Breve historia de BBVA (V): los años 20 y la dictadura de Miguel Primo de Rivera
El inicio de la década de los años 20 se vio marcado por la derrota del ejército español en Marruecos en 1921. El que sería conocido como El desastre de Annual supuso la pérdida del dominio de España en el país vecino africano y las consecuencias de la derrota militar conllevaron duras críticas al régimen político, a los militares e incluso al rey.
Desde el 13 al 15 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se sublevó militarmente contra el orden democrático establecido. Con la aquiescencia de Alfonso XIII y apoyado por buena parte de la burguesía catalana, con el exministro Cambó entre los más destacados, Primo de Rivera consiguió llevar a cabo la asonada. El mismo monarca nombraría al militar sublevado Jefe del Gobierno al frente de un Directorio militar formado por ocho generales de brigada y un contralmirante. La aprobación de Alfonso XIII de la nueva situación recordaba a la que un año antes había tenido lugar en Italia con el rey Víctor Manuel III y Mussolini.
Primo de Rivera justificó el golpe por la inestabilidad de un país en el que la gobernabilidad pasaba por momentos complicados, el ejército estaba siendo puesto en tela de juicio, los incipientes movimientos obreros de carácter comunista que bebían del nuevo bolcheviquismo surgido en la Revolución rusa, que tanto preocupaban a la burguesía, con episodios de naturaleza violenta en Barcelona, sobre todo y las enormes dificultades de los últimos ejecutivos para garantizar el derecho de propiedad.
Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera.
El dictador bebió de los regeracionistas para aplicar políticas muy intervencionistas y nacionalistas en lo económico y se distinguió por su escasa afección por la iniciativa empresarial privada. Tras dos años de Directorio militar, en diciembre de 1925 se inauguraba una nueva etapa: el Directorio Civil. El nombramiento de Eduardo Aunós como ministro de Trabajo, del conde de Guadalhorce como responsable de la cartera de Fomento y, sobre todo, el de José Calvo Sotelo en Hacienda marcarían la política económica del periodo de Primo de Rivera.
Se produjo un aumento del gasto por parte del Estado, una gran financiación de las obras públicas y la formación de monopolios, tales como los concedidos a Telefónica (creada en 1924) y a CAMPSA (1927). Fue un periodo en el que se llevó a cabo