Breve historia de BBVA (XIV): el reto de volver a la normalidad
Mientras el gobierno de Franco trataba de recomponer económicamente una España en el chasis, las empresas comenzaban su particular preparación para sentar las bases de sus negocios en un nuevo mercado, mucho más intervenido y si apenas resquicio para la relación comercial alguna con el exterior. Entre ellas, la banca tenía una ardua tarea para unir las dos realidades que se había visto obligada a vivir la industria durante la guerra.
Vuelta a la unidad
La prioridad que se imponía en la banca española era la de la recuperación de la unidad por encima de otras necesidades. Gran parte de las entidades bancarias habían visto cómo sus empresas habían tenido que sufrir una bicefalia a la hora de continuar con su actividad en los cambiantes territorios nacional y republicano según iba transcurriendo la contienda bélica. Pese a los esfuerzos por ser fieles a los principios económicos y bancarios, no se puede soslayar que las circunstancias de la guerra y la intromisión de los gobiernos republicano, nacional y autonómicos complicaron el normal desarrollo de la actividad bancaria en España. Aun así, finalizada la guerra, la banca pudo recuperarse de las trabas sufridas en un tiempo récord.
Las entidades bancarias se pusieron manos a la obra para reconectar sus sedes centrales con las sucursales que habían vivido durante meses la desconexión que había tenido lugar en uno y bando de la contienda. Las sucursales deterioradas fueron también objeto temprano de atención, reparándose en algunos casos y buscándose alternativas para las que no merecían de una reconstrucción por mor de su penoso estado. Se recuperaron las precarias contabilidades realizadas desde el 36 al 39 y con los documentos contables parciales se consiguieron configurar unos libros más ajustados a la auténtica realidad posbélica. Asimismo, se pudieron rescatar tanto la documentación como los activos que se habían logrado evacuar al extranjero para que no cayeran en manos del bando enemigo.
El 23 de junio de 1939 pasaron a mejor vida los Comités y las Comisiones Gestoras de la Sociedades que se habían creado meses atrás para ocupar del lugar de los órganos rectores de los bancos y las cajas de ahorros y desde ese momento pudieron ir formándose los nuevos Consejos de Administración.
Cheque del Banco de Vizcaya de los años 40.
El statu quo bancario
La nueva organización del Estado resultó mucho más intervencionista que la existente durante la Segunda República y los bancos no escaparon de la intromisión de la administración en los negocios privados. El 19 de octubre de 1939 el gobierno regulaba por ley aspectos como el modus operandi de los bancos, la forma de sus redes operativas y las sucursales que podían tener. Según dictaba la nueva norma impulsada desde la cartera de Hacienda, “cualquier modificación en la constitución de empresas bancarias que implique cambio en su naturaleza jurídica, requerirá, para surtir efectos en el orden bancario, la previa aprobación de este Ministerio”.
El conocido como statu quo bancario no era otra cosa que la plasmación de dos necesidades por parte del Estado: una urgente reconstrucción económica del país y una fuerte intervención en la dirección de los negocios.
La anteriormente citada orden de octubre del 39 no surtió efecto hasta el 17 de mayo de 1940 cuando se decretó que la prohibición a la industria bancaria de abrir nuevas entidades, sucursales y agencias, así como el traslado físico de alguno de ellos. Sin embargo, una nueva ley del 30 de diciembre del mismo año relajaba un tanto la imposibilidad de que los bancos modificaran sus unidades. Según la nueva disposición, y siempre previa autorización del Consejo de Ministros, se podrían abrir nuevas sucursales “por razón de interés o de conveniencia nacional o de Estado” o trasladar alguna de ellas dentro de la misma plaza “cuando no supongan aumento del número de Sucursales o Agencias de un Establecimiento y estuvieran promovidos por insalubridad, ruina, demolición o cualquier otra causa”.
Se vivían momentos de tomas de decisión continuas, tratando de ir corrigiendo la proa de la economía cada poco tiempo y así en abril de 1941 una nueva ley levantaba un poco la mano respecto a los requisitos exigidos a la industria bancaria debido a la mejora que se percibía. Los Consejos de Administración y los órganos de gestión recibían el permiso para gestionar “ampliaciones de capital, dividendos pasivos y puesta en circulación de acciones”. Sin embargo, y estaría vigente durante muchos años, se prohibía específicamente el reparto de dividendos activos a los accionistas.
En 1940 ya se permitió presentar los balances a aquellas entidades que no hubieran sufrido durante la guerra de la intervención de los poderes políticos del bando republicano. La banca que durante la contienda bélica había tenido sus sedes o parte de sus sucursales en Madrid, Cataluña, el País Vasco o Levante, no pudo hacerlo hasta la derogación de la Ley de Desbloqueo en 1942.
La Ley del 13 de marzo de 1942 posibilitó que, entre otros asuntos, se regulara la liquidación del ejercicio económico 1936-1941 del Banco de España. El control sobre el Banco de España se volvió mucho más férreo por parte del Estado con el otorgamiento de la dirección de la entidad a la Delegación del Gobierno cuyas cabezas más visibles serían el comisario de la banca oficial y dos técnicos nombrados por organismos dependientes del Estado. De esta manera, el propio Estado elevaba su representación en el gobierno del Banco de España de tres consejeros a cinco.
Extracto de la parte final de la publicación en el BOE de la Ley del 13 de marzo de 1942.
En lo referente a la presencia de la banca española en el exterior destaca la recuperación de la sucursal del Banco de Bilbao en París tras la quiebra que había sufrido durante la guerra civil. La única sucursal de la banca privada en la capital francesa dejó atrás la quiebra en noviembre de 1941 y fue puesta a disposición de la dirección del Banco de Bilbao en enero de 1942. Pese a todo, durante la década de los 40 no levantaría cabeza, pasando grandes penalidades dado que por un lado había perdido a sus clientes habituales durante la guerra española y su vuelva a la relativa normalidad se vería afectada por la irrupción de la II Guerra Mundial. En cuanto a la oficina de Londres, a lo más que se pudo aspirar fue a sobrevivir. Por su parte, la red del Banco Exterior fue paralizada en cuanto a los planes de expansión que sobre la misma se habían trazado durante la Segunda República. La autarquía dictada desde el comienzo del gobierno de Franco no permitía crecimiento internacional alguno y las relaciones comerciales ya existentes en el extranjero se vieron severamente afectadas por la estricta regulación impuesta por el Estado.