Rafael Doménech: “El reto es facilitar la creación de empleo de calidad y productivo”

Pregunta: El informe detalla que un aumento de los impuestos que pretenda aumentar ex-ante de la recaudación un 0,1 por ciento del PIB, da lugar a una disminución a largo plazo del 0,09 por ciento del PIB, a un aumento de 10 puntos básicos (pb) de los tipos de interés de los créditos, y a una reducción del volumen de crédito, depósitos y capital bancario. ¿Esto realmente qué significa? ¿Cómo se llega a estas cifras?

Respuesta: En el estudio se realiza un análisis coste-beneficio del aumento de impuestos sobre la actividad bancaria, con el que se trata de poner cifras encima de la mesa para tener un debate informado. Para ello utilizamos un modelo macroeconómico que tiene en cuenta la interacción a lo largo del tiempo entre hogares, trabajadores, empresas, sector público, sector financiero y sector exterior, mediante una descripción bastante detallada de las decisiones económicas de los agentes y el funcionamiento de los distintos mercados. Al describir muy bien la economía española, nos permite simular los efectos de medidas fiscales como un aumento de los impuestos al sector bancario. Los resultados de estas simulaciones indican que, para alcanzar el punto de equilibrio donde la rentabilidad neta de impuestos en la banca sea igual a la del resto de la economía, los bancos reducen su capital y sus balances, y encarecen el crédito. Los impuestos disminuyen el tamaño del sector bancario y dan lugar a una disminución del PIB, consumo, inversión, productividad y salarios. Como consecuencia de estos efectos negativos, el aumento final de los ingresos públicos es de una magnitud inferior a la deseada ex-ante cuando se diseñan estos impuestos.

P: ¿Cuándo se empezarían a notar los efectos negativos sobre el PIB? ¿Y sobre el consumo?

R: A muy corto plazo el PIB aumentaría como consecuencia del mayor gasto público y del incremento de la demanda agregada, pero a partir del segundo trimestre de su implantación los efectos negativos empezarían a dominar, a medida que empieza a aumentar el coste de financiación. Al cabo de un año los tipos de interés habrían incorporado casi totalmente el efecto de los impuestos. En el caso del consumo privado, los efectos positivos tardarían más en desaparecer, entre tres y cuatro años, pero el efecto a largo plazo sería igualmente negativo para el conjunto de la economía. Solo aquellos hogares más dependientes de las transferencias sociales verían aumentado su consumo, pero sin compensar la disminución del resto.

P: ¿Se puede cuantificar la contracción del crédito?

R: Los efectos negativos empezarían a ser muy inmediatos, y mayores para los hogares que para las empresas. A largo plazo, el crédito a los hogares disminuiría en algo más de un 1%.

P: A la hora de introducir los supuestos en el modelo de simulación utilizado se ha considerado que la medida fiscal sería permanente. ¿Tendría otro efecto si el aumento fuera temporal? ¿Cómo afectaría a la economía española de implantarse y ser retirada en un corto plazo de tiempo?

R: En el ejercicio de simulación consideramos que el aumento de los impuestos es permanente y que los ingresos públicos que se obtienen con estos impuestos se distribuyen entre la sociedad mediante mayores transferencias sociales. En términos del PIB, los resultados indican que los beneficios de una mayor demanda agregada, gracias a las mayores transferencias sociales, no compensan los costes que provocan los efectos distorsionadores del impuesto. Lógicamente, si la medida fuera transitoria en lugar de permanente, tanto los costes como las transferencias sociales serían menores pero, en cualquier caso, el efecto neto seguiría siendo negativo.

P: ¿Cómo afectaría a los tipos de interés de los créditos?

R: A muy corto plazo la competencia entre bancos haría que los tipos de interés se vieran poco afectados, pero al cabo de un año la menor rentabilidad del capital neta de impuestos presionaría significativamente al alza los tipos de interés de los créditos. En concreto, un aumento de los impuestos que trata ex-ante de obtener ingresos públicos equivalentes a una décima del PIB termina aumentando los tipos de interés en 10 puntos básicos. De la misma manera que los tipos de interés de los créditos responden a los cambios en los tipos de intervención del BCE, sin que sean absorbidos por los márgenes bancarios a largo plazo, también responden a los impuestos que recaen sobre la actividad bancaria, independientemente de que lo hagan sobre los beneficios, los depósitos o el crédito. Al final estos impuestos tienen un coste directo para los accionistas de los bancos y sus clientes, y un coste indirecto sobre el conjunto de la sociedad por la menor actividad económica y el mayor coste de financiación.

