Más allá del ahorro: las claves de la reforma de pensiones en Perú

En la búsqueda constante por asegurar la estabilidad financiera de sus ciudadanos, Perú emprendió un ambicioso viaje de transformación: la reforma de su sistema de pensiones. Respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta iniciativa no solo aborda desafíos estructurales, sino que también apunta a redefinir la manera en que los peruanos conciben y planifican su retiro, prometiendo un futuro más sólido y seguro.

El sistema de pensiones del país enfrenta desafíos fundamentales, desde una baja cobertura hasta la coexistencia de dos sistemas diferentes: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). La informalidad laboral también genera una brecha significativa en la efectividad del sistema, con un 53,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), según datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y apenas el 30% de estos ciudadanos que están contribuyendo efectivamente para su futura pensión, mientras que el 57% de los mayores de 65 años no dispone de esta asignación, según, Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, en declaraciones recientes. 

“Los sistemas de pensiones en Perú están desarticulados, con muchos subsistemas en su interior, bajas pensiones y con beneficios diferenciados entre los subsistemas (en el público hay pensión mínima, en el privado no, por ejemplo). Esto tiene que ver con la debilidad institucional del país y con un mercado laboral altamente informal y precario”, opina Carolina Trivelli, economista por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consultora e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El Nuevo Sistema Previsional Peruano pretende establecer una pensión mínima de 600 soles, tanto para los afiliados al sistema público (ONP) como los del privado (AFP). La propuesta que el poder Ejecutivo envió al Congreso de la República incorpora nuevos competidores como administradores potenciales de pensiones, entre ellos, bancos, cajas municipales, cajas rurales, empresas de seguros y bancos de inversión, con el objetivo de reducir las comisiones para hacer más atractivo el aporte. Contreras considera a esta propuesta como “sostenible fiscalmente”, puesto que solamente “en el primer año de implementación va a favorecer a 899.000 ciudadanos”. El ministro estima que en cinco años de implementación se beneficiarán 2.4 millones de personas y cinco millones en el doble de tiempo.

El proyecto de ley incorpora nuevos competidores como administradores potenciales de pensiones, entre ellos, bancos, cajas municipales, cajas rurales; asimismo, empresas de seguros y bancos de inversión, con el objetivo de reducir las comisiones. ¿En qué beneficia esto? “Tiene como objetivo una mayor competencia, la reducción de las comisiones y mejorar la eficiencia en el rendimiento de los fondos de pensiones”, apunta Jorge Gallo, profesor del Área de Finanzas de la Universidad de Piura. El 75% de los trabajadores es informal, según el INEI, y el 82% de los independientes no se encuentran afiliados a ningún sistema de pensiones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La propuesta del nuevo Sistema Previsional Peruano se basa en cuatro pilares: el Contributivo, Semicontributivo, No contributivo y el Voluntario, según detalla el proyecto presentado por el Ejecutivo.

• Contributivo: Propone la afiliación automática a los 18 años y que los trabajadores independientes puedan aportar a sus fondos de pensiones. También habilita que las Empresas del Sistema Financiero administren fondos de pensiones como parte del Sistema Previsional Peruano. Asimismo, se habilita que las Empresas del Sistema Financiero administren fondos de pensiones como parte del Sistema Previsional Peruano.

• Semicontributivo: Está enfocada a paliar el problema de muchos pensionistas que no reciben una asignación suficiente para atender sus necesidades. El Estado busca garantizar el acceso a una pensión mínima o proporcional especial para los afiliados al Sistema (público y privado), en atención a requisitos específicos.

• No contributivo: pretende asegurar la cobertura asistencial de las personas mayores de 65 años en condición de pobreza extrema y, de forma progresiva, de los mayores de 75 en una situación similar. También abarca a las personas con discapacidad severa con problemas de escasez.

• Voluntario: Tiene como objetivo flexibilizar y diversificar las opciones de aporte que los afiliados tienen a su disposición. Los afiliados podrán aportar con fin previsional y, adicionalmente, el Estado como un mecanismo de incentivo al ahorro puede asignar un monto equivalente al aporte voluntario.

Perú cuenta con dos sistemas de pensiones: uno público, el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) —administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)— y el Sistema Privado de Pensiones (SPP) —gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Por tanto, existen distintas entidades que los diseñan, regulan y fiscalizan, lo cual “hace difícil la coordinación e integración de agentes que tienen un mismo propósito”, según Gallo, que por este motivo apunta que ambos sistemas tienen desempeños distintos para sus aportantes, lo que se refleja, por ejemplo, en las pensiones otorgadas.

El Ejecutivo también plantea prohibir más retiros de AFP, mientras que el Parlamento insiste en presentar proyectos para validarlos. “Seguir permitiéndolo en casos de personas que tienen un trabajo es solo sacrificar pensiones por consumo presente”, opina Trivelli. “Un importante número de afiliados tiene actualmente un fondo de pensiones tan pequeño que, llegado el momento de la jubilación, no le permitiría siquiera tener una pensión equivalente al sueldo mínimo (1025 soles). Por ello, piensan que es mejor retirar ese dinero hoy y pagar deudas o realizar pequeñas inversiones”, añade Gallo.