Así funciona el Impuesto sobre el Patrimonio en España
El Impuesto sobre el Patrimonio grava el valor de los bienes de las personas físicas y es, todavía, una de las principales figuras tributarias en España. La tendencia mundial camina hacia su supresión, por eso es uno de los impuestos más polémicos. Los impuestos son un gasto más con el que se debe contar a la hora de definir el presupuesto de una familia, por lo que conocer y planificar las obligaciones fiscales es clave para evitar imprevistos que puedan poner en riesgo la salud financiera.
En los últimos años, el Impuesto sobre Patrimonio ha dado mucho que hablar. A pesar de ser una figura poco frecuente en otros sistemas fiscales, en España continúa estando vigente y de plena actualidad.
Se trata de un impuesto con idas y venidas en nuestra historia reciente. Fue creado en 1977 y justo antes de la crisis económica de 2008 se apostó por su derogación, aunque fue recuperado poco después. En la actualidad, numerosos expertos apuestan por su eliminación definitiva, pero lo cierto es que afecta a muy pocas personas y su recaudación es más bien residual.
¿Cómo funciona el Impuesto sobre el Patrimonio en España?
El Impuesto sobre el Patrimonio en España grava el patrimonio neto de las personas físicas, que se calcula como el valor de los activos del contribuyente una vez deducidos todos sus pasivos, es decir, sus deudas, a 31 de diciembre de cada año. Se declara en el mismo periodo de presentación de la declaración de la renta, entre abril y junio de cada ejercicio fiscal.
¿Cómo se determina el patrimonio neto?
Según la Agencia Tributaria, el patrimonio neto es la diferencia algebraica entre el importe del patrimonio bruto (el valor total de los bienes no exentos) y la totalidad de las deudas deducibles. La normativa del impuesto sobre el patrimonio establece reglas para la valoración de los distintos bienes o derechos, así como que deudas son o no deducibles.
¿Quiénes están sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio?
En la práctica, es un impuesto reservado a grandes fortunas, ya que la legislación establece una exención con carácter general de 700.000 €. Además, la vivienda habitual está excluida del cálculo del impuesto –hasta un máximo de 300.000 €–, así como los bienes que sean patrimonio nacional o de interés cultural.
Existe una excepción a esta regla general, ya que también estarán obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio aquellos contribuyentes cuyo patrimonio bruto (es decir, sin tener en cuenta las deudas ni la vivienda habitual) supere los dos millones de euros.
En total, según los últimos datos de la Agencia Tributaria a 2022, el Impuesto de Patrimonio afecta únicamente a 230.365 contribuyentes en España, de los que algo más de la mitad tienen su residencia fiscal en Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se valoran los activos para calcular el Impuesto sobre Patrimonio?
Si bien es relativamente sencillo conocer el valor de unas acciones, un fondo de inversión o el dinero en una cuenta corriente, el cálculo se complica al incluir bienes más ilíquidos (difíciles de comprar o vender de forma rápida) como una vivienda, un terreno o un coche.
Para ello, en el caso de estos activos cuya valoración no tenga el respaldo de un mercado organizado, como es el caso de las propiedades inmobiliarias, el artículo 10 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establece que su valor será el máximo entre el valor catastral, el valor de compra de la vivienda y el valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos.
Hay que tener en cuenta, además, que los planes de pensiones no forman parte de la base imponible del Impuesto sobre Patrimonio y, en consecuencia, no tributan por este impuesto.
Una historia con idas y venidas
La historia del Impuesto sobre el Patrimonio en España es singular. Se comenzó a aplicar en 1977, en el marco de la reforma fiscal realizada durante la transición política a la democracia, que tenía como fin modernizar el sistema tributario español.
En 2008 se estableció una bonificación del 100 % que suprimía, de facto, el impuesto. No obstante, y debido a la caída en la recaudación provocada por la crisis económica, el impuesto fue restituido de nuevo en septiembre de 2011, con el nuevo mínimo exento de 700.000 €. Desde entonces, el Impuesto sobre el Patrimonio en España se ha ido prorrogando en los ejercicios sucesivos a través de los diferentes Presupuestos Generales del Estado.
