Qué hay que hacer para cobrar una pensión de jubilación española en Argentina

Según datos del padrón municipal correspondientes a 2022, en España residen 89.472 argentinos. Tienen presencia en todas las provincias españolas, aunque muy especialmente en Barcelona (18.892), Madrid (11.809), Baleares (8.420), Málaga (7.594) y Alicante (6.150).

Por supuesto, un alto porcentaje de estos residentes censados trabajan o han trabajado en España. Y una parte de ellos ha alcanzado o está a punto de alcanzar la edad de jubilación ordinaria, que está fijada en 66 años y dos meses, y acumulado el mínimo de 15 años de cotización a la Seguridad Social que da derecho a una pensión contributiva española.

Para estos últimos, resulta un motivo de consulta muy frecuente qué trámites hay que realizar para no perder ese derecho en caso de que decidan volver a su país de origen en cuanto concluyan su vida laboral en España. La respuesta es que, tal y como explican desde el Instituto BBVA de Pensiones, se trata de una opción no solo factible, sino relativamente sencilla de tramitar.

Esto resulta posible porque la República Argentina es uno de los países con los que España tiene un convenio de Seguridad Social en vigor. En concreto, el suscrito en Madrid el 28 de 1997 y ratificado en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1997.

Cómo solicitarla

En virtud de ese convenio, España reconoce el derecho a pensión contributiva generado en su territorio por trabajadores argentinos y Argentina hace lo propio con los trabajadores españoles. Es más, ambos países reconocen el derecho a cobrar pensión “en uno o en ambos países si se han generado derecho en ambos, en función de requisitos propios de cada país”. También  permiten , según el Instituto BBVA de Pensiones, “totalizar pensiones”, es decir, sumar los periodos cotizados en Argentina y España “en caso de que no se cumplan por separado los requisitos de acceso a una pensión de jubilación contributiva”.

En lo que a las pensiones españolas atañe, si el trabajador ha alcanzado la  edad de retiro prevista, pero ha cotizado menos de 15 años, puede sumar el periodo trabajado en Argentina hasta completar esa cantidad mínima. En este último supuesto, a la hora de establecer la cuantía de la pensión a percibir, la Seguridad Social española asume el porcentaje de años cotizados en España y la Seguridad Social argentina asume el resto.

El trámite de solicitud de la prestación se realiza siempre en el país en que reside el ciudadano interesado, pero es el país donde se ha generado el derecho el que lo reconoce según sus normas (añadiendo la totalización si procede) y paga la pensión. En definitiva, un argentino que solicite una pensión contributiva española puede hacerlo tanto en España como en Argentina o incluso en un tercer país.

Realizada la solicitud, la administración española procede de la siguiente manera:

• Comprueba, en primer lugar, si el solicitante cumple con los requisitos para acceder a la pensión, teniendo en cuenta solo el periodo cotizado en España.
• A continuación, se suma lo cotizado en Argentina y se calcula el porcentaje de esa pensión conjunta que corresponde pagar a España.
• Comparados ambos cálculos, como explica Mier, “se reconoce y abona la prestación que sea más favorable al interesado”, ya sea la íntegramente española o la conjunta resultado de la totalización.

Cómo trasladar su cobro

Una vez otorgada la pensión, el beneficiario puede, por supuesto, cambiar su lugar de residencia cuando lo considere oportuno, y no por ello va a perder un derecho adquirido. Si decide volver a Argentina, todo lo que debe hacer para seguir percibiendo su pensión es notificar a la Seguridad Social española su nueva dirección física y, si procede, la nueva cuenta bancaria en la que quiere domiciliar el cobro. Puede hacerse de manera presencial, por teléfono o a través de la Sede Electrónica del organismo.

Una vez reconocida la nueva situación del receptor de la pensión, la Seguridad Social le solicitará que presente un certificado o fe de vida durante el primer trimestre de cada año. Este documento, que sirve, sencillamente, para acreditar que una persona está viva, puede conseguirse tanto en Registro Civil como en las dependencias de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la República Argentina.

Posibles inconvenientes y obstáculos

Un detalle importante a tener en cuenta es que el traslado del cobro a una cuenta corriente extranjera puede implicar considerables pérdidas para el receptor, ya que se realizará una conversión de divisas, del euro al peso argentino, y la mayoría de entidades bancarias aplican tipos de cambio que suponen, en la práctica, el pago de comisiones ocultas. Estos costes adicionales pueden reducirse en algunos casos recurriendo a servicios financieros especializados que aplican tarifas de cambio real, añadiendo, por lo general, una pequeña comisión por conversiones.

El Instituto BBVA de Pensiones valora que “un particular con cierta capacidad de acceso a la información podría sin mucha dificultad realizar estos trámites tanto en España como en Argentina, informándose en las respectivas páginas web y con los servicios de atención al ciudadano de la Seguridad Social de ambos países, ya sean electrónicos, telefónicos o presenciales”. Si para algunas personas, por razones de edad o de cualquier otra índole, no resulta del todo intuitivo, sencillo o cómodo realizar trámites con las administraciones públicas, se recomienda “recurrir a un gestor o asesor que pueda aportar certeza y tranquilidad en el inicio de un trámite y su seguimiento posterior”.

Los potenciales problemas pueden tener que ver con que se detecten indicios de fraude: la Seguridad Social presta especial atención a casos en particulares en que se solicita la pensión en España, pero se sigue trabajando en Argentina, algo que la ley española solo permite si el interesado se acoge a las fórmulas reconocidas de jubilación parcial, activa o flexible. También es la persecución activa del fraude el motivo por el que se solicitan fes de vida.

Otros posibles obstáculos son la falta de parte de la documentación requerida o posibles retrasos en la gestión del reconocimiento, algo que, según especifica el Instituto BBVA de Pensiones, “resulta muy infrecuente salvo casos coyunturales de fuerza mayor, como los que se produjeron al inicio de la pandemia”. En respuesta a la inquietud de muchos ciudadanos es perfectamente posible y legal residir en un país y cobrar la pensión del otro.