España ante el reto de las pensiones: sostenibilidad vs suficiencia
El aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad suponen un reto estructural para los sistemas de pensiones de los países desarrollados. En el caso de España, a este reto estructural se le une otro, derivado de las elevadas tasas de desempleo de los últimos años y del comienzo de la jubilación de los ‘baby boomers’. Sobre la mesa se encuentra ya el gran desafío: cómo conseguir un sistema de pensiones sostenible y que al mismo tiempo pague pensiones suficientes a la población jubilada.
“La gran noticia es que viviremos más”, sostiene David Carrasco, director de Instituto BBVA de Pensiones. “La esperanza de vida se ha duplicado en poco más de 100 años. Es una gran noticia, pero tiene implicaciones presentes y futuras a nivel global”.
El hecho de que las personas vivan más tiempo supone que hay que pagar pensiones también durante más tiempo. Cuando se diseñaron los primeros sistemas de pensiones (el primero se creó en la Alemania del canciller Otto von Bismarck, a finales del siglo XIX), la edad de jubilación se situó en los 65 años. Solo llegaban vivos a esa edad tres de cada 10 personas y su esperanza de vida era de menos de 10 años. Hoy en día nueve de cada 10 personas llegan vivas a los 65 años, y dentro de 30 años las personas que alcancen en ese momento los 65 años se estima que vivirán, de media, 25 años más.
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Este es el reto estructural al que se enfrentan los sistemas de pensiones en los países desarrollados, y al que se suma otro factor: una tasa de natalidad decreciente. Lo que significa que en los sistemas de reparto, en los que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados hoy, cada vez habrá menos trabajadores para financiar las pensiones de una masa de población jubilada cada vez más longeva. En España la tasa de fertilidad es de 1,29 hijos por mujer, por debajo de la tasa de 1,67 de media de la OCDE.
2052: un trabajador por cada persona inactiva
La tasa de dependencia en España (definida como el porcentaje de personas inactivas respecto al porcentaje de población en edad de trabajar), se encuentra en torno al 50%, según fuentes del INE. Es decir, actualmente hay en torno dos trabajadores por cada persona inactiva (mayores de 64 años y menores de 16 años). Las proyecciones del INE apuntan a una tasa de dependencia del 99,54% para el año 2062, es decir, casi un trabajador por cada persona inactiva.
A este reto estructural hay que sumarle, en España, un desafío coyuntural que ha llevado las cuentas de la Seguridad Social a situación de déficit en cinco de los últimos siete ejercicios. Las elevadas tasas de desempleo, derivadas de la crisis global que dio inicio en 2007, y la devaluación salarial han provocado un descenso de las cotizaciones, llevando a la Seguridad Social a una situación de insostenibilidad.
Las cuentas de la Seguridad Social han presentado un saldo negativo desde 2012"
“Las cuentas de la Seguridad Social han presentado un saldo negativo desde 2012. La insuficiencia de ingresos contributivos respondió inicialmente al fuerte descenso de la ocupación durante la crisis, pero la recuperación del empleo a partir de 2014 se ha traducido en un aumento de ingresos menor de lo inicialmente esperado, tanto por el comportamiento de la inflación como por las políticas de promoción del empleo instrumentadas, en buena medida, a través de bonificaciones y rebajas en las cotizaciones”, explica Elisa Chuliá, miembro del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones.
Vamos a pagar más pensiones, durante más tiempo y, además, las pensiones que paguemos serán más elevadas”
A medio plazo, además, hay que tener en cuenta que la generación del ‘baby boom’ (nacida entre 1960 y 1975) comenzará a jubilarse a partir del año 2025. Se trata de una cohorte generacional muy amplia, y que ha tenido carreras de cotización largas y con sueldos elevados. “Esto supone que vamos a pagar más pensiones, durante más tiempo y, además, las pensiones que paguemos serán más elevadas”, añade David Carrasco.
Según el informe ‘Ageing Report’ publicado en 2015 por la Comisión Europea, en España se pagarán 15,1 millones de pensiones en 2050, frente a las 9,4 millones que se pagan actualmente (incluyendo jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares).
También se está notando ya el aumento del importe de la pensión. La pensión media de jubilación ha pasado de 766,52 euros en 2007 a 1.068,38 euros a octubre de 2007. Pero las nuevas pensiones que está pagando el sistema, de personas que se acaban de jubilar, superan ya de media los 1.400 euros en el caso de los hombres y los 1.100 en el de las mujeres.
El fondo de Reserva de la Seguridad Social
Para paliar los problemas financieros del sistema de pensiones, en los últimos años el Gobierno ha hecho uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido comúnmente como la hucha de las pensiones) para hacer frente a los compromisos de pago de las pensiones de jubilación, principalmente la paga extra de los pensionistas de julio y diciembre.
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El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se constituyó en el año 2000 (aunque no se reguló hasta 2003) con el objetivo de atender a las necesidades del sistema en materia de prestaciones contributivas.
“El fondo fue aumentado progresivamente su patrimonio entre 2001 y 2008, gracias a las dotaciones aprobadas por el Consejo de Ministros con cargo a los excedentes presupuestarios de la Seguridad Social”, explica Elisa Chuliá en un trabajo de análisis titulado ‘El agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social: un imprevisto y una oportunidad’.
