En busca del equilibrio en el sistema público de pensiones español

Los principales retos a los que se enfrenta el sistema español de pensiones públicas son el resultado de dos buenas noticias. Primero, las personas viven cada vez más. La esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta aproximadamente 16 meses cada 10 años, pero la edad media de jubilación lo hace a un ritmo de 6 meses por década. Segundo, la generación del ‘baby boom’ se empezará a retirar a principios de la próxima década con una esperanza de vida mayor que la de sus homólogos europeos (aproximadamente dos años más), pero sin que nuevas generaciones lleguen a sustituirla.

Ante estos retos el sistema de pensiones necesita acometer cambios que sean graduales pero efectivos, que garanticen la sostenibilidad y resulten creíbles para la sociedad, y que aseguren el equilibrio entre generaciones y entre los distintos segmentos de la población que se vean afectados.

Los datos publicados por el servicio de estudios de BBVA apuntan que el déficit existente en 2018 supuso 18.937 millones de euros, equivalentes a unos 150 euros de la pensión mensual media de jubilación y, por su parte, el déficit acumulado entre 2011 y 2018 llegó a alcanzar casi 103.000 millones de euros. La sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para financiar este déficit acumulado, que equivale a más de 10.650 euros por pensionista. Con las previsiones a febrero de 2019, el déficit en pensiones en 2019 será similar al de 2018 y excederá en un 12,6% el gasto (18.650 millones).

Los ingresos del sistema en 2018 han sido ya un 4,5% superiores a los de 2008, a pesar de que la Seguridad Social contaba todavía con un 2,2% menos de afiliados. Por su parte, incluso sin sumar su revalorización anual, el gasto en pensiones crece ligeramente por debajo del 3% como resultado del crecimiento del 1,1% del número de pensiones y del 1,6 del efecto sustitución, debido a que la nuevas pensiones son mucho más altas que las que abandonan el sistema.

Perspectivas y propuestas de mejoras

“La sostenibilidad del sistema público de pensiones no interfiere en los objetivos de suficiencia y eficiencia. Al contrario: la suficiencia peligra sin dicha sostenibilidad”, dice Rafael Doménech. Con carácter general hay que aspirar a que las pensiones se revaloricen con el IPC. Pero para asegurar su sostenibilidad es necesario adoptar cambios en el sistema. Las pensiones de los nuevos jubilados son muy superiores a lo cotizado a lo largo de la carrera laboral, por lo que entran con un déficit actuarial que la demografía prevista no puede compensar. Incluso con la reforma de 2011 funcionando plenamente, el déficit será de 28 céntimos por euro.

Según las proyecciones disponibles, el número de pensiones de la Seguridad Social aumentará hasta los 15 millones en 2050, frente a 9,7 millones de pensiones enero de 2019. Ante este escenario, para mantener la pensión media sobre salario medio y la presión fiscal que actualmente tiene el sistema, para atender los 15 millones de pensiones previstas para 2050 se necesitarán al menos 29 millones de cotizantes.

Según el servicio de estudios de BBVA, ante este más que probable aumento del número de pensiones sin un incremento similar en el número de cotizantes, la sociedad española puede elegir distintas combinaciones entre tres posibles alternativas:

• Aumentar la presión fiscal: de este modo se evitaría la caída de la pensión media sobre el salario medio pero a cambio de más impuestos (con efectos negativos sobre el crecimiento y la creación de empleo) o menos gasto público en otras partidas presupuestarias.
• Reformas estructurales que disminuyan la tasa de desempleo, y aumenten la tasa de actividad y de empleo, la productividad y los salarios. Esto supondría más capital productivo, humano, tecnológico y pensiones mayores a cambio de una disminución gradual de la pensión media sobre el salario medio, convergiendo a los niveles de otros países europeos.
• Más ahorro complementario, como se hace en otros países europeos.

Todas estas alternativas son consistentes con un sistema público de pensiones de reparto sobre la base de cuentas nocionales o individuales de contribución definida, como hizo Suecia (2001). Con las cuentas nocionales o individuales el sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, por la existencia de pensiones mínimas. La mayor parte de las pensiones contributivas se calculan con toda la carrera laboral y con pensiones iniciales que entran en el sistema garantizando el equilibrio financiero, en base a las proyecciones demográficas y económicas, de manera que puedan revalorizarse con la inflación a lo largo de toda la vida del pensionista. Los trabajadores reciben anualmente información de la Seguridad Social sobre la pensión a la que pueden aspirar en el momento de la jubilación y cómo varía en función de la edad a la que se jubilen. Además, mejorar la contributividad y transparencia hace que sea más sencillo y fácil de entender, elimina incertidumbres y ayuda a percibir las cotizaciones sociales como un ahorro y no como un impuesto, incentiva el crecimiento del empleo y de la productividad, y la prolongación de la vida laboral.

Aunque no haya soluciones definitivas ni gratuitas al reto de la suficiencia de las pensiones, es necesario realizar ajustes graduales en busca del equilibrio y sostenibilidad en el sistema público de pensiones para anticiparse al futuro.