¿Qué es la austeridad fiscal?
De forma simplificada, la austeridad fiscal podría definirse como el rigor en el control del gasto público. Una política económica basada en la austeridad fiscal (también denominada política fiscal restrictiva) tiende a aplicarse cuando las cuentas públicas registran un déficit (diferencia negativa entre los ingresos y el gasto públicos) abultado o difícil de corregir si no se adoptan medidas específicas para ello.
La austeridad fiscal puede materializarse de tres formas:
- Reducción del gasto público.
- Aumento de impuestos.
- Reducción de gasto acompañada de un incremento de impuestos.
Las decisiones de austeridad fiscal suelen incluir recortes salariales de los empleados públicos, reducción de transferencias públicas y prestaciones sociales (becas, pensiones, subsidios por desempleo), contención del gasto en inversión pública o desinversiones (procesos de privatización de activos públicos) y subida de impuestos.
Estas medidas han estado y siguen estando especialmente presentes en aquellas economías en las que la sostenibilidad de su deuda pública a medio plazo es más cuestionable, es decir, en ausencia de una política fiscal restrictiva, la deuda pública de dicho país puede registrar incrementos anuales persistentes.
El multiplicador fiscal
Llegado a este punto, es necesario tener en cuenta los efectos que estas políticas fiscales generan sobre el crecimiento económico o, dicho de otro modo, la variación que registra la producción de una economía ante la reducción de gasto público y/o incremento de impuestos asociados a una política de austeridad fiscal. Es lo que se denomina multiplicador fiscal.
Si el multiplicador fiscal es muy elevado, los efectos negativos de la austeridad fiscal sobre el PIB serán muy significativos, lo que, a su vez, reducirá los ingresos públicos por recaudación de impuestos e incrementará el gasto público asociado, por ejemplo, a prestaciones por desempleo. En concreto, las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno a este concepto muestran que el impacto de una consolidación fiscal del 1% del PIB puede llegar a reducir el crecimiento económico a corto plazo hasta un 1%, aunque, al hilo de la recesión, este efecto puede ser incluso superior en algunas economías.
A día de hoy, se ha convenido que es necesario adecuar la senda de austeridad fiscal al momento del ciclo económico en el que se encuentre cada país, para evitar que los recortes de gasto y/o los aumentos de impuestos terminen por reducir la actividad privada y el empleo, dificultando la contención del déficit público.