Chile: finanzas públicas, más allá de este año y el próximo
El gobierno chileno acaba de cumplir con el requisito formal de presentar ante el Congreso las cifras macro-fiscales de cierre del año 2015 y una actualización de proyecciones para este año. Como es habitual, se ha dado bastante debate en torno a las cifras publicadas, tanto en lo relativo a los supuestos macroeconómicos utilizados, como respecto de sus implicancias sobre la situación fiscal para este año.
No me referiré a esa discusión, sino que quiero poner sobre la mesa un tema que en mi opinión es mucho más relevante y que requiere un debate profundo, el cual no lo tuvimos en los tiempos de bonanza y que en un contexto de caída de ingresos fiscales y de altas presiones de gasto se hace fundamental. Me refiero a la discusión de las finanzas públicas en el mediano plazo, más allá de este año e incluso del próximo.
Proyecciones presupuestarias
Un guiño a esta discusión –aunque insuficiente en mi opinión- se hace anualmente en cada Informe de Finanzas Públicas, donde además de las proyecciones para el año del presupuesto, se presentan proyecciones para los siguientes tres años. Estas toman en cuenta la mayor parte de los compromisos de gastos, suponen las metas de balance fiscal estructural auto impuestas por la autoridad y mantienen constantes las últimas proyecciones para los parámetros de largo plazo, el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre. Este análisis mostró a fines del año pasado que los espacios de gasto eran negativos, es decir, que no existían holguras para incorporar nuevas iniciativas dada la evolución más probable de los ingresos y, de hecho, se requería hacer un ajuste fiscal cercano a los US$ 500 millones en 2017-18. Considerando los supuestos usados en esa estimación, es muy probable que hoy las holguras sean aun más negativas.
La situación actual de las finanzas públicas ha dejado en evidencia que hay una serie de debates que como país debemos tener y que hasta ahora no lo hemos hecho, quizás por la vorágine de temas aparentemente más importantes que debe tratar cada gobierno en períodos cortos de tiempo. Por ejemplo, cuando se creó la regla fiscal el año 2001 se estimó con argumentos sólidos que el país necesitaba tener anualmente un superávit estructural de 1% del PIB, meta que posteriormente, el año 2007, fue reevaluada y revisada hacia un superávit de 0,5% del PIB. ¿A qué meta debemos aspirar ahora y en qué plazo? Esta discusión no la hemos tenido y está estrechamente vinculada con las perspectivas de crecimiento de los ingresos efectivos y cíclicamente ajustados o estructurales en los próximos años, puesto que de ahí se derivan los espacios disponibles para el gasto público. También forma parte de este debate pendiente la estrategia de financiamiento para eventuales déficits fiscales en el futuro.
Política fiscal
La restricción presupuestaria del gobierno no se extiende por uno ni dos años, sino que tiene un horizonte que tiende a infinito. Sin embargo, la duración de los ciclos políticos hace que el análisis de las holguras fiscales actualmente se centre a lo sumo en los siguientes cuatro años y solo de forma parcial. Los efectos de la política fiscal, tanto en lo relativo a los impuestos, al gasto y al financiamiento del déficit o a los ahorros en tiempos de bonanza, no solo impactan a la economía en el momento que se toman las decisiones sino que van mucho más allá, afectarán a nuestros hijos y nietos, de manera que como país necesitamos debatir más intensamente sobre estos temas y los gobiernos debiesen hacer un esfuerzo mayor hacia una permanente rendición pública de cuentas sobre la situación fiscal de mediano y largo plazo. Este análisis es aun más importante y necesario, aunque no excluyente, que el de la situación fiscal del año en curso como el que conocimos esta semana.