Breve historia de BBVA (VIII): la banca en el inicio de las dos Españas

La banca española en vísperas de la guerra

A pocos meses del golpe de Estado de Franco, España contaba con 115 entidades bancarias con un volumen de acreedores de 8.600 millones de pesetas. El Banco de Bilbao, el de Vizcaya, Banesto y el Hispano albergaban la mitad de la cantidad reseñada de acreedores, como entidades principales. El control de la banca privada era bastante férreo, conducido tanto por el Consejo Superior Bancario como por la Comisaría de la Banca Privada.

La banca en España dependía en gran medida de la situación económica del país. En mucha mayor medida que hoy en día, desde luego. Las entidades bancarias tenían un gran peso en la economía nacional y más desde que a comienzos de los años 20 se aprobara una legislación tan proteccionista que prácticamente invitaba a los bancos extranjeros a desinvertir en España.

El incremento de la liquidez que se produjo en los últimos años de la República supuso un considerable abaratamiento del dinero vía reducción de los tipos de interés. Y este aspecto unido a una ralentización de las inversiones industriales y mercantiles, hizo mella en los bancos. Además, en 1935 el capital de las más preminentes entidades bancarias cayó bruscamente. Esta caída se comprende mejor si se tiene en cuenta que las tres cuartas partes de los recursos propios eran propiedad de accionistas con menos de dos decenas de títulos. Los pequeños inversores eran los grandes sostenedores de los bancos y la situación socioeconómica española no era para ellos ni mucho menos la más deseable en los meses previos a la guerra.

La banca en el inicio de las dos Españas

Con la irrupción de los sublevados en julio del 36, el país se partió en dos y los recursos económicos fueron claramente mayores en la España republicana en un principio.

Madrid, Cataluña y el País Vasco, las regiones financieras más relevantes, quedaron en manos de la República, así como las tres Bolsas de Valores del país (Madrid, Barcelona y Bilbao). En cuanto a las cifras de las entidades bancarias se refiere, el 65% de las oficinas cayeron del lado que defendía la legalidad hasta entonces vigente, con, asimismo, tres cuartas partes de los trabajadores bancarios del país. También hay que destacar que el 75% de los ahorros de los españoles permanecieron con la República.

Otro aspecto destacable del inicio de la guerra es que las entidades bancarias no pudieron cumplir con todos los requisitos que exigía la ley, tales como la convocatoria de Juntas Generales de Accionistas o el cierre de los balances. La particularidad de la nueva situación que comenzaba a vivirse en España llevó a que las relaciones entre los bancos y los clientes no se ajustaran siempre a lo legamente establecido y que los pequeños accionistas vieran como se les apagaba la luz de la información de sus inversiones.

Los órganos rectores del sistema bancario que provenían de la Segunda República se quedaron en Madrid tras el alzamiento. El Consejo Superior Bancario, el Banco de España y las sedes de los grandes bancos permanecieron bajo el área de influencia del ejecutivo que José Giral heredaría inmediatamente de Santiago Casares Quiroga. Una de las medidas que más afectó a los bancos fue la de los drásticos cambios que se producirían en sus consejos de administración. Dichos relevos se vieron motivados por dos razones de distinta índole. Por un lado, un buen número de consejeros se pasaron al bando de los sublevados y por el otro, el gobierno rehizo las composiciones de los máximos órganos bancarios a su gusto, cambiando miembros de los consejos por otros de su confianza.

En los territorios dominados por las filas de Franco contaban con un menor tejido bancario pero también se pusieron manos a la obra para tratar de tomar el control del mismo. Aprovecharon la deserción de los banqueros mencionados, para ponerles al frente de los consejos de administración de los bancos regionales de los que disponían, así como de las sucursales de las que se incautaron. Oficinas que habían pertenecido hasta entonces a los grandes bancos, en la zona republicana en aquel momento.

El sistema bancario republicano sufrió un varapalo tremendo con la rápida pérdida de muchos consejeros y directivos de la cúpula de sus entidades. Una gran cantidad de ellos se pasó al bando nacional y muchos de los que realizaban sus funciones en bancos de pequeña entidad fueron depuestos por comités obreros que tomaron el mando. La gestión de las entidades bancarias se tornó en pocas semanas en una tarea casi imposible de llevar a cabo y así, Negrín introdujo la figura de los Comités Directivos en octubre. Dichos cuerpos estaban formados en cada banco por un funcionario de Hacienda, un representante de los accionistas, otro de los impositores y un cuarto de la Federación Nacional de Banca. La decisión del gobierno republicano sirvió para mitigar la escasez de gestores expertos al menos durante los primeros meses de la contienda y no sería sino una de las innumerables medidas que se tomaría desde el bando republicano a lo largo del resto de la guerra civil.

En la otra orilla del frente las entidades más importantes eran el Banco Pastor, el Banco Herrero, el Banco Zaragozano y el Banco Castellano, amén de varias sucursales de bancos de la zona enemiga. Con el transcurso de los días, y gracias a la gran cantidad de deserciones que tuvo lugar, el bando nacional no tuvo ninguna dificultad en formar Consejos de Administración alternativos de las entidades en suelo republicano. Así, los bancos de Vizcaya y Bilbao fijaron sus sedes en San Sebastián y Vitoria, respectivamente. Por su parte, el Popular, Banesto, el Central y el Hispano, escogieron también la capital guipuzcoana, si bien este último escogió como cosede la ciudad de Burgos, desde donde operaba el gobierno de Franco. Los bancos regionales, sin embargo, decidieron mantener sus sedes originales en su práctica totalidad.

Pese a la existencia de la duplicidad de los Consejos de Administración de los principales bancos nacionales, como era de esperar, el autoproclamado ejecutivo de Franco sólo reconocía como válidas las decisiones de los órganos de decisión con sede en territorio nacional.