Prioridades de la Autoridad Bancaria Europea para 2023: promover la transparencia y la protección del consumidor
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) aborda el 2023 con el compromiso de seguir promocionando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y con la misión de afrontar nuevos retos en relación con los criterios de Basilea III, así como en gestión de datos y finanzas digitales.
El último informe anual de la EBA subraya su compromiso con los criterios ESG ('environmental, social and governance'), manteniendo en 2023 la hoja de ruta seguida hasta la fecha. Para ello, realizará un estudio con sugerencias ambientales, sociales y de gobernanza al marco prudencial, que incluye los balances bancarios, ya que hasta hoy se centraba más en sus efectos en la inversión o en la distribución de productos financieros. La autoridad regulatoria también creará nuevas directrices sobre riesgos ESG para entidades, y un sistema de evaluación de tales riesgos y para supervisar la evolución de las finanzas sostenibles con datos de grandes entidades de crédito, incorporando más riesgos ambientales y aspectos sociales y de gobernanza.
La EBA tiene en cuenta estos factores en las pruebas de resistencia con las que analiza vulnerabilidades sistémicas o idiosincrásicas del sector ante escenarios de riesgo y sus efectos sobre la liquidez, la solvencia bancaria y otros aspectos financieros. “En este ámbito, esta es la medida clave, ya que los 'stress test' amplían el abanico de factores ESG y los horizontes de estrés anteriores, y porque estas pruebas afectan a una decena de bancos más que el año pasado, con implicaciones cruciales para sus departamentos de gestión de riesgo”, explica Josep Soler, presidente del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Financieros (IEF).
La EBA se propone reforzar, asimismo, el marco contra el 'greenwashing' o lavado ecológico. “En nuestra opinión, habría sido mejor que la definición de 'greenwashing' incorporara criterios como intencionalidad, negligencia o daño para que una actividad pueda ser considerada como tal”, comenta al respecto Ana Rubio González, directora de Regulación Financiera en BBVA.
El “paquete bancario” y la gestión de datos
Ana Rubio destaca como pieza regulatoria fundamental de la normativa de capital europea el denominado “paquete bancario”, cuya reforma actual finalizará la revisión del marco que se inició tras la crisis financiera global. Este paquete lo integran los también llamados criterios de Basilea III, cuya revisión en Europa en 2023 implica cambios en los riesgos de crédito y operacional, riesgos de ajuste de valoración de créditos, así como en los requisitos acerca de sucursales de terceros países. Todos ellos tienen el “objetivo de conseguir que el denominador de los ratios de capital se ajuste más a los riesgos reales de las exposiciones”, explica la experta en regulación, quien espera una implementación simultánea en las grandes regiones mundiales para no alterar el marco de competencia.
En lo referente a la gestión de datos, el informe de la EBA señala varios hitos. Por un lado, la incorporación de las empresas de inversión al centro de datos bancarios y financieros europeos, del que se espera que todas las partes puedan beneficiarse. Por otro lado, la creación de canales para recopilar informes nacionales con datos fraudulentos y la finalización de la migración del parque informático a la nube. Todos ellos, logros de difícil valoración a priori, según Josep Soler. “Para que estas medidas sean efectivas, tantos nuevos datos deben ser fiables, lo que depende de la fuente y de otros factores. Además, a veces un gran acopio de datos puede ser negativo, bien porque no todos ellos sean relevantes o por falta de capacidad para su gestión y análisis”, resume el experto del Instituto de Estudios Financieros.
Regulación de las finanzas digitales
Los principales hitos en el ámbito digital son la ley sobre resiliencia digital (DORA, por sus siglas en inglés) y la regulación de criptoactivos (MiCA, en inglés). La primera fija los requisitos a los riesgos de las tecnologías de información y comunicación, procedimientos para el reporte de incidentes y normas para la resiliencia digital. La segunda, MiCA, crea disposiciones sobre ‘stablecoins’ o activos referenciados, así como para proveedores de servicios de criptoactivos.
Además, la EBA tiene dos mandatos extraordinarios en 2023. Por un lado, desarrollar indicadores de riesgo minorista para la detección de daños a los consumidores, abarcando el crédito hipotecario y al consumo, servicios de pago, dinero electrónico, servicios de pago electrónico. Por otro lado, coordinar la visita de un “mistery shopping” a sucursales de los Estados miembros de la UE para analizar cuentas de pago, créditos al consumo e hipotecarios, y confirmar el cumplimiento de los requisitos de protección de los consumidores.
Según Josep Soler estas acciones deberían acompasarse: “Mientras la EBA no haga esto en coordinación con la autoridad de aseguradores (IOPA, por sus siglas en inglés) y la de inversores (ESMA, en inglés) para los productos bancarios, aseguradores e inversores, respectivamente, los intentos de proteger al consumidor final darán poco resultado”. De la misma forma, el presidente del Consejo Asesor del IEF considera necesaria una coordinación similar para establecer medidas anti-blanqueo y contra la financiación del terrorismo, aspecto que la EBA abordará a través de la nueva autoridad europea anti-blanqueo (AMLA), que se creará en breve.