Grandes empresas y PYMEs de todo el mundo han sufrido las consecuencias del confinamiento y el desplome de la demanda. A pesar de las medidas audaces de apoyo adoptadas por multitud de gobiernos, que han pospuesto las dificultades de pago, parece difícil de evitar una ola de quiebras y entradas en mora. En este contexto, es crucial garantizar la viabilidad de las firmas solventes ante problemas temporales y/o el incremento de su endeudamiento a raíz de la pandemia.

En Europa ha habido diferencias significativas entre el grado y la modalidad de las medidas aprobadas por los gobiernos nacionales: algunos han optado más por préstamos respaldados parcialmente por avales públicos, mientras que otros han recurrido de manera más extensa al reparto de ayudas directas. Si bien es cierto que problemas diferentes requieren soluciones diferentes, la tipología de estrategias nacionales adoptadas a lo largo y ancho de Europa parece ser un reflejo más de la voluntad de utilizar el margen fiscal de cada país que de la dimensión y la naturaleza de los problemas. En el caso de firmas viables con problemas transitorios de liquidez y/o restricciones de deuda o capital, la solución puede pasar por una combinación de ayuda pública, incentivos fiscales para la inyección de dinero fresco y restructuración de deudas.

En el caso de las no viables, la solución más adecuada podría ser un marco de resolución eficiente y rápido que les permita comenzar de nuevo. Ello exigiría la introducción de mejoras por parte de muchos países Europeos en sus respectivos marcos de insolvencia, haciéndolos más ágiles y eficientes.

En España, se han adoptado varias medidas a este respecto en febrero de 2021:

1. Una nueva línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros para facilitar el pago de gastos fijos y deudas de los sectores más afectados.

2. Un fondo de 1.000 millones de euros que se destinará a recapitalizar PYMEs, que se une a la anterior línea de 10.000 millones de euros aprobada meses atrás para empresas de mayor tamaño.

3. 3.000 millones de euros que se destinarán a la restructuración de deudas financieras con avales públicos (vía extensión de plazos, conversión a préstamos participativos y, como último recurso, transferencias finalistas para reducir el principal de los préstamos).

En lo referente a esta última opción, las entidades financieras han acordado desarrollar voluntariamente un código de buenas prácticas. Aun cuando son de agradecer, quizás estas medidas hayan llegado tarde y sean demasiado tímidas comparadas con las impulsadas en otros países de la UE.

"La banca está llamada a desempeñar un papel clave por su capacidad para distinguir firmas solventes de las insolventes."

La banca está llamada a desempeñar un papel clave por su capacidad de distinguir las firmas solventes de las insolventes, especialmente en países donde el tamaño medio de las empresas es pequeño y el conocimiento previo de la firma resulta crucial. Pero las medidas de apoyo directo deberían venir del gobierno. La banca siempre tendrá mucho en juego por los vínculos crediticios que ya mantienen con las empresas afectadas. Los incentivos deberían diseñarse cuidadosamente para que todas las partes involucradas puedan desempeñar su papel. En este proceso, resulta de particular importancia evitar que una posible crisis corporativa se vea agravada por una crisis bancaria que exacerbaría los obstáculos a la recuperación.

La regulación financiera se ha relajado hasta cierto punto para facilitar el papel anticíclico del crédito bancario.

El grado de efectividad de las diferentes medidas adoptadas ha sido desigual, pero en cualquier caso, esta laxitud es, por definición, temporal, lo cual afianzaría los argumentos a favor de las medidas directas de apoyo público para amortiguar la eventual vuelta a la normalidad de la normativa financiera, que, en cualquier caso, deberá ser calibrada cuidadosamente por los reguladores y supervisores.

Las instituciones Europeas han actuado de manera decidida y audaz al comienzo de la crisis, especialmente con los fondos Next Generation EU. Ahora que los fondos comienzan a fluir hacia los países receptores, es necesario asegurar que una armonización de las medidas adicionales adoptadas por los gobiernos nacionales, en la medida de lo necesario, para garantizar la existencia de igualdad de condiciones en el mercado único.

Gobiernos, bancos, grandes empresas y PYMEs necesitan cooperar de manera constructiva para generar las condiciones para una recuperación robusta.