Las finanzas sostenibles empiezan a sostenerse más y a estar menos verdes. Pero el tiempo se agota y llegamos tarde (como el conejo blanco de Alicia) para lograr una transición ordenada y justa. Es necesario acelerar con audacia y prudencia, como evidencian los últimos desarrollos recientes en materia de regulación que revisamos a continuación.

A nivel internacional, la Cumbre del Clima (COP 25) y el Foro Económico Mundial (WEF Davos) reforzaron el consenso de que los riesgos medioambientales - entre los que está el cambio climático-, sociales y de gobernanza (ESG) son globales, aumentan de manera no lineal en el tiempo y no son fáciles de predecir. De hecho, el ‘Informe de Riesgos Globales para 2020’ del WEF apunta que los cinco riesgos que más preocupan están vinculados con temas medioambientales. Además, el Banco Internacional de Pagos y el Banco de Francia califican los riesgos del cambio climático como “el cisne verde”, es decir, podrían tener un efecto tremendamente disruptivo, incluso generar la próxima crisis financiera sistémica.

Por todo ello, hemos de internalizar los factores y los riesgos ESG en la formación de precios, en las estrategias de negocio y en la gestión prudencial de los riesgos financieros: para anticiparnos y adaptarnos en la medida de lo posible.

En la Unión Europea, se alcanzó un acuerdo formal sobre una taxonomía que clasifica las actividades económicas medioambientales en diciembre. Este diccionario establece un lenguaje “oficial” para todos los agentes financieros y tendrá que aplicarse desde diciembre de 2021 para los objetivos de mitigación y adaptación. Es un paso importante en la buena dirección, entre otras cosas, porque considera las actividades de transición (aquellas para las que actualmente no existe un alternativa tecnológica económicamente viable) y las habilitadoras (facilitan que otras actividades contribuyan de manera significativa a los objetivos medioambientales).

El 9 de marzo la Comisión Europea (CE) publicó tres documentos del Grupo Técnico de Expertos: el informe final sobre taxonomía, un anexo técnico con criterios de evaluación para las actividades que contribuyen a la adaptación o la mitigación y una guía de uso para el estándar de bonos verdes. Además, la CE ha lanzado a consulta pública la revisión de su Plan de Objetivos Climáticos para 2030 (desde el 18 de marzo hasta el 15 de abril).

Recientemente presentó también el Pacto Verde Europeo, que supone un hito porque todas las políticas y propuestas legislativas deberán considerar la sostenibilidad de manera transversal. Además, se espera que actualice su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles durante 2020.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó su Plan de Acción en Finanzas Sostenibles en diciembre. Incluye entre otras cosas: un ejercicio voluntario de sensibilidad sobre riesgos de transición (segundo semestre 2020); pruebas de resistencia y análisis de escenarios considerando riesgos físicos y de transición (2022); y un informe sobre clasificación y tratamiento prudencial de los activos con una perspectiva de sostenibilidad (2025). Asimismo, la EBA publicó un documento sobre prácticas de mercado en finanzas sostenibles en enero. Concluye que aunque los bancos cada vez son más conscientes de los riesgos ESG, su incorporación en sus estrategias, gobernanza y gestión de riesgos está en un estado embrionario.

También en Europa, el Mecanismo Único de Supervisión (SSM) señala en su Informe Anual recién publicado (19 marzo), entre otras cosas, que los bancos están trabajando conjuntamente cada vez más en metodologías para medir los riesgos del cambio climático y para mejorar la divulgación de la información y su comparabilidad. Además, la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS) publicará en abril su ‘Manual sobre la gestión de riesgos medioambientales y de cambio climático’. Cabe esperar que el Banco de Inglaterra (en sus test de estrés de 2021) y la EBA (2022) utilicen las herramientas que proporcione este documento del NGFS porque ambos son miembros y han participado en su elaboración.

En un plano más doméstico, el Banco de España ha comunicado que trabaja ya en metodologías que incluyan diferentes escenarios de transición y sus efectos en las pruebas de resistencia. Parece que su objetivo podría ser realizar el primer ejercicio en 2021.

Sin salir de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sometió a consulta pública el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Pronostica un aumento del 1,8% del producto interior bruto y del 1,7% del empleo durante el periodo 2020-2030 entre los impactos previstos.Por último, en enero se lanzó el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (Finresp), explicitando el compromiso del sector privado español para contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y responsable.

Como reflexiones finales, al menos tres condiciones parecen necesarias para acelerar a un ritmo que permita lograr la transición ordenada y justa mencionada antes:

1. Un marco regulador y supervisor que proporcione certidumbre y facilite una visión de largo plazo, y que considere las diferentes capacidades y velocidades de los países.
2. Una taxonomía lo más flexible e inclusiva posible, que al mismo tiempo evite la fragmentación, y que fomente las inversiones necesarias para permitir a los sectores más intensivos en emisiones transicionar hacia el nuevo paradigma. (Esto es fácil de escribir pero no de llevar a cabo).
3. Un enfoque prudencial secuencial que, en primer lugar, permita desarrollar una divulgación de información útil, y la haga obligatoria para las grandes compañías (para que el sector financiero pueda avanzar en la medición, análisis y gestión de riesgos de sus exposiciones y ayudar a sus clientes). Después, tenga en cuenta el proceso de revisión y evaluación supervisora (estrés test). Y, por último, si fuera necesario y fundamentado en evidencia empírica sólida, que, considere requerimientos de capital diferenciados para los activos (verdes y marrones) según sus riesgos financieros asociados.

Con todo, las primeras pruebas de resistencia que incorporen los riesgos del cambio climático, quizás podrían centrarse en la resiliencia del sistema financiero y en la capacidad de resistencia de los modelos de negocio, en vez de en requerimientos de capital adicionales, hasta que el grado de comprensión, las metodologías y los análisis estén más avanzados.

Entre tanto, parece que los agentes financieros van internalizando el nuevo paradigma. Por ejemplo, según un estudio del Banco de Inglaterra y PWC, empieza a haber evidencia de correlación positiva entre el aumento del precio de las acciones y la calidad de la divulgación de información financiera de las compañías que consideran los riesgos del cambio climático.