El pasado 7 de junio, después de más de dos años y medio de intensas negociaciones se ha consensuado una reforma muy profunda del marco prudencial y de resolución bancarios con la aprobación del llamado paquete de reformas bancarias. Este conjunto de normas se encuadra dentro de las medidas de reducción del riesgo para el sector bancario y que algunos ven como un paso necesario para seguir avanzando hacia una mayor integración en Europa.

El objetivo de esta reforma es introducir en la normativa europea los últimos estándares de Basilea que aún no se habían traspuesto (aunque no incluye el paquete conocido como Basilea IV), implementar el estándar internacional de absorción de pérdidas TLAC ('Total Loss Absorption Capacity') e introducir una serie de mejoras técnicas al marco regulatorio que habían sido identificadas por la Comisión Europea en un ejercicio previo de impacto y coherencia de la regulación.

Desde el punto de vista prudencial, la nuevas CRR 2 y CRD 5, incorporan importantes novedades. Por un lado, se introducen los requerimientos legales del ratio de apalancamiento y del ratio de financiación estable, recogidos hasta ahora únicamente como una obligación de 'reporting', pero no aún de cumplimiento. Además, también se revisa la forma de medir algunos riesgos, como el riesgo de crédito de contraparte o el riesgo de tipo de interés dentro de la cartera bancaria. Incluso en un principio, se iba a incluir en esta nueva ola normativa las novedades en la medición del riesgo de mercado, pero el anuncio de una nueva revisión en el ámbito más global de Basilea, desechó esa idea, que acabó por convertirse en un requerimiento de 'reporting'. También se introducen nuevas reglas para las exposiciones frente a cámaras de compensación y se modifica el límite a los grandes riesgos, endureciendo su definición.

Por otro lado, otro conjunto de reformas responden a mejoras técnicas del marco regulatorio. Entre ellas, se intenta dotar de una mayor proporcionalidad a los requerimientos regulatorios, principalmente en términos de 'reporting', divulgación de información o remuneraciones. Por último se revisa el marco de Pilar 2, para hacerlo más homogéneo y comparable entre entidades y se introducen cambios en los colchones de capital macroprudenciales que pueden aplicar las autoridades, flexibilizando el marco para entidades grandes.

En cuanto a las novedades que la BRRD2 introduce al marco de recuperación y resolución, los bancos sistémicos (supervisados por el BCE) tendrán que cumplir con un requisito mínimo de MREL (requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles) igual a TLAC, pero tanto éstos como el resto de bancos tendrán un requisito adicional que se fijará caso a caso partiendo de una fórmula relativamente rígida y más dura que la que aplican las autoridades de resolución a día de hoy.

Pero la novedad que más impacto va a tener en la gestión financiera de los bancos va a ser el nuevo requisito de subordinación, que obliga a cumplir MREL con un elevado porcentaje de pasivos subordinados (aquellos que absorben pérdidas antes que los pasivos ordinarios). Al final de las negociaciones se impuso la versión más dura, según la cual los grandes bancos de la UE tendrán que cumplir MREL con una cantidad de pasivos subordinados equivalente al 8% de su balance, como mínimo.

Asimismo, las autoridades han aprobado una nueva herramienta de “moratoria” aplicable a ciertos pasivos incluyendo depósitos cubiertos. La idea es que, ante la probable salida de depósitos, se puedan establecer límites, por unos pocos días, sobre la disponibilidad de los depósitos garantizados; en otras palabras, un corralito. Las autoridades dispondrán de un par de días más para gestionar las crisis bancarias pero parecería más razonable hacerlo con apoyo de liquidez.

Próximos pasos

Ciertos aspectos de la nueva normativa entrarán en vigor el 27 de junio, sobre todo en materia de MREL para G-SIIs, condiciones para la amortización de instrumentos de capital y pasivos elegibles y divulgación de requisitos prudenciales. Pero la mayor parte de la nueva normativa no entrará en vigor hasta diciembre 2020 - junio 2021. Por último, algunos requisitos se benefician de un periodo de faseado antes del cual no serán obligatorios como el de la elegibilidad de instrumentos de capital (6 años) o el de pasivos elegibles (hasta su vencimiento).

A modo de conclusión, cabe destacar que la publicación en el DOUE no supone el punto y final a la fase de desarrollo normativo pues ahora comienza la labor de la EBA, quien tendrá que desarrollar estándares y guías técnicas, es decir, la normativa de nivel 2. La labor de la EBA es crucial dado que los bancos necesitan claridad a la hora de poder cumplir toda la nueva normativa de forma correcta. Además, cada estado debe transponer a su ordenamiento gran parte del paquete regulatorio. En definitiva, un paso adelante, pero no el último.