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Economía Act. 30 ene 2018

Procuran agilizar la operatoria bancaria en Argentina

El mega decreto del poder ejecutivo, que provocó un fuerte impacto no solo en la economía sino también en el terreno socio político, apunta a la “simplificación y desburocratización” en la operatoria del sistema financiero argentino.

El extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 27/2018 incluye, entre otros aspectos generales, modificaciones sustanciales en el área financiera que tienen tres ejes: el trámite a distancia con la firma digital; la posibilidad de embargar la cuenta sueldo, y la eliminación de topes de tasas en la garantía de los depósitos bancarios.

En rigor, son esas las cuestiones fundamentales que atañen al ámbito bancario, emergentes de algunos de los capítulos del mega decreto ya publicado en la segunda semana de enero y que consta de 192 artículos divididos en 22 capítulos que, tal como lo señalaron los voceros del Gobierno, permiten un recorte de $100.000 millones para el próximo bienio.

Uno de los puntos salientes, entre muchos, relacionado con el sistema financiero fue la modificación de un párrafo que impedía embargar las cuentas sueldo. Una vez reglamentada la norma, se podrán embargar pero con una limitación: sólo cualquier excedente de dinero por encima de tres veces el salario promedio de su titular.

De acuerdo con lo consignado por el Banco Central, esta medida elimina ambigüedades de la normativa previa y expone a los bancos a un menor riesgo crediticio, lo que debería resultar en mayor acceso al crédito. Además, según el órgano contralor, permitiría ofrecer montos mayores y tasas menores para sus clientes.

Se mejoran las condiciones de acceso al crédito para los titulares de cuentas sueldo"

En el tema del embargo del sueldo, se establece precisamente que no podrá afectarse de las cuentas sueldo el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses. De esa manera, la normativa procura aumentar la calidad crediticia para aproximadamente nueve millones de titulares de cuentas sueldo y, por lo tanto, “se mejoran sus condiciones de acceso al crédito", según lo señala el comunicado que al respecto difundió el Banco Central.

Otro eje de las modificaciones en el sistema financiero es regular la posibilidad de hacer operaciones bancarias a distancia. Esto podría hacerse desde cheques electrónicos a contrato de tarjetas sin tener que ir a la sucursal bancaria.

Además de habilitar la liberación para casas de cambio, autoriza nuevas formas de financiamiento UVA y avanza en la eliminación topes de tasa para la garantía de depósitos bancarios, que fue complementada por Hacienda.

Lo hizo a través de una medida que alcanza a las colocaciones en pesos o en moneda extranjera hasta el equivalente a $450.000, bajo la forma de cuenta corriente, caja de ahorros, plazos fijos, cuentas sueldo e inversiones a plazo, entre otras.

En cuanto a la firma digital, se determinará que los expedientes digitales tendrán la misma validez que un expediente en papel en todo el país y en todos los niveles administrativos, lo que fue trabajado con el Ministerio de Modernización.

Extender el uso de la firma electrónica

En el decreto se define la necesidad de ampliar el alcance de la Ley N° 25.506  para extender el uso del documento electrónico, la firma electrónica y la digital a la totalidad de actos jurídicos y administrativos, actualizando su contenido en función de los avances tecnológicos y la experiencia de implementación de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina.

Se señala que todos los documentos firmados digitalmente en el Sistema Electrónico de Gestión Documental tendrán carácter de original, van a ser considerados originales y tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte de papel.

Agrega que la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), permite dar certeza del origen, de la firma, de la integridad y de la autoría del documento, por lo que goza de pleno valor probatorio.

Se involucra en forma directa con los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía y a dos organismos descentralizados (la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Anses) y el Banco Central de la República Argentina.