Los jóvenes españoles tienen difícil emanciparse

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2018 el 34,9% de la población entre 16 y 34 años vivía emancipada, lo que implica que el 65,1% restante de la población joven no había abandonado el hogar parental. No obstante, el porcentaje de jóvenes emancipados difiere por grupos de edad: es muy reducido en la población menor de 25 años (1,2% para los jóvenes entre 16 y 19 años y el 10% para la población entre 20 y 24 años), es del 40% en los jóvenes entre 25 y 29 años; y del 71,4% en los que tienen entre 30 y 34 años.

Otro aspecto importante es la situación laboral y la calidad del empleo que constituyen factores relevantes para los jóvenes a la hora de tomar la decisión de emanciparse. En consecuencia, para el conjunto de España en 2018 la tasa de emancipación es mayor en los jóvenes de entre 16 y 34 años que están ocupados en el mercado de trabajo (51,4%) frente aquellos que se encuentran en situación de desempleo (31,7%) o de inactividad (12,1%).

El nivel de estudios alcanzado es también una variable determinante en la tasa de emancipación. Si se considera el total de jóvenes de entre 16 y 34 años, tanto los que siguen cursando estudios reglados como los que no, se observa que la tasa de emancipación es mayor en los jóvenes que tienen estudios superiores (FP de Grado Superior y Universitarios, 43,7% y 47,2%, respectivamente). En cambio, los jóvenes que han alcanzado como máximo los estudios obligatorios o de FP de Grado medio es de 31,6% y 40,2%. En términos generales, la juventud española espera a finalizar sus estudios para independizarse, pues únicamente el 8% de los jóvenes que cursa formación reglada está emancipado.

Si bien los factores culturales pueden influir en el retraso de la edad de emancipación, las oportunidades laborales, la calidad del empleo, la formación y las posibilidades de acceso al mercado de la vivienda juegan un papel importante en la decisión de los jóvenes de abandonar el hogar familiar. Por ello según el documento, es fundamental que las políticas públicas estén dirigidas a fomentar la formación de los jóvenes, favorecer la inserción de los mismos en el mercado de trabajo y potenciar la calidad del empleo juvenil mediante el aumento de la estabilidad laboral y la mejora de sus condiciones laborales y salariales con el fin de lograr una mayor independencia residencial y económica. Todo ello debe complementarse con medidas y actuaciones que favorezcan el acceso a la vivienda a la población joven tanto en régimen de propiedad (viviendas protegidas) como en alquiler.