Formación continua, una herramienta infrautilizada en España
La formación ocupacional es uno de los principales instrumentos con los que cuenta un Estado para construir unas políticas de empleo eficaces. En España, a pesar de tener una de las tasas de paro más elevadas de Europa (casi duplica a la media de la zona euro), el gasto público en este tipo de formación descendió más de un 30% durante los años más duros de la crisis.
El aprendizaje a lo largo de la vida o educación permanente (Lifelong Learning) proporciona claras ventajas competitivas a quienes lo realizan: aumenta las competencias y capacidades de los empleados y proporciona herramientas para reincorporarse al mercado laboral en el caso de los parados. En España, el interés por este tipo de formación es mayor entre este último grupo que entre los ocupados. Según la EPA, en 2015 el 15% de los parados realizó actividades de formación continua, mientras que entre las personas con empleo este porcentaje solo alcanzó el 10,8%.
Sin embargo, tal y como destaca el último número de la serie Esenciales –documentos divulgativos publicados por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)– el gasto en formación ocupacional que han realizado las administraciones públicas españolas ha descendido un 30.1% durante los años más duros de la crisis: 1.651 millones de euros en el año 2007 frente a 1.153 millones en 2013, pese a que la cifra de desempleados se había más que triplicado en ese tiempo. Como consecuencia de este doble proceso, el gasto en formación por desempleado se redujo a menos de la cuarta parte: pasó de 895 euros por parado en 2007 a 195 en 2013.
El sector público destinó 1.153 millones de euros a mejorar la formación de los desempleados en 2013 y las empresas invirtieron 7.320 en formar a sus trabajadores
Esta reducción del gasto público contrasta con el aumento registrado en el sector privado durante el mismo periodo: las empresas duplicaron la inversión destinada a mejorar los conocimientos y destrezas de sus empleados, hasta alcanzar un valor de 7.320 millones en 2013, lo que demuestra que ven, cada vez más, la formación continua como un recurso para mejorar su competitividad.
El nivel educativo, un factor determinante
El nivel educativo es un factor determinante en el grado de participación en cursos de formación continua, tanto para desempleados como entre personas con empleo: cuanto mayor es el nivel de estudios terminados mayor es el interés por seguir formándose.
Según la EPA, el 19,1% de los trabajadores con titulación universitaria realizó cursos de formación continua en 2015, mientras que sólo el 4,1% de los empleados que acreditaban formación obligatoria emprendió algún tipo de formación. En el caso de los ocupados con estudios medios (bachillerato o formación profesional), el porcentaje se sitúa en un valor intermedio (10,5%).
En el caso de los desempleados, el porcentaje de los que tienen estudios universitarios que realiza formación continua asciende hasta casi el 30%, 10,5 puntos porcentuales más que los ocupados universitarios. En el otro extremo se encuentran los desempleados que han alcanzado el nivel de estudios obligatorios como máximo. De ellos, solo el 8,7% emprendió algún curso para mejorar o actualizar conocimientos.
El 29,6% de los universitarios sin trabajo realiza cursos de formación, frente al 8,7% de los desempleados con formación obligatoria
El ranking de Eurostat sobre población ocupada que continúa formándose a lo largo de su carrera sitúa a España en una posición claramente desfavorable, por debajo de la media de la Unión Europea. Los países del norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Finlandia y Países Bajos) son líderes en la materia, mientras que Grecia, Irlanda y Bélgica ocupan los últimos lugares.
En el caso de la población desempleada, la situación en otros países con elevadas tasas de paro –como Grecia o Portugal– es similar a la española.
Porcentaje de ocupados y parados que realizan formación contínua. Comparación internacional, 2015. - Eurostat
El número 10 de Esenciales concluye subrayando que, dado que hay amplia evidencia del efecto positivo que el capital humano tiene sobre la productividad del trabajo y la probabilidad de encontrar empleo, es necesario que las administraciones públicas aumenten el gasto en formación como ingrediente básico de las políticas activas de empleo, especialmente teniendo en cuenta la elevada tasa de paro registrado en España (18,9%) y que el más del 50% de los parados es de larga duración.