Breve historia de BBVA (X): la problemática de la contabilidad en la Guerra Civil

Ceguera contable

Los comienzos de 1937 obligaron a la banca republicana a reinventar sus procedimientos contables. Dado que se le escapaba el control de las oficinas que habían quedado en el bando contrario, no se disponía de la información suficiente como para llevar la contabilidad. Así las cosas, no se podía, por ejemplo, convocar las Juntas Generales de Accionistas debido a la fidelidad estatutaria de las entidades bancarias.

De todas formas, como era lógico, esta pulcritud por respetar la norma vigente no duraría demasiado. A las puertas del verano, se validó un sistema de prórroga que permitía presentar un estado de comprobación para final de año y un presupuesto a mediados del ejercicio. Esta fórmula se utilizó tanto en 1937 como en 1938.

La progresiva pérdida de territorio sufrida por el ejército republicano obligó a que los libros contables de los bancos comenzaran a viajar de un destino a otro en función de la contienda, dándose casos en los que la documentación se tuvo que dar por perdida sin posibilidad de traslado. La realidad de los estados contables de la banca republicana no hizo sino empeorar con el paso del tiempo con el consiguiente perjuicio para los intereses de las entidades.

A diferencia de lo que ocurría con las sucursales del bando republicano, las de la zona nacional no estaban supervisadas contablemente por una sede central. A los pocos meses de comenzar la guerra, la banca nacional dispuso de una moratoria contable por mor de la imposibilidad de colegiar verazmente los datos de cada entidad. El visto bueno para dicha exención temporal se aprobaría desde el Comité Nacional de la Banca sito en Burgos a expensas del visto bueno definitivo del gobierno de Franco. El decreto se validaría en febrero y estaría vigente durante cuatro años, hasta febrero de 1941. No obstante, las exenciones debían solicitarse anualmente desde los bancos y se tenía que contar con la aprobación de los órganos bancarios del bando nacional y por su autoproclamado Ministerio de Hacienda.

Con una España cada vez más dominada por Franco, el 13 de octubre de 1938 se promulgó una ley que vino a obligar a todos los bancos en territorio sublevado a reconstruir sus contabilidades. Así se formaron distintos órganos tanto con personal de la administración como de las entidades bancarias con el fin de poder poner orden a la mayor brevedad al galimatías contable existente entre las sucursales del bando nacional y las que fueron incorporadas al mismo. La citada ley obligaba a inmovilizar los saldos de los activos y los pasivos que no reflejaran con fidelidad la realidad debido a la desaparición de la contabilidad. Esta circunstancia causaba un evidente perjuicio a los acreedores del banco en cuestión y a quienes habían confiado en la entidad sus depósitos, que se veían inermes para reclamar legalmente sus derechos.

La reconstrucción de las contabilidades se llevaba a cabo entre las partes implicadas e interesadas en el estado de las cuentas de cada banco. Dadas las enormes dificultades que se presentaban por la ausencia de documentación, en el caso de no llegar a acuerdos se designaba a terceros que mediaran. Asimismo, cualquiera de las decisiones que se tomaran tenían siempre carácter de provisionalidad en espera de posibles esclarecimientos futuros en el caso de que apareciera nueva documentación o información relevante.

La red bancaria española en el exterior

En 1936 la banca española en el exterior la conformaban las oficinas del Banco de España y el Banco Exterior -en cuanto a la banca oficial se refiere- y las del Banco de Bilbao y algunas corresponsalías del Central, Banesto y el Hispano Americano por parte de la banca privada.

El Banco de España disponía de oficinas en las capitales de Francia, Alemania y Reino Unido, además de la que tenía en Tánger, entonces protectorado internacional. El Banco Exterior abrió oficinas en los EE.UU., el Reino Unido, Francia y Bélgica al poco tiempo de iniciarse la guerra.

De entre los actores de la banca privada, era el Banco de Bilbao el que contaba con mayor representación fuera de las fronteras españolas. El Bilbao había abierto sucursal en París en 1902 y en Londres en 1918 y contaba también con una oficina en Tánger.

Banesto trabajaba en el exterior por las corresponsalías que tenía en bancos extranjeros y el Hispano y el Central enfocaba sus negocios exteriores sobre todo a Latinoamérica. El Central contaba con la corresponsalía del Banco Exterior del Río de la Plata en exclusividad. Además, en París estaba el Banco Español que era un consorcio formado en tiempos de Primo de Rivera por trece bancos regionales del norte de España con el Banco Guipuzcoano como el más destacado de entre ellos.

