¿Qué hacer en caso de que ocupen mi vivienda?

Esta es la historia real de una propietaria afectada por el fenómeno de la ocupación, la situación que actualmente viven cientos de familias en España. Muchos barrios de las principales capitales españolas padecen diariamente esta realidad.

Diferentes tipos de ocupación

En primer lugar conviene hacer una distinción entre los diferentes tipos de ocupación. Como explica Inmaculada Cuesta, asesora social del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, “hay que diferenciar principalmente entre las ocupaciones realizadas por parte de mafias que pertenecen a una red, y las ocupaciones de familias que responden a una situación de necesidad que, en determinadas situaciones, son utilizadas por las mafias”.

Esta diferencia también reside en el carácter político-ideológico, cuando la toma de un edificio o un inmueble no es un fin en sí mismo (vivienda como primera necesidad), sino que es un medio para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda y que va ligado casi siempre a posiciones ideológicas anticapitalistas y antisistema. En el `Manual de actuación sobre el fenómeno okupa y políticas públicas de seguridad aplicables´ de David Piqué, Comisario de los Mossos d'Esquadra de Barcelona, se constata que la mayor parte de las personas que han ocupado un inmueble se autodefinen como "anarco-libertarios".

“Lo normal es que las familias, antes de llegar a esa situación de ocupación, se hayan dirigido a las diferentes instituciones, como pueden ser los ayuntamientos o la comunidad autónoma a pedir ayudas”, explica Inmaculada Cuesta del  Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. “No han encontrado respuesta en las administraciones, por lo que yo entendería que es un fracaso por parte de la administración, que no da respuesta a un tema tan importante como el derecho a la vivienda”.

Tanto la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) como muchos colegios de abogados también lo tienen claro. “Yo creo que la ocupación de viviendas por familias en estado de necesidad, en número, es marginal con respecto al otro tipo de ocupaciones. Que su reproche legal es, evidentemente el mismo, pero su reproche moral no es ni parecido”, matiza Joaquín Verdegay, presidente de la Sección Inmobiliaria del Colegio de Abogados de Madrid.

En cuanto a las ocupaciones mafiosas, Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), apunta efectivamente a las personas mayores como especialmente damnificadas: “Muchos destrozos en las zonas comunes implican problemas con los ascensores que acaban tan destrozados que no se pueden utilizar, estamos hablando a lo mejor de personas mayores, o personas enfermas,  que ven absolutamente limitada su posibilidad de bajar a la calle, con lo cual su vida cambia de la noche a la mañana”.

“Las mafias intimidan, amenazan y hacen la vida imposible, primero a las personas que viven en los edificios donde se dan este tipo de prácticas mafiosas y luego, por extensión, a las zonas colindantes. Esta gente se apropia del espacio público, intimida al vecindario, genera una serie de pequeños delitos como robos y hurtos en las inmediaciones y fundamentalmente destrozos de los espacios comunes de los edificios, como del mobiliario y las zonas colindantes a los edificios”, detalla Enrique Villalobos.

“En muchas ocasiones se enganchan a la luz y a otros suministros, y se llegan a producir verdaderas averías, que supone que haya familias o edificios enteros que se quedan sin calefacción una semana, por ejemplo, porque rompen toda la calefacción central de un edificio, o se quedan sin electricidad, al menos en las zonas comunes porque tiran de esa electricidad en el enganche”, añade el presidente de la FRAVM .

Erika García, asesora social del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que ambas ocupaciones están relacionadas en muchas ocasiones. “Es posible que las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, acudan a redes informales, como pueden ser las redes mafiosas, para poder obtener una solución rápida como es la entrada en una vivienda. Las ocupaciones mafiosas nacen a partir de que existe una demanda por personas que están en una situación complicada porque no tienen vivienda”, añade.

Fenómeno creciente

Según datos del INE, en España había un total de 3.443.365 viviendas vacías en 2011. Actualmente es difícil encontrar cifras reales de cuántas viviendas están ocupadas o han sido ocupadas en los últimos años. Después de acudir a la Dirección Nacional de Policía, al Servicio de Estadística de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y al Instituto Nacional de Estadística, encontramos que no existe un registro de un fenómeno como éste. Ante la ausencia de cifras oficiales, la percepción que se apunta desde varias fuentes, entre ellas la propia Policía o la FRAVM es de fenómeno creciente. El presidente de las asociaciones de vecinos madrileñas no tiene dudas: “llevamos del orden de siete años con un incremento constante y peligroso del número de ocupaciones en la Comunidad de Madrid”.

