“La involucración de los bancos en el diseño del euro digital es imprescindible”

P: El diseño del euro digital es ahora mismo una prioridad para el BCE, ¿crees que es necesaria una moneda digital en la UE? ¿Cómo pueden los bancos participar en su diseño e implantación? 

R: Hay una serie de tendencias, como la disminución de los pagos en efectivo o la emisión de CBDCs (por las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency) extranjeras, que podrían dar lugar a escenarios en los que un euro digital sería útil en el futuro. Por ello, es lógico que el BCE estudie sus opciones e implicaciones y se prepare para una posible emisión. Pero es cierto que a día de hoy no se ha identificado una demanda concreta por parte de los consumidores que pueda satisfacer el euro digital y no otras soluciones de pagos.

En cuanto a la participación de los bancos, el BCE ya ha dicho que el euro digital se distribuiría a través de intermediarios privados supervisados, que darían servicio a los usuarios finales y desarrollarían funcionalidades avanzadas y nuevos modelos de negocio. Así, la involucración de los bancos en el diseño del euro digital es imprescindible. En ese sentido, damos la bienvenida a la creación por parte del BCE de un grupo asesor que permita a potenciales usuarios e intermediarios participar en esta fase de investigación, en el que un experto en pagos de BBVA está presente. Los bancos pueden contribuir con su experiencia y conocimiento del mercado de pagos minoristas, así como con su propia experimentación sobre las posibilidades del dinero digital, como con el proyecto de 'smart money' de Iberpay.

El euro digital debe diseñarse como un instrumento de pago, no de ahorro o inversión

P: ¿Supone una moneda central digital un riesgo para la estabilidad financiera?

R: Emitir una CBDC de uso general supone dar acceso a los ciudadanos a dinero del banco central en formato electrónico, lo que abre la puerta a un posible desplazamiento de fondos desde los depósitos minoristas de los bancos al balance del banco central, sobre todo en momentos de crisis financiera. Esto podría alterar la estructura de financiación de los bancos y el desempeño de su función de intermediación financiera, con efectos indeseados para la estabilidad financiera y la economía. Por eso el euro digital debe diseñarse como un instrumento de pago, no de ahorro o inversión, para lo cual hacen falta límites efectivos a su tenencia.

P: Otro de los grandes debates abiertos en Europa es la regulación de las grandes plataformas de internet, ¿por qué es necesario regular su actividad?

R: Algunos de los servicios digitales que utilizamos a diario, casi de forma instintiva, como el sistema operativo o el motor de búsqueda de nuestros teléfonos móviles, se han convertido en la puerta de entrada a otros productos y servicios: de movilidad, de información, financieros, etc. Son el equivalente a las infraestructuras tradicionales en el mundo digital, intermedian entre multitud de empresas y sus clientes y usuarios, y tienen la capacidad de influir en las condiciones en las que se ofrecen otros servicios y en el funcionamiento de mercados adyacentes. Por eso es imprescindible que operen con condiciones de acceso y participación justas y equitativas. Ese es el objetivo de la Ley de Mercados Digitales (‘Digital Markets Act’ o ‘DMA’, por sus siglas en inglés) que propuso la Comisión Europea a finales del año pasado y que ahora se debate en el Parlamento Europeo.

P: ¿Están protegidos los datos de los europeos en la economía de las plataformas?

R: El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), en vigor desde 2018, garantiza un alto nivel de protección de los datos personales en toda la Unión Europea, con independencia del tipo del proveedor, sector o país en el que se procesen los datos. No obstante, todavía queda camino por recorrer para lograr una interpretación y aplicación del reglamento homogénea en toda Europa.

Además, uno de los derechos más prometedores que introdujo el reglamento, el derecho a la portabilidad, que supone dar a los individuos la posibilidad de mover y compartir sus datos entre distintos proveedores, no se ha desarrollado lo suficiente. En la práctica no es posible ejercerlo de forma efectiva, ya que no hay mecanismos que permitan compartir los datos de forma sencilla, segura y en tiempo real, algo que sí ocurre, en cambio, en el acceso a la información de cuentas bancarias a través de APIs a raíz de PSD2.

P: ¿Qué están haciendo las autoridades para reforzar ese derecho a la portabilidad? 

R: La propuesta europea de Ley de Mercados Digitales (DMA) da un paso importante para reforzar el derecho a la portabilidad, al obligar a las grandes plataformas a proporcionar a sus usuarios una portabilidad efectiva de los datos que generan, con acceso continuo y en tiempo real. Además, no se limita a los datos personales, como ocurre con GDPR, sino que afecta a los datos que generan las empresas usuarias de esas grandes plataformas.

Es un paso positivo, pero el refuerzo y la extensión del derecho de portabilidad no debería limitarse sólo a las plataformas digitales, sino que debería hacerse en todos los sectores de la economía, para dar a los ciudadanos y las empresas europeas un verdadero control sobre los datos que generan. Esto abriría nuevas posibilidades de innovación basadas en la reutilización de datos, siempre con los usuarios en el centro, decidiendo cuándo, con quién y para qué comparten sus datos. La futura Ley de Datos (‘Data Act’) que la Comisión Europea propondrá en el último trimestre de este año es una oportunidad para llevar esta visión a la práctica.

P: ¿Cómo creen desde BBVA que debe diseñarse esta Ley de Datos?

R: En nuestra opinión, el refuerzo del derecho a la portabilidad de los datos personales, de forma intersectorial, y su extensión a los datos que generan las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, debería formar parte de la Ley de Datos y ser un aspecto central de la misma. Es una intervención con un enorme potencial para lograr una mayor reutilización de datos, siempre con los usuarios en el centro, e impulsar así la competitividad de Europa en la economía de los datos. 

P: Otro tema que está sobre la mesa es la regulación de la inteligencia artificial, ¿les parece una buena noticia el reglamento europeo al respecto?

R: La propuesta legislativa que hizo la Comisión en abril sigue en general un enfoque equilibrado. No obstante, hay algunos aspectos de la norma que deberían aclararse más, empezando por la propia definición de inteligencia artificial, que es excesivamente amplia. Además, algunos de los requisitos que se imponen a los sistemas de alto riesgo deberían ajustarse teniendo en cuenta el estado del arte de las distintas técnicas y procedimientos. Es importante que en el proceso de negociación del texto las instituciones europeas eviten sobrerregular, lo que podría frenar la innovación en un área que es clave para la competitividad de Europa.

P: Por último, ¿creen necesario que los reguladores aceleren el ritmo en la regulación de ‘blockchain’? 

R: Es importante que las autoridades avancen en la clarificación del marco regulatorio de los criptoactivos, pero con un enfoque flexible, capaz de adaptarse a la velocidad de los desarrollos tecnológicos y cambios en el mercado. La regulación debe ser proporcional a los riesgos de los distintos tipos de cripto-activos y actividades, preservando el principio de "misma actividad, mismo riesgo, misma regulación" y no imponiendo de forma general un tratamiento diferencial y penalizador a todos los criptoactivos. La involucración de las entidades financieras en el mundo crypto, ofreciendo servicios relacionados con estos activos, puede aportar mejores prácticas de control y de gestión de riesgos y otorgar a las autoridades mayor transparencia y capacidad de supervisión sobre estos mercados.