La presencia de la banca en el exterior se convirtió en otro campo de batalla entre republicanos y sublevados. El abastecimiento de recursos para la guerra dependía en buena medida de la posibilidad de abrir vías financieras adecuadas. Y en este aspecto el bando nacional tuvo mayor pericia o al menos no se encontró con las dificultades a las que tuvo que hacer frente su enemigo. Los mercados financieros de los países más poderosos (Reino Unido, Francia y EE.UU.) no confiaban en el gobierno republicano y pese a que éste utilizó la red del Banco Exterior para realizar canjes y operaciones, la situación distaba de ser la mejor.

Por su parte, el Banco Exterior de la zona nacional canalizaba divisas de otras entidades y centralizó sus operaciones de normalización monetaria en los territorios españoles de Guinea Ecuatorial. Desde allí amplió su radio de acción a Canarias así como al Sidi Ifni. Esta progresión permitió que otros países se abrieran a hacer negocios con la banca de Franco.

El Banco de Bilbao, única entidad española con red bancaria internacional propia, se encontraba ante una situación particular. El hecho de que su sede central se encontrara en Bilbao implicaba que además de las distintas intervenciones que tenían lugar por parte de los dos bandos en contienda, se viera sometido a las del gobierno vasco. Que el Banco de Bilbao contara con una red exterior suponía la posibilidad de controlar un suculento instrumento de entrada de divisas y así las sucursales de París y Londres pronto se convirtieron en objeto de deseo de todos.

Nacionales, republicanos y vascos se encontraban con el valladar de la ausencia de soberanía jurídica sobre las sucursales de Londres y París. Por si esto no fuera suficiente, que desde las plantillas de dichas oficinas se peleara por el imperio del negocio por encima de los intereses particulares de los bandos hacía más complicada aún la situación. Los empleados de las oficinas en el extranjero no aceptaron injerencias hasta el punto de expulsar de la oficina parisina de París del Banco de Bilbao a Antonio Sacristán, inspector del Consejo Superior Bancario enviado desde Valencia por el gobierno de la República.

Las relaciones entre los ejecutivos de Valencia y Bilbao se tensaron por el episodio reseñado y Aguirre quiso hacerse con el dominio de la red internacional del Bilbao mediante el nombramiento de “Consejero del Banco Bilbao, con carácter irrenunciable” de Domingo Epalza. Epalza, conocido nacionalista, decidió declinar puesto que como señalaría él mismo por encima de ser abertzale sentía que debía velar por los intereses del banco al que pertenecía. Tras su renuncia al cargo ofrecido, nombraron delegado gubernamental en la capital francesa a Luciano Ocerín por “las tirantes relaciones con la sucursal del Banco en París”.

Se llegó a un acuerdo con Epalza para que Ocerín realizara sus inspecciones encubierto como empleado del banco para no levantar sospechas y así fue trabajando hasta que se recibió una orden del Consejo del banco de la zona nacional para expulsarlo de la sucursal parisina. Para entonces, Epalza había dimitido de su cargo de consejero al no aceptar las continuas presiones políticas que sufría.

Mas el gobierno vasco iba a seguir porfiando hasta el punto de tomar la sucursal de París por la fuerza. Luciano Ocerín comandó un batallón de gudaris vascos armados para hacerse con la oficina y como resultado de esta intervención de carácter político, la sucursal terminaría quebrando.

En la sucursal de Londres también se vivieron episodios desgraciados. La misma era gestionada por dos apoderados del banco. En marzo de 1937 se presentó en la oficina londinense el nuevo director nombrado por el gobierno vasco por razones evidentes. Los apoderados impidieron que el nuevo director ocupase su puesto y el asunto terminó en los tribunales con la Justicia reforzando, en primera instancia, la postura de los dos apoderados pero bajo la supervisión de un funcionario judicial.

El pleito continuaría en los juzgados durante meses sin que se consiguiera que ni los jueces ni el gobierno británico –instado éste por los jueces- tomara partido por bando alguno. Por el camino, la sucursal londinense del Banco de Bilbao quedaría en una situación calamitosa ya que desarrollar el negocio resultaba muy complicado, tanto por las presiones externas como por las determinaciones del interventor judicial impuesto.