El Impuesto sobre el Patrimonio siempre ha estado en entredicho. Sin ir más lejos, en 2014, un informe realizado por el comité de expertos para la reforma del sistema tributario español, liderado por Manuel Lagares, contemplaba su eliminación definitiva. El motivo principal: evitar las duplicidades e ineficacias en su aplicación y asegurar la prevalencia de los principios de proporcionalidad y no discriminación.
Sin embargo, en la actualidad, el Impuesto sobre el Patrimonio sigue activo en España, siguiendo una tendencia diferente a la mayoría de los países europeos, que ya han apostado por su eliminación total o parcial.
Las Comunidades Autónomas regulan el Impuesto del Patrimonio
Desde la puesta en marcha del Impuesto sobre el Patrimonio, en 1977, se cedió su regulación a las Comunidades Autónomas. Por esta razón, se pagan diferentes impuestos en función de la residencia del contribuyente.
Gracias a este sistema, cada región tiene sus propias competencias para establecer los requisitos y gravámenes que considere adecuados. Existe una regulación estatal que sienta una serie de bases comunes a todas las comunidades. En ella, se establecen los gravámenes sobre la base imponible en caso de que la Comunidad Autónoma no aplique sus propios tipos impositivos. A mayo de 2022, son los siguientes:
Al tratarse de un impuesto autonómico, el mapa fiscal es muy dispar entre comunidades, tal y como sucede con otros tributos cedidos a las regiones, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así, la Comunidad de Madrid, que concentra los mayores patrimonios en España, establece una bonificación del 100 %. Es decir, los contribuyentes deben declarar su patrimonio neto, pero no pagan nada. Cataluña, por su parte, tiene unos tipos que oscilan entre el 0,21% y el 2,7%.
¿Cuánto recauda el Impuesto sobre el Patrimonio en España?
La inmensa mayoría de contribuyentes españoles están exentos de la presentación del Impuesto del Patrimonio. En 2019, último año en el que la Agencia Tributaria ofrece estadísticas, tan solo se presentaron 212.284 declaraciones por un patrimonio neto medio de casi 3 millones y medio de euros.
En total, Hacienda percibió ese año algo menos de 1.200 millones de euros por el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que supone apenas un 0,5% del total de la recaudación de la Hacienda Pública española. Por poner este dato en perspectiva, el IRPF recaudó ese mismo año un total de 86.892 millones de euros y el IVA, 71.538 millones de euros.
Esta recaudación no ha sido muy diferente a lo largo de los últimos 20 años. A excepción de los años 2007 y 2008, cuando los ingresos tributarios se dispararon en línea con el crecimiento económico, y los años 2009 a 2011, años en los que se eliminó el impuesto, la recaudación ha sido similar, y residual en comparación con el resto de tributos.
¿Seguirá España la tendencia de eliminar este impuesto?
A pesar de que en España el Impuesto sobre el Patrimonio sigue estando de plena actualidad, la tendencia global es a su supresión. Por eso no es extraño que muchas voces aboguen también por su supresión. ¿Existe alguna posibilidad de que esto ocurra en el futuro?
Para Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, la respuesta no está clara. “Por un lado, sería fácil responder afirmativamente porque parece razonable cuando este impuesto tiene casi nula presencia en ese ámbito. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, determinados autores consideran que un impuesto que grave la riqueza puede servir de complemento a la progresividad que el IRPF no termina de lograr en algunos contribuyentes con patrimonios elevados”.
El hecho de que existan diferentes sensibilidades en las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las encargadas de su legislación, hacen más complicado su definitiva abolición, ya que también existen opiniones diferentes.
El debate seguirá encima de la mesa en los próximos años. Por el momento, en España se seguirá aplicando este impuesto, aunque la mayoría de los contribuyentes ni siquiera sepan cómo les afecta.