Las lecciones de la crisis de deuda de Puerto Rico
Tras la aprobación por parte del Senado de la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA - Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA), la saga de la deuda de Puerto Rico se adentra en un nuevo capítulo: el cierre. El proyecto de ley será firmado por el presidente Obama tras recibir el apoyo de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado. La acción colectiva planteada desde el principio por los líderes de la Cámara Paul Ryan y Nancy Pelosi y la Casa Blanca, ha permitido que el proceso de aprobación se diera de manera puntual y sin contratiempos, evitando las complicaciones que el impago al que el estado asociado estaba abocado el 1 de julio hubiera traído consigo.
Uno de los pilares fundamentales de la ley es la creación del Consejo de Supervisión y Gestión Financiera, compuesto por siete miembros, y que estará encargado de vigilar las decisiones fiscales y presupuestarias de Puerto Rico, con asesoramiento del presidente de Puerto Rico. Los siete miembros del consejo serán nombrados por el Presidente, seis de ellos a recomendación del Congreso. Inicialmente, el consejo estará compuesto por tres demócratas y cuatro republicanos. En lo que a su efecto presupuestario se refiere, la ley no debería suponer un incremento para el pasivo neto del Gobierno Federal, siendo la mancomunidad de Puerto Rico quien asumiría el monto estimado de los costes, 370 millones de dólares. La capacidad supervisora del consejo abarcará a los 78 municipios de la isla, el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, empresas de servicios públicos y corporaciones y entidades públicas dentro del territorio,
La ley también establece el marco normativo y las salvaguardas necesarias para permitir una restructuración ordenada de los 70.000 millones de dólares de deuda pendiente de Puerto Rico. Para asegurar que el consejo dispone del tiempo suficiente para desarrollar sus estatutos y procedimientos, la ley también impone la paralización, con carácter retroactivo, de los procesos de resolución de todas las reclamaciones registradas desde diciembre de 2015. Igualmente, la ley estipula una serie de disposiciones principales, como son las siguientes:
- Puerto Rico conservará el derecho a determinar su estatus político con respecto a los EEUU.
- Reducción del salario mínimo para todos los trabajadores puertorriqueños de menos de 25 años.
- Posibles modificaciones a las compensaciones por horas extra.
- Procedimientos específicos para acelerar la revisión y aprobación, por parte de agencias gubernamentales de Puerto Rico y los EEUU, de determinados tipos de proyectos de infraestructuras.
El compromiso y la colaboración bipartita entre el Congreso y la Casa Blanca son señales positivas tras años de bloqueo, histrionismo y cruces de acusaciones. Sin embargo, la aprobación de la ley implica que, a todos los efectos, la carga recaerá sobre el sector privado, en lugar de hacerlo sobre el sector público. Además, existe preocupación por la falta de control que se le ha otorgado al estado asociado sobre el proceso. En este sentido, Bernie Sanders no dudó en tildar la ley como “una muestra del peor colonialismo.” Dicho esto, de no haberse acordado una solución para resolver los atenazadores problemas de deuda de Puerto Rico, la situación podría haber degenerado hasta límites insostenibles para los ciudadanos de Puerto Rico y la estabilidad del gobierno. En reconocimiento del acuerdo, y como presagio al grado de cooperación que podría estar por llegar, Jacob Lew, Secretario del Tesoro declaró “yo mismo podría haber escrito una ley mejor, pero no creo que pudiera haber escrito una ley mejor que hubiera sido aprobada por el Congreso y que además resolviera el problema.
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