Mientras que en la Unión Europea la regulación bancaria se ha ido endureciendo en los últimos años, en los EE.UU. se ha visto un importante cambio de paradigma, con un mayor foco en reajustar y simplificar los requerimientos regulatorios. Este cambio tuvo su génesis en febrero de 2017, con una orden ejecutiva del presidente Trump que establecía una serie de principios fundamentales que deberían regir en la regulación financiera, incluyendo el objetivo de hacer que la regulación sea más eficiente y se adapte mejor a la situación de cada entidad. Con estos principios, el Tesoro preparó una serie de recomendaciones de cambios regulatorios que servirían como base para el proyecto de ley, que fue finalmente aprobado por el Congreso en mayo de 2018: la “Crapo Bill”.

Esta ley ha representado el cambio legislativo más importante desde la implementación de la “Dodd-Frank Act”, y aunque la nueva ley no implica su derogación, sí ha logrado suavizar y ajustar la carga regulatoria, particularmente para los bancos pequeños y medianos. El principal cambio promovido por la “Crapo Bill” es el de aumentar el umbral de activos para los bancos que califican como demasiado grandes para quebrar (o “too-big-to-fail”), y que por lo tanto están sujetos a un régimen de supervisión y regulación mucho más estricto en cuestiones de capital, liquidez, “stress tests” o divulgación de información.

Pero los detalles sobre implementación de esta ley no se conocieron hasta finales de 2019. Esto se debe a que en EE.UU. las leyes no contienen muchos detalles técnicos, siendo los reguladores quienes deben trabajar en las especificidades de la norma. En octubre de 2019 las agencias publicaron la reglamentación final aplicable a bancos domésticos y la correspondiente a extranjeros (siendo una de las principales diferencias entre ambos el perímetro de activos considerados para clasificar el banco). De esta forma, los bancos serán clasificados en categorías dependiendo principalmente de su balance de activos, pero teniendo en cuenta también otros factores como su actividad internacional o su financiación a corto plazo en mercados mayoristas. Dependiendo de su clasificación, los requisitos serán menores para instituciones con menor riesgo sistémico. Cabe destacar que los bancos sistémicos globales (o G-SIBs) casi no verán cambios respecto a su situación anterior.

Además de esta iniciativa, las agencias han propuesto ajustes en otros reglamentos. Quizás el más llamativo ha sido el cambio propuesto a la regla Volcker (que implicó el trabajo conjunto de 5 agencias distintas). En este caso también se han creado distintas categorías de bancos adaptando los requisitos de la regla al tamaño de sus carteras de negociación.

Parece claro que ha habido un cambio de tendencia en materia de regulación financiera en los EE.UU. La pregunta que surge luego es ¿cómo afectará esto a los bancos europeos? ¿Es posible que esta tendencia se extienda a otras geografías? Lo primero que hay que señalar, es que en general los cambios en el marco norteamericano afectan de forma similar a sus bancos domésticos y a los bancos extranjeros (con algún matiz en la forma de computar el balance de activos), con lo que no se generaría una importante disparidad competitiva en el mercado americano. A pesar de esto, durante las discusiones relativas a estas reformas se ha abierto el debate sobre un tema que puede perjudicar a bancos extranjeros y generar mayor fragmentación a nivel global: la posibilidad de imponer requisitos de liquidez en sucursales. En cuanto a la segunda pregunta, no parece probable que en el corto plazo la UE siga un camino similar. Sin embargo, es importante destacar que Randal Quarles (vicepresidente de la Fed para la supervisión financiera) es también el presidente del FSB, organismo global encargado de dar hacer recomendaciones en materia de regulación. Esto significa que con el tiempo, el proceso de recalibración regulatoria podría trasladarse a otras geografías.