“En 2010, el Fondo recibió la última dotación por esta vía, y en 2011 alcanzó su máximo patrimonio, con un ‘stock’ de 66.815 millones de euros. Desde septiembre de 2012 hasta junio de 2017, el Gobierno ha efectuado 21 disposiciones por un importe total de 70.851 millones, casi todas ellas en los meses de junio y diciembre para hacer frente a las pagas extraordinarias de pensiones correspondientes al verano y a la Navidad. Tras la última disposición (junio de 2017), los activos del Fondo ascendían a 11.506 millones de euros”, añade.
Si se mantiene este ritmo, y no se toman medidas, las previsiones apuntan a que el fondo podría vaciarse completamente a lo largo de 2018. En caso de llegar a esta situación, lo más probable es que el Gobierno optara por financiar ese desfase en las pensiones a través de impuestos.
De momento, y para no vaciar el Fondo por completo, la Seguriddad Social tendrá que endeudarse, en términos netos, para hacer frente al pago de la extra de Navidad a los pensionistas.
El Pacto de Toledo, propuestas para el corto plazo
En paralelo, y ante los problemas de financiación de la Seguridad Social, a finales de 2016 volvió a reunirse el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que se creó en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos con el objetivo de discutir, analizar y proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema pensiones español. Su objetivo es elaborar un informe con recomendaciones para abordar los problemas del sistema de pensiones español.
A corto plazo parece que se barajan tres posibilidades para combatir el déficit de financiación de las pensiones: crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social; dedicar una partida de los impuestos ya existentes, o pagar con impuestos y no con cotizaciones la pensión de viudedad y orfandad, que equivalen a 1.661 millones de euros al mes (a 1 de octubre), un 19% del total de la nómina de pensiones que se paga mensualmente.
Comisiones Obreras, en el cuaderno sindical ‘El sistema de protección en España’ propone una serie de medidas para garantizar el equilibrio del sistema a corto plazo. Entre ellas, el destope de las bases máximas de cotización; el incremento de la base mínima de cotización; la asunción por parte del Estados de los gastos de administración de la Seguridad Social (que actualmente se financia vía cotizaciones); la elevación transitoria de los tipos de cotización; la equiparación de las bases medias de cotización del Régimen General y el de Autónomos, y la financiación de las pensiones de muerte y supervivencia a través de impuestos.
Las reformas a medio plazo: las leyes de 2011 y 2013
A medio plazo, el Gobierno ha tomado medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. En 2011 y en 2013 se aprobaron dos leyes de reforma del sistema de pensiones. La primera aprueba un retraso progresivo de la edad de jubilación, que pasa de los 65 a los 67 años, con carácter general; aumenta progresivamente de los 35 a los 37 años el periodo de cotización del trabajador para poder percibir una pensión del 100%, y la pensión pasa de estar calculada sobre los 15 últimos años de salario a estar calculada sobre un periodo de 25 años, en un proceso transitorio que va de 2013 a 2022.
Con las reformas aprobadas, el sistema debería tender hacia su sostenibilidad. Lo que no está tan claro es si las pensiones públicas serán suficientes"
Con la Ley de 2013 se introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que por primera vez desvincula el crecimiento de las pensiones del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 y liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en cada momento.
“Con las reformas aprobadas, el sistema debería tender hacia su sostenibilidad”, afirma David Carrasco. “Lo que no está tan claro es si las pensiones públicas serán suficientes en el futuro como para garantizar unas condiciones de vida aceptables para los jubilados”.
Según el ‘Ageing Report’ de la Comisión Europea, la tasa de sustitución en España será del 51,7% en 2050, frente al 79% actual. La tasa de sustitución mide en porcentaje lo que representa la primera pensión con respecto al último salario percibido. España es actualmente uno de los países con una tasa de sustitución más elevada, pero las reformas irán disminuyéndola y, en consecuencia, rebajando la pensión que perciben los ciudadanos.
Mayor productividad para garantizar la suficiencia de las pensiones
“La posibilidad de que en el futuro las pensiones crezcan o no va a depender de si somos capaces de que el crecimiento del PIB real, con carácter anual, supere al crecimiento del gasto en pensiones”, apunta David Carrasco. El aumento del número de pensiones pagadas y el efecto sustitución, por el que los futuros jubilados han tenido carreras de cotización más largas y salarios más elevados, y por tanto tienen derecho a una pensión mayor, supondrá un crecimiento del gasto en pensiones de entre el 2,3% y el 2,8%, según datos de BBVA Research.
“Lo que tendremos que conseguir es que el PIB real (una vez descontada la inflación) crezca al menos esa cifra para evitar que las pensiones caigan en términos reales. Y para ello, como señala Rafael Domenech, de BBVA Research, es necesario que la productividad del trabajo se incremente de manera significativa y con ello lo salarios reales”, añade Carrasco.
En el informe editado por Comisiones Obreras, el sindicato calcula que la llegada del grueso de la generación del ‘baby boom’ a la edad de jubilación exigirá elevar el gasto en pensiones hasta el 14% o el 15% del PIB, frente al 10,4% actual. “Un reto importante, pero perfectamente asumible”, apunta el informe.
En paralelo, hay expertos que abogan por un cambio total del sistema, hacia modelos similares a los de otros países de Europa, con sistemas de aportación y no prestación definida, cuentas individuales de cotización (conocidas como nocionales) y sistemas mixtos de reparto y capitalización.