Los expertos en derecho inmobiliario confirman que ellos sí han advertido un mayor número de procedimientos penales en tramitación

Ante este creciente fenómeno y preocupación social, algunas instituciones han movido ficha. Es el caso del anuncio, hace unas semanas, de la creación de una nueva figura para combatir las ocupaciones en la Comunidad de Madrid. Se trata del nuevo coordinador de seguimiento de viviendas ocupadas de Madrid, Sergio Gámez Hortal. Este inspector jefe tendrá a su disposición todos los efectivos necesarios de las diferentes unidades policiales. En primer lugar buscará “censar” las aproximadamente 24.500 viviendas susceptibles de ser ocupadas en la Comunidad de Madrid. De ellas, unas 5.000 están en la capital.

Durante esta presentación, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, destacó que "hay que solucionar un problema que, de no atajarlo, irá a más porque hay cierta impunidad en estas ocupaciones" y hay vecinos que "llevan muchos años en situación de desamparo".

En el caso de Madrid, los ciudadanos que tengan conocimiento de un caso de ocupación pueden contactar, de forma anónima y gratuita, en el teléfono 900 100 301 o por correo electrónico a madrid.ocupacion@policia.es.

Para agilizar los procesos, se ha elaborado un protocolo de actuación desde que se detecta la existencia de un piso ocupado, hasta el inicio del juicio. Para ello, las notificaciones recibidas serán tratadas informáticamente y, una vez comprobada la veracidad de la ocupación, se contactará con el propietario de la vivienda para informarle y agilizar la presentación de la denuncia.

El código penal ampara al propietario, al legítimo poseedor del inmueble que tiene derecho a ejercitar las acciones, en vía penal, que le corresponden. El artículo 245 es el que tipifica estas actuaciones. Al respecto, cabe diferenciar en cuanto a si la ocupación es una ocupación violenta o es una ocupación pacífica. Si la ocupación es violenta, puede llevar aparejada pena de prisión de uno a dos años, mientras que si es pacífica, lleva aparejada una pena de multa de tres a seis meses.

Denunciar inmediatamente

En el momento en el que un ciudadano descubre que su vivienda ha sido ocupada, lo primero que ha de manifestar es su oposición a que el inmueble esté ocupado mediante una denuncia que ha de interponer, bien en un juzgado o bien en comisaría, e inmediatamente ponerse en manos de un profesional del Derecho, preferiblemente especialista en Penal.

El cliente no conoce los derechos que tiene, ni que la jurisdicción penal ampara una ocupación

“Lo primero que debería tener claro el propietario es que la ocupación de una vivienda es un delito, en el que el estado de necesidad puede llegar a ser una circunstancia eximente, pero es un delito y cuando alguien se encuentra con un delito, en este caso de usurpación, lo primero que tiene que hacer es llamar a la Policía y ponerse en manos de un abogado ya que en la rapidez de acción, normalmente, va a estar el éxito en la recuperación”, explica Joaquín Verdegay.

Desinformación y desprotección

La desinformación, en muchos casos, va de la mano de la indefensión. Como señala José Antonio Tuero, presidente de la sección Penal del Colegio de Abogados de Madrid, “el ciudadano desconoce que una ocupación es un delito, y que por tanto puede interponerse una denuncia en vía penal. El cliente no conoce los derechos que tiene, ni que la jurisdicción penal ampara una ocupación”, advierte.

La desinformación incentiva la picaresca del ocupa. Se han dado casos en los que si un ocupa muestra un contrato de arrendamiento, aunque no lo haya hecho el propietario, lo más probable es que la policía no pueda seguir actuando, y que el juzgado de lo penal también se inhiba en función de la jurisdicción civil puesto que la jurisdicción competente para valorar si ese contrato de alquiler es o no competente es la jurisdicción civil.

Siempre la vía penal es más ágil, más rápida. Los juristas avisan: “si un procedimiento se 'civiliza', podríamos estar hablando de en torno a un año o un año y medio de duración del procedimiento. Sin embargo, en la vía penal la tramitación es más rápida y estaríamos hablando de tres semanas, máximo tres meses”.

Desde que un ciudadano presenta una denuncia en comisaría hasta que llega al juzgado pasan unas cuantas horas y hasta que se reparte y se remite al juzgado pertinente y se abren diligencias pasan hasta tres días. En ese tercer o cuarto día, el ciudadano debería personarse con un abogado para pedir la adopción de medidas cautelares, que no es ni más ni menos, que la recuperación de la vivienda o local y sacar de ella a las personas que la han ocupado.

