Desde que los billetes y monedas de euro llegaron a nuestros monederos hace casi 19 años, las autoridades europeas ambicionan que este hito “analógico” de la integración europea se replique en el mundo digital y todos los ciudadanos europeos contemos con una amplia variedad de soluciones de pago comunes utilizables en cualquiera de los Estados Miembros.

Con la vista puesta en este objetivo, la Comisión Europea ha intervenido de forma recurrente en el mercado de pagos, primero para crear unas normas, condiciones e infraestructuras comunes, posteriormente para promover la adaptación de los pagos nacionales a ese marco armonizado, más recientemente para favorecer la innovación y, en todo momento, para garantizar la competencia en el mercado de pagos europeo. En cada una de estas “estaciones regulatorias” una directiva o un reglamento ha sido la encargada de señalar cómo sería la siguiente estación: la primera Directiva de Pagos (PSD, por sus siglas en inglés) de 2007, el Reglamento SEPA de 2012 y la segunda Directiva de Pagos (PSD2) de 2015, respectivamente.

Estos procesos regulatorios han tenido grandes luces como la culminación en 2016 del proyecto SEPA, que permite a todos los ciudadanos europeos intercambiar transferencias y adeudos en euros en las mismas condiciones, independientemente de dónde se encuentren domiciliadas sus cuentas de pago, o la aparición de nuevos jugadores capaces de competir en este mercado con los proveedores tradicionales.

Sin embargo, también han presentado sombras, la principal, probablemente, la creciente asunción de una cultura de  intervención regulatoria que reduce la capacidad y disposición de muchos proveedores de pagos para desarrollar nuevos servicios, pues a base de revivir un mismo momento, se han ido acostumbrando a que sean las autoridades nacionales o europeas las que señalen las próximas metas de la industria.

El pasado 24 de septiembre la Comisión Europea presentó su estrategia de pagos minoristas para los próximos años , dentro de un paquete normativo más amplio denominado Estrategia de Finanzas Digitales. El objetivo  vuelve a ser muy ambicioso: conseguir un mercado de pagos altamente competitivo que beneficie a todos los Estados miembros en el que todos los participantes puedan competir en condiciones justas y equitativas para ofrecer soluciones de pago innovadoras y punteras.

En esta ocasión, la Comisión Europea muestra un decidido apoyo a la iniciativa privada, dando la bienvenida a proyectos como la European Payments Initiative, lanzada en julio por 16 grandes bancos europeos y en la que BBVA participa, pero también deja la puerta abierta a posibles intervenciones que serán diseñadas tras un análisis detallado por parte de la Comisión y las autoridades financieras. En concreto, la Comisión muestra gran disposición a intervenir en los siguientes ámbitos:

• Convertir los pagos instantáneos en el nuevo “servicio de pago básico” de la UE, planteando imponer nuevas funcionalidades y limitaciones a la política comercial de los proveedores de estos servicios;
• lanzar una revisión profunda de la PSD2, incluyendo las exigentes reglas de autenticación y banca abierta (open banking) cuya implementación ha requerido más de 5 años; e
• imponer obligaciones para garantizar el acceso y la aceptación del efectivo en todas las transacciones comerciales así como desarrollar una alternativa digital de carácter público, es decir, un euro digital.

También se anuncia una intervención para suprimir las barreras de acceso a elementos técnicos como las antenas NFC de determinados dispositivos móviles, indispensables para garantizar la competencia e innovación en el segmento de pagos móviles. Sin embargo, para evitar solaparse con otras iniciativas regulatorias en curso, esta medida solo se abordará si las reglas establecidas en la regulación de los mercados digitales (Digital Markets Act), actualmente en desarrollo, se demuestran insuficientes para eliminar estas barreras de acceso.

Como no podría ser de otra forma, la Comisión ha hecho un gran trabajo identificando las potenciales áreas de mejora en el mercado de pagos, pero debería ser cautelosa al plantear  nuevas propuestas regulatorias.

Hay que tener en cuenta que las propias expectativas de los clientes y las dinámicas del mercado de pagos ya están promoviendo la adopción de los pagos instantáneos y el desarrollo de soluciones de pagos realmente paneuropeas. Por ello, antes de promover la revisión de normas cuyo impacto todavía no podemos evaluar, como la PSD2, o que se han demostrado suficientes para garantizar la aceptación del efectivo, único medio de pago de curso legal en la UE, la Comisión debería  enfocar sus esfuerzos a promover la digitalización de los pagos en la UE y apoyar el desarrollo privado de soluciones  que respondan a las necesidades de los usuarios,  aumenten la integración del mercado de pagos europeo y la competencia, y sitúen a la UE y el Euro a la vanguardia de la innovación en pagos.

De lo contrario, corremos el riesgo de que una nueva oleada de regulación tenga el efecto indeseado de inhibir la innovación en los pagos europeos al obligar a los proveedores de estos servicios a dedicar todos sus esfuerzos a la adaptación a las nuevas reglas impuestas por la regulación.