El pasado diciembre y tras más de dos años de intensas negociaciones, se aprobó la revisión del sistema de supervisión europeo implantado a raíz de la crisis financiera iniciada en 2008. La revisión afecta a las tres Autoridades de Europeas de Supervisión (ESAs) y a la Junta de Riesgos Sistémicos, organismos que junto con la red de autoridades nacionales de supervisión son responsables de garantizar que la supervisión financiera en la Unión Europea sea apropiada.

Con esta nueva actualización del marco de supervisión se pretendía cumplir con uno de los objetivos prioritarios del plan de acción de la Unión de Mercados de Capitales: lograr una supervisión más eficaz y coherente de los mercados y servicios financieros, eliminado las posibilidades de arbitraje regulatorio entre Estados miembros. De esta forma se conseguiría por una parte acelerar la integración de los mercados y, por otra, abrir oportunidades ligadas al mercado único para las entidades financieras y los inversores.

Sin embargo, el texto final ha sido menos ambicioso que la propuesta inicial de la Comisión y no va a suponer una revolución del marco actual de supervisión europeo, sino más bien una actualización alineada a las necesidades del sistema financiero actual. Esto  se debe a que ciertos Estados Miembros expresaron su preocupación ante una transferencia excesiva de las capacidades de las autoridades nacionales competentes a las Autoridades Europeas de Supervisión. Por ello, aunque es un paso adelante hacia una mayor convergencia supervisora tendremos que esperar para ver cómo se implementa en la práctica y si se logra evitar las discrecionalidades nacionales actualmente existentes. 

El texto final ha sido menos ambicioso que la propuesta inicial de la Comisión y no va a suponer una revolución del marco actual de supervisión europeo

A nivel microprudencial, la revisión del funcionamiento de las ESAs ha ampliado las facultades de coordinación entre ellas y reforzado sus competencias en sus correspondientes ámbitos: la banca (EBA), los mercados de valores y financieros (ESMA), y los seguros y pensiones (EIOPA), aumentando especialmente la “supervisión directa” de ESMA y EIOPA. A su vez, se ha  perfeccionado la estructura de gobierno y la norma insta a estas autoridades a adquirir competencias en temas emergentes en las finanzas actuales como son el cambio climático, las finanzas sostenibles y la innovación tecnológica (fintech), como línea transversal de acuerdo a las nuevas prioridades estratégicas de la Unión Europea.

El acuerdo logrado a nivel comunitario refuerza el mandato de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ampliando sus funciones de supervisión para combatir mejor el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo, en aras a lograr un sector bancario y financiero europeo más estable. En concreto, tras la reforma, la EBA estará facultada para adoptar medidas para prevenir y combatir estas actividades, competencias que en el pasado estaban reservadas únicamente a autoridades nacionales. El objetivo además es que los riesgos asociados al lavado de dinero sean supervisados de manera efectiva y sistemática por todas las autoridades nacionales competentes, y que cooperen adecuadamente con los supervisores prudenciales. Para ello, se está trabajando en desarrollar estrategias para mejorar el intercambio de información y la coordinación entre las autoridades prudenciales y de lavado de dinero.

La institución cuyas competencias se han visto más reforzadas con esta reforma es la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA), que adopta poderes de supervisión directos en sectores específicos, como los mercados de instrumentos financieros y los indicadores financieros (Euribor o Eonia). Con estas medidas se avanza en la aplicación más uniforme de las normas de la UE y se promueve una verdadera Unión de Mercados de Capitales. Por su parte, EIOPA garantizará una supervisión más integrada de la industria aseguradora, articulando las prioridades de supervisión  para el sector.

En lo que respecta a la autoridad macroprudencial, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) está encargada de prevenir y mitigar los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera. Se pretende incrementar su eficiencia y aumentar su coordinación con las restantes agencias europeas a partir de mejoras en su gobernanza.

El resultado esperado es que una vez implementadas las novedades mencionadas se consiga una mayor integración del mercado de capitales europeo y una mayor eficacia en la gestión del sector financiero, que provocarán a su vez cambios en las relaciones de nuestra supervisión con la de los países no miembros de la UE.

En conclusión, con esta actualización de la arquitectura de supervisión de la Unión Europea se pretende garantizar una mayor protección a los consumidores, una mejor adaptación de las autoridades a la evolución de los mercados, mejoras en la coordinación entre las autoridades europeas y las autoridades nacionales, además de un alineamiento con algunas de las prioridades establecidas por la Comisión Europea: una economía que funcione en pro de las personas (mayor protección al consumidor), una Europa adaptada a la era digital (coordinación en el ámbito FinTech) y un Pacto Verde Europeo (promover mecanismos de financiación sostenible).