Despedimos ya este 2020 convulso en el que todos hemos sido puestos a prueba. Los reguladores no han sido una excepción, y han sabido reaccionar con agilidad a unas circunstancias sin precedentes, apoyando en la medida de sus posibilidades. Así, han cambiado el paso dejando a un lado las reformas regulatorias en las que venían trabajando a raíz de la anterior crisis financiera para centrarse en lo urgente, en la crisis del covid.

A la crisis actual se ha reaccionado con medidas de muy diversa índole. Desde un punto de vista global, se ha utilizado la flexibilidad que ya estaba contenida en las normas de capital y liquidez, se ha liberado la capacidad operativa de las entidades para que se centrasen en atender a sus clientes (por ejemplo retrasando la entrada en vigor de Basilea III) y se ha adaptado la manera de aplicar los requisitos contables. También en Europa se han tomado medidas similares, que han incluido cambios muy rápidos en normas de gran calado (como la de capital, con el quick fix del reglamento de capital CRR), la flexibilización del marco de ayudas de estado o la liberación de capacidad operativa (con la suspensión del stress test), entre otras.

Al mismo tiempo, otras líneas de trabajo pre-existentes han seguido su curso, aunque en algún caso se hayan dilatado sus plazos. Por ejemplo, se ha culminado la reforma de los marcos prudenciales y de resolución europeos, con las directivas de requisitos de capital (CRD V) y de recuperación y resolución (BRRD 2). En ellas se abordan temas tan importantes como cambios en el pilar 2, ajustes en los colchones macroprudenciales, alteraciones en la jerarquía de los acreedores bancarios, o la calibración del requisito de pasivos que absorban pérdidas (MREL). Estas normas están siendo transpuestas en la actualidad en España.

También en el terreno prudencial, se ha seguido trabajando en la finalización de Basilea III, que está siendo transpuesta al ordenamiento europeo. Estos ajustes, destinados a homogeneizar la comparabilidad de los datos de las entidades y a limitar los beneficios de utilizar modelos internos, deberían estar en vigor en 2023. Durante 2020 se ha trabajado en analizar su impacto en un entorno post-covid (aunque los balances bancarios aún no muestran todo el efecto de la crisis) y se espera que la Comisión publique su primer borrador de texto legal en la primera mitad de 2021.

Otra línea de trabajo de vital importancia es la reforma de los índices de referencia, como el Libor en Reino Unido o el Euribor en la UE. Dado que estos índices se construyen a partir de las transacciones de los mercados interbancarios, que han visto muy reducida su operativa desde la crisis financiera, ha sido necesaria la revisión de su metodología de cálculo o en algún caso prepararse para su desaparición. En Europa se está reformando la directiva de los índices de referencia (BMR) para contemplar esta posibilidad. El Euribor, la principal referencia para las hipotecas españolas, ha visto reformada su metodología para hacerla más robusta.

Por último, las finanzas sostenibles siguen avanzando decididamente para incorporarse en los marcos prudenciales y supervisores, especialmente en Europa. La reciente publicación de la guía de expectativas supervisoras del BCE es buena muestra de ello. De hecho, 2020 ha sido el año en que se ha finalizado la fase de diseño y se han comenzado a cerrar los primeros textos regulatorios para aplicar a las entidades. En otras zonas geográficas los avances son aún lentos. Si bien la regulación debe ser flexible para adaptarse a las circunstancias de los países, tampoco se debe perder de vista que la necesidad de evitar una fragmentación muy importante entre regiones, garantizando unas reglas de juego similares.

En definitiva, el 2020 nos ha dado grandes lecciones en el ámbito regulatorio. Primero, que la flexibilidad que estaba contenida en las normas puede usarse cuando es necesario. Segundo, que las autoridades han reaccionado de forma rápida y decidida para facilitar la gestión de la crisis. Y tercero, que las crisis tienen efectos positivos ya que nos ayudan a identificar la parte de las normas que no funciona adecuadamente, y que por tanto es imperativo cambiar.