verifican sus métricas de impacto.

Opciones de inversión con criterios ESG (aumento del abanico)

El estudio de SpainCap, además, subraya las diferencias entre los criterios ESG y la inversión de impacto. Esta última es una de las estrategias de inversión ESG, como lo son la exclusión simple, la exclusión con base en normas o la inversión temática; todas compatibles entre sí. La inversión de impacto es una estrategia novedosa porque pone el foco en las actividades y operaciones dentro de la compañía y en el servicio o producto, a nivel externo. Un ejemplo de este tipo es la inversión en bancos de microfinanzas, que dan créditos pequeños a personas con pocos ahorros.

Esta estrategia aporta un aspecto resaltado por Garayoa: el enfoque de ‘doble materialidad’, que no solo tiene una repercusión material en las cuentas de la empresa sino también un impacto visible y medible en la sociedad.

Entre la tipología de activos en los que se invierte con criterios ESG, según el ‘Estudio Anual Spainsif 2022’, destacan los de renta mixta y variable. BBVA Asset Management, por ejemplo, cuenta con una gama de fondos de renta variable denominada Desarrollo Sostenible (de renta variable de los EEUU, Europea y Global) cuyo objetivo es el de tener, entre otras características sostenibles, una intensidad de carbono inferior a la de sus respectivos índices de referencia de al menos un 30% aunque los resultados obtenidos en los últimos meses sitúan dicha reducción más próxima al 50%.

Asimismo, gestiona el fondo de renta variable BBVA Megatendencia Planeta Tierra, art.9 SFDR, enfocado a la gestión de temáticas tales como la gestión de recursos naturales, agricultura 2.0, transición energética y economía circular.

Por último, la gestora de BBVA trabaja en incorporar de manera estructural en los mandatos de los clientes institucionales estrategias de transición climática que marquen una trayectoria de descarbonización acorde con los acuerdos de París, que permitan canalizar las inversiones de dichas carteras de una manera más eficaz hacia las mismas.

'Podcast': Gestoras de activos comprometidas con la descarbonización del planeta

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La agenda regulatoria en Europa avanza a buen ritmo

En relación a la taxonomía europea, se acaba de cerrar la consulta de la Comisión Europea sobre los cuatro objetivos medioambientales pendientes: prevención y control de la contaminación; transición hacia una economía circular; protección de los recursos hídricos y marinos; y protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Es importante destacar “los  importantes avances en relación a la divulgación en materia de sostenibilidad”, destaca Silvia Irazoqui, del equipo de Regulación de BBVA. La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) ha entrado en vigor a comienzos de 2023 y amplía de forma significativa el número de empresas obligadas a reportar información en esta materia. Por otro lado, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ISSB, creado en el marco de la COP 26, en noviembre de 2021 y que aspira a crear un estándar global que sirva de base para el desarrollo de estándares en otras jurisdicciones, continúa su trabajo con el EFRAG, órgano consultivo de la Comisión, entre otros organismos, para asegurar la interoperabilidad entre los diferentes estándares de reporte.

La integración de los conceptos ESG en la regulación prudencial continúa. En el marco de las negociaciones legislativas del paquete bancario de Basilea III, la propuesta de la Comisión adelantó a 2023 el mandato a la Autoridad Bancaria Europea de publicar un informe sobre el tratamiento prudencial de los riesgos ESG y este ha sido el primer año en que las entidades financieras han comenzado a publicar bajo el llamado Pilar 3, información de estos riesgos, que se actualizará con carácter semestral.

Por último, pero no menos importante, estamos pendientes del voto en el Parlamento Europeo de la propuesta de Directiva de Diligencia Debida, que tiene por objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible a lo largo de la cadena de valor de las empresas, mediante la identificación, prevención, mitigación y remediación de los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos y en el medioambiente. Tras el voto en el parlamento, comenzarán los trílogos y se espera que el texto quede aprobado antes de final de año, bajo la presidencia española del Consejo Europeo.