Mapa ‘fintech’ en Europa: el 31% de las empresas está sin regular
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha entrado de lleno en el análisis de la regulación de la tecnología financiera, más conocida como ‘fintech’. En la primavera de 2017, la EBA lanzó el primer ejercicio para crear un ‘mapa del fintech’ y su regulación, que publica ahora en un documento. El resultado: la EBA calcula que hay más de 1.500 empresas dedicadas al ‘fintech’ en la UE. De éstas, posee información detallada de 282. Y el 31% de ellas no está sujeta a ningún tipo de regulación.
La EBA prevé que las inversiones en ‘fintech’ aumenten en los próximos años, ya que se espera que los cambios normativos a nivel de la UE faciliten su desarrollo de 'fintech'. Por ejemplo, la directiva de pagos PSD2. También, por la introducción en varios países de políticas como los entornos seguros de pruebas, o ‘sandbox regulatorio’.
Por ello, ha elaborado este mapa del ecosistema ‘fintech’ en la UE. La EBA concluye que la situación regulatoria de estas empresas es muy variada. Por ejemplo, del total de empresas de las que la EBA cuenta con información detallada, el 18% son instituciones de pago reguladas en el marco de la directiva actual de pagos PSD y el 11% son empresas de inversión con arreglo a la norma MiFID. Sin embargo, el 31% no están sujetos a ninguna reglamentación, ya sea de la UE o de carácter nacional, y el 14% están sujetas únicamente a legislación nacional.
En concreto, del 31% de empresas ‘fintech’ no sujetas a la regulación, la EBA calcula que el 33% proporcionan servicios de pagos, el 20% crédito, depósitos y captación de capital, y el 11%, servicios de inversión o gestión de inversiones.
Para evitar los riesgos que esta carencia de regulación pueda suponer para los consumidores, la EBA ha identificado sus seis prioridades de actuación:
(i) regímenes de autorización y ‘sandboxing’
(ii) los riesgos prudenciales y oportunidades para las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago
(iii) el impacto del ‘fintech’ en los modelos de negocio de estas instituciones
(iv) la protección de los consumidores
(v) el impacto del ‘fintech’ en la resolución de las empresas financieras
(vi) su desempeño en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Un entorno regulatorio seguro puede ser un factor para el impulso de un sector ‘fintech’ competitivo en Europa, que es una de las prioridades de la UE, tal como informaba recientemente la agencia Reuters. La Comisión Europea se encuentra en pleno desarrollo e implantación de dos normas que afectan de lleno a la tecnología aplicada a las finanzas. Por un lado, la directiva PSD2, que regula el sector de los pagos. Por otro, la protección de los datos de los consumidores a través del reglamento GDPR, en vigor en mayo de 2018.
Pero la regulación del ‘fintech’ no es una preocupación exclusivamente europea, ni mucho menos. Países como México, con este sector en plena ebullición, desarrollan ya su propio Anteproyecto de Ley de Tecnología Financiera, que será presentado en el Congreso este mes de septiembre. Según datos de julio de este año publicados por el Mexico Fintech Radar, en los últimos 10 meses se han registrado 80 nuevas ‘startups fintech’ en este país, lo que le sitúa a la cabeza de la carrera en este sector en América Latina.
Las implicaciones para el sector financiero
Por su parte, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado un documento consultivo en el que pone de relieve las implicaciones del ‘fintech’ para el sector financiero y da diez recomendaciones para ayudar tanto a la banca como a los supervisores a afrontar algunos de los retos que plantea.
En concreto, el Comité recomienda a la banca adoptar planteamientos equilibrados a la hora de innovar, que tengan en cuenta la seguridad y solidez del sistema bancario; velar por la existencia de estructuras de gobierno efectivas y de procesos adecuados de gestión del riesgo e informáticos; así como cooperar con los organismos reguladores para desarrollar estándares, tanto para los servicios que ofrecen los actores tradicionales, como las empresas digitales. Las recomendaciones también hacen hincapié en la importancia de la colaboración entre la banca y los reguladores, así como entre autoridades y reguladores de diferentes sectores.