El porcentaje de éxito para los propietarios es aproximadamente de un 85%

Ambas vías son eficaces. José Antonio Tuero explica que el porcentaje de éxito es prácticamente igual, aproximadamente un 85% de éxito en ambos procedimientos. La diferencia es que la vía penal es más coercitiva, no es lo mismo enfrentarse a una pena que lleva aparejada la posibilidad de antecedentes penales o incluso una condena de prisión que a una condena civil que únicamente tendría aparejada una pena pecuniaria, de dinero.

Hasta 1.500 euros

En cuanto al coste del proceso penal para el propietario, puede variar entre 800 y 1.500 euros aproximadamente. Aunque todo depende de lo que se demore el proceso y las actuaciones que haya que realizar en el mismo.

Y es que, aunque el propietario gane el juicio y los que han ocupado sean condenados a pagar los costes ocasionados, suele ocurrir que estas personas se declaran insolventes y eluden hacer frente al gasto ocasionado al dueño de la vivienda. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones es la víctima de una ocupación quien paga tanto los costes judiciales como los desperfectos o destrozos producidos en su inmueble.

Consejos online para ocupar una vivienda

La extensión y mejora de las comunicaciones derivada del uso masivo de Internet, ha favorecido el propio tejido asociativo de la ocupación y ha propiciado una mejor comunicación de todos sus elementos. La red está llena de páginas web con manuales de ocupación que son auténticos protocolos de actuación y tutoriales frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que facilitan recursos y asesoría legal frente al derecho de  los legítimos propietarios.

En cuanto a las carencias o resquicios del sistema, Tuero lamenta la laxitud y cierta simpatía que este fenómeno ha adquirido y que tiene su traducción, a su juicio, incluso en algunas sentencias judiciales. “Es increíble además la abundante información que se puede encontrar en Internet asesorando a la gente que se dedica profesionalmente a la ocupación. Para intentar evitar, precisamente, la vía penal incluso confeccionan documentos que soportan algún tipo de relación jurídica, absolutamente inexistente, que lo que hacen es impedir que el procedimiento penal avance y que por tanto se derive a un procedimiento civil”, explica el jurista.

Muchísima gente no denuncia por miedo a ser agredidos

“Por norma general, las mafias buscan viviendas vacías de bancos, ya que los bancos no tienen una atención sobre la vivienda como la que puede tener un propietario individual, aunque hay bastantes casos en los que se ocupan viviendas porque ha fallecido una persona mayor y los hijos o los nietos no se ponen de acuerdo en la utilización de esa vivienda. Lo que hacen estos grupos es ojear, detectar esas viviendas y, una vez que las ven vacías, las ocupan, hacen todo el enganche de suministros y, a partir de ahí, o bien le 'venden' la vivienda a un tercero –evidentemente es una venta ilegal– o bien se la alquilan. Para que esto pueda ocurrir intentan, primero, que esto sea en edificios donde hay varias viviendas de este estilo, con estas características, para que se pueda hacer una entrada por la fuerza y la amenaza, que en la inmensa mayoría de los casos minimiza que la gente denuncie. Muchísima gente no denuncia por miedo a ser agredidos o cosas peores”, concluye el presidente de la FRAVM.

Efectivamente, tal y como refería el representante vecinal, la banca con un importante parque de viviendas en propiedad (muchas de ellas puestas a disposición de alquiler social) enfrenta también este problema. En el caso de BBVA, su director global de Negocio Responsable, Antoni Ballabriga, explica que desde la entidad tratan de abordar desde el principio la situación con el cliente. “Con nuestros clientes estamos siendo muy anticipativos, tratando de abordar soluciones concretas de refinanciación, de alquiler social en la propia vivienda… Yo diría claramente que en clientes el problema está resuelto. El objetivo es que no pierdan su vivienda”.

Y vuelve la diferenciación inicial con la que arrancaba este reportaje: “Otro tema es la ocupación efectiva de viviendas por parte de personas o mafias que ocupan ilegalmente una vivienda o edificios enteros. Ahí lo que hacemos es informar inmediatamente a las administraciones públicas para que, de alguna forma reconozcan ese caso y vean cómo abordarlo. Pero siempre si se trata de una familia en riesgo de exclusión, nosotros paralizamos el lanzamiento o el desahucio de esa familia, a la espera de que la Administración Pública sea capaz de abordar una solución racional”, concluye Ballabriga.

En lo que todos coinciden es en la necesidad de un trabajo coordinado desde todas las partes implicadas en este problema, tanto las privadas como, sobre todo, las públicas. Para Enrique Villalobos, “en un país democrático del siglo XXI no debería haber problemas para que administraciones gobernadas por partidos distintos se pusiesen de acuerdo para resolver un problema social, porque esto nos afecta a todos, con independencia del equipo de fútbol que nos guste, o del partido al que votemos”, concluye.