A muy corto plazo la competencia entre bancos haría que los tipos de interés se vieran poco afectados

P: En el observatorio se menciona la subida de impuestos que se produjo en el sistema bancario alemán en 2011. ¿Qué lecciones pueden extraerse de ese caso?

R: El impuesto bancario que se introdujo en Alemania en 2011 grava los pasivos bancarios menos el capital bancario y los depósitos minoristas, con el objetivo de constituir un fondo para reestructuraciones de bancos, con un tamaño de 70 mil millones de euros. Este impuesto representaba en 2011 el 2,2% de los beneficios antes de impuestos del conjunto del sistema bancario. Los estudios que han evaluado la introducción del impuesto encuentran que los bancos respondieron con un menor crecimiento del nivel de préstamos y con mayores tipos de interés, desplazando las fuentes de financiación hacia los depósitos minoristas. Es un buen ejemplo de la evidencia empírica disponible para otros países y de que los impuestos terminan aumentando los tipos de interés y reduciendo el volumen de crédito.

P: Si la propuesta de financiar pensiones con impuestos a la banca termina generando efectos negativos sobre la economía, ¿cuál sería la solución más eficiente para mejorar las pensiones?

R: Efectivamente, un impuesto sobre la actividad bancaria tiene efectos negativos sobre la inversión y la actividad económica, lo que repercute a largo plazo sobre la productividad, los salarios y los ingresos por cotizaciones sociales. Además, los impuestos finalistas sobre sectores o actividades concretas sólo tienen sentido cuando existen externalidades negativas, como por ejemplo los medioambientales, porque se quiere encarecer su coste y reducir su uso. Este no es el caso de la banca. El sistema de pensiones necesita otro tipo de medidas mucho más efectivas, en línea con las que han llevado a cabo otros países que son referentes del Estado de bienestar. Hay que aumentar progresivamente la edad efectiva de jubilación y la contributividad del sistema. Un sistema de reparto basado en cuentas nocionales e individuales es el camino. Al mejorar la contributividad y transparencia, este sistema elimina incertidumbres y ayuda a percibir las cotizaciones sociales como un ahorro y no como un impuesto, incentiva el crecimiento del empleo y de la productividad, y la prolongación de la vida laboral.

P: ¿Qué margen tienen entonces las autoridades fiscales para mejorar los ingresos públicos?

R: En democracia los representantes políticos tienen que identificar las preferencias sociales, también en materia fiscal, y tomar las decisiones políticas. Los estudios técnicos como éste tratan de contribuir a que el debate en la sociedad a la hora de elegir entre distintas alternativas fiscales sea lo más informado posible. No hay menús gratis. Con los cambios en los impuestos hay que ser muy cuidadosos. Tan imprudentes pueden ser las subidas de impuestos, si disminuyen el crecimiento y la creación de empleo, como las bajadas, si afectan a la sostenibilidad del Estado de bienestar y a la equidad. El reto es que el sistema fiscal contribuya simultáneamente al crecimiento, al empleo, a la equidad y al bienestar social. Dado el amplio margen de mejora existente en España, la mejor manera de incrementar los ingresos públicos es aumentando las bases fiscales de los impuestos mediante la reducción de la tasa de paro y de la temporalidad, y el aumento de la tasa de empleo y la productividad.

P: Con frecuencia se argumenta que la presión fiscal en España es del 38% del PIB, 8 puntos por debajo de las economías europeas más avanzadas. ¿Cómo se debe converger a esos niveles?

R: Tan importante como el nivel en sí mismo de presión fiscal es cómo se alcanza. Se puede hacer gradual y paulatinamente, de manera virtuosa como lo han hecho algunos países durante décadas, mejorando primero la eficiencia del sector público, evaluando las políticas y servicios públicos, aumentando la transparencia de su coste para contribuyentes y beneficiarios, y modernizando el Estado de bienestar. Solo así la sociedad valorará los servicios que recibe del sector público y, llegado el caso, estará dispuesta a pagar más por ellos. Si no se da prioridad a estos criterios se corre el riesgo de alcanzar una presión fiscal por encima del 46% del PIB, como en Italia o Grecia, pero con un nivel de eficiencia del sector público inferior al de España. Además, la transparencia en este debate exige no prometer falsas esperanzas de que es posible aumentar la presión fiscal sin que afecte a la clase media. Tenemos que tener en cuenta que con respecto a los países europeos más avanzados, la fiscalidad de España solo es inferior en los tipos efectos sobre el consumo y las rentas del trabajo, excluidas las cotizaciones sociales. Los impuestos deben recaer sobre amplias bases fiscales, con potencia recaudatoria y generando los menores efectos distorsionadores sobre el empleo, la innovación, la inversión, la productividad y el crecimiento.