¿Un mismo poder adquisitivo para todos?

Además de la pluralidad, otro de los principios por los que se rige la Unión Europea es el de la integración. Junto a las políticas comunes o, sobre todo, al mercado único, los fondos estructurales representan otro de los grandes hitos que contribuyen a alcanzar este principio. Dirigidos a aquellos países y zonas menos desarrolladas con el objetivo de que quienes los reciban converjan con la media del resto de regiones europeas, cada año estos múltiples fondos se nutren de miles de millones de euros procedentes de los veintiocho estados miembros. En total, suponen una partida de gasto que asciende casi al 50% del presupuesto anual de la Unión Europea. Sin embargo, hay quien aporta más y quien aporta menos. En otras palabras, hay estados que son contribuyentes netos, como Alemania, y otros que son receptores netos, como todavía España. ¿Pero quién lo decide?

Más bien, qué. Para 2016, la UE ha aprobado un presupuesto de 155.000 millones de euros, lo que supone a cada europeo casi 85 céntimos al día. Sin embargo, seguramente el impacto de asumir ese “precio” no sea igual para un finlandés que para un griego. Por eso el instituto estadístico comunitario, Eurostat, ha creado una divisa ficticia, el Estándar de Poder Adquisitivo (PPS, por sus siglas en inglés), cuyo valor actualiza cada año y según el cual con 1 PPS se puede disfrutar de la misma cantidad de bienes y servicios en cada país.

Esta moneda ficticia, cuando es agregada a un indicador económico, se convierte en la llave para poder decidir quién aporta y quién recibe, pero incluso hasta aquí también llegan los matices: falta por saber cuánto cada uno. La Unión Europea distingue tres grandes grupos en los que clasifica a los países y las regiones según su nivel de desarrollo económico: las menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita (en PPS) se encuentra por debajo del 75% del PIB per cápita (en PPS) de la UE; las de fase de transición, que se sitúan entre el 75% y el 90% del PIB per cápita (en PPS) de la UE; y las más desarrolladas, que superan el umbral del 90% y a su vez se siguen subdividiendo a mayor nivel de riqueza.

El hecho de pertenecer a uno u otro grupo no es algo menor: según cuál sea el nivel de desarrollo de un país éste deberá aportar una mayor o menor cantidad de dinero a los presupuestos comunitarios o, en el caso de también recibir, percibirá una mayor o menor cantidad de aquellos fondos estructurales que mencionamos al inicio.

Poder adquisitivo más igualado, que no igual

Si bien los PPS permiten comparar el poder adquisitivo entre las distintas regiones que registran niveles de precios diferentes, el PIB per cápita no es un indicador exacto a la hora de medir la distribución de la riqueza entre los grupos de población dentro de una misma región ni tampoco la renta disponible de los hogares. En otras palabras, una región como Galicia puede aunar tanto núcleos de alta renta per cápita como otros menos desarrollados que, sin embargo, en el cómputo global pueden pasar inadvertidos.

Pero no solo eso: también se da el mismo problema en las zonas metropolitanas. Si se observa el mapa superior, ciudades como Berlín, Praga o Bucarest aparecen como pequeñas “islas verdes” en mitad de áreas mucho menos desarrolladas. Esto se debe a que, normalmente, las grandes capitales suelen ser focos de empleo que acogen a un número considerable de trabajadores desplazados. Por ello sus datos de PIB per cápita se distorsionan y son sumamente altos en comparación con las regiones limítrofes que las nutren de dichos trabajadores.

Aunque el uso de las estadísticas ayuda a la Unión Europea a nivelar su naturaleza heterogénea, del mismo modo todo resultado estadístico posee un nivel de confianza y un margen de error. El conflicto surge cuando este margen trasciende el umbral que convierte a un país menos desarrollado en uno de transición y le priva por tanto de percibir una mayor cantidad de fondos estructurales, pudiendo ser o no real.