Esta pandemia ha mostrado que el grado de digitalización de empresas, ciudadanos y trabajadores es clave para adaptarse a las recomendaciones de distancia física. De hecho, los menos digitalizados han tenido que adaptarse en tiempo record a trabajar en remoto, comprar en línea o a las relaciones virtuales. Incluso actividades eminentemente presenciales como sanidad, transporte o comercio han adoptado nuevas herramientas.

Las tecnologías avanzadas han permitido mantener buena parte de la actividad empresarial y social. En el ámbito de las infraestructuras, las redes de comunicación y la computación en la nube se han revelado fundamentales para intercambiar y procesar información. Dispositivos y aplicaciones han simplificado el desplazamiento de la actividad a los espacios de confinamiento de la población, haciendo posible a su vez  las relaciones sociales.

De forma similar, la variedad de soluciones de pago electrónico ha favorecido su uso y  rápida adopción por buena parte de la población. Estos instrumentos han permitido tanto la compra en línea como el pago presencial sin contacto,  de gran utilidad para respetar las recomendaciones de distanciamiento físico

Pero la acelerada digitalización  ha planteado grandes desafíos en los ámbitos de ciberseguridad y fraude, al aumentar la exposición de organizaciones y ciudadanos,  por el incremento de interacciones electrónicas y por la insuficiente protección  asociada a la falta de experiencia de algunos actores  en la mitigación de estos riesgos.

Igualmente, aunque las infraestructuras tecnológicas han sido capaces de absorber el considerable aumento del tráfico y procesamiento remoto, se ha hecho evidente la necesidad contar con capacidades suficientes y de adaptarlas a volúmenes de actividad desconocidos hasta hoy y en continuo crecimiento.

Por su parte, la regulación también ha tenido un papel protagonista, no solo como base legal del confinamiento sino por su impacto en las condiciones de uso de datos, tecnología e instrumentos de pago.

Esta pandemia ha puesto de relieve la conveniencia de que las normas sean adaptables y amparen el tratamiento de datos por parte de las autoridades por motivos de salud pública o permitan flexibilizar las condiciones de autenticación de los pagos sin contacto, por ejemplo. Sin embargo, también se ha manifestado la necesidad de avanzar en la regulación o estandarización de la identidad digital, que nos permita operar de manera fácil y segura en diversos entornos, y que nos evite los trámites presenciales que han obstaculizado la ejecución de algunas medidas de emergencia o la necesidad de revisar la normativa prudencial que ralentiza la adopción de la computación en la nube por parte de las entidades financieras.

La crisis ya nos ha dejado una enseñanza difícil de olvidar: “por muy estable que parezca una situación, es susceptible de cambiar bruscamente”, por lo que se impone una reflexión y el recalibrado de decisiones anteriores.

En este entorno cambiante, es previsible que las autoridades intenten reforzar la soberanía económica, las capacidades productivas locales y la resiliencia operativa del sector empresarial para mejorar la respuesta ante sucesos inesperados y distorsiones en algunas cadenas de suministro globales que han mostrado su fragilidad  durante esta crisis. El éxito de todas estas medidas dependerá en gran medida del desarrollo de las capacidades digitales de ciudadanos y trabajadores.

Por otro lado, es probable que apuesten decididamente por la digitalización. Sin duda, un elemento clave de esa estrategia será la implementación de identidades digitales fuertes que confieran mayor capacidad a los usuarios para controlar sus datos y realizar gestiones no presenciales de forma ágil y segura.

Otro componente fundamental será el desarrollo de pagos electrónicos universales y sin contacto como alternativa al efectivo,  lo que ampliará la capacidad de elección de los ciudadanos y los recursos disponibles para afrontar situaciones excepcionales como la actual.

Finalmente, es posible que las autoridades sean menos reticentes a la adopción de tecnologías distribuidas o a la automatización de la producción, el transporte y otros servicios esenciales, pues serán más resilientes cuanto más preparados para mantener las pautas de distanciamiento social estén.

En lo que se refiere al sector financiero, la experiencia acumulada en estas dos últimas décadas en continuidad de negocio, resiliencia operativa, control de riesgos y estabilidad financiera, convierten al sector en una referencia a seguir para el desarrollo de normas y procedimientos que aumenten la resiliencia de ciudadanos y organizaciones en momentos disruptivos como el actual.