Las empresas españolas se unen para reclamar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética
BBVA junto con otras 30 empresas españolas firman un manifiesto pionero en España que tiene como objetivo abordar el proceso de descarbonización de la economía. Reclaman con carácter urgente una ley estable, y sin lugar a dudas indispensable, para consolidar este proceso de cambio. De este modo, BBVA refuerza su firme compromiso con la financiación sostenible.
Un total de 32 multinacionales y medianas empresas españolas han firmado el manifiesto “Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el Cambio Climático”. Una iniciativa pionera hasta ahora en España coordinada por el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), que destaca la necesidad de abordar de forma ambiciosa, el proceso de transición energética en nuestro país.
Una transformación en la que BBVA ha jugado un rol esencial impulsando y apoyando las iniciativas y productos de financiación verde o sostenible. En los últimos años, la entidad financiera se ha convertido en un referente en este tipo de financiación, tanto en bonos como en préstamos. La firma del manifiesto sigue la línea de la ya establecida estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible del Grupo, Compromiso 2025.
En el manifiesto anunciado hoy, las empresas instan a los poderes públicos a que en este año 2018, lleguen a un acuerdo que facilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética estable, ambiciosa y eficaz, que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo.
Un marco legal y regulatorio concreto y creíble servirá para incentivar la inversión privada, acelerando el proceso de descarbonización
Para ello consideran que la Ley debería incluir, al menos, las siguientes medidas:
- Objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la UE y el Acuerdo de París.
- Un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de “quien contamina, paga”, de modo que empresas y ciudadanos orienten su actividad en línea con la nueva economía sostenible.
- Un órgano de la Administración del Estado para direccionar, coordinar y supervisar el proceso de descarbonización, al tiempo que cree una autoridad independiente cuya misión sea garantizar el cumplimiento del modelo y evaluar e informar de su evolución.
- Un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles, al tiempo que un conjunto de medidas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos los sectores.
- Esquemas que mitiguen el eventual impacto del proceso de descarbonización sobre los colectivos vulnerables, asegurando un reparto equilibrado de los beneficios del proceso.
- Un papel activo y dinamizador de la Administración, impulsando la descarbonización como criterio decisor en la política de compra pública, con carácter ejemplarizante.
- Medidas para la información y transparencia de los mercados financieros internacionales sobre los riesgos asociados al cambio climático, su impacto sobre los estados financieros de los agentes, y la necesidad de una mayor transparencia y dinamismo en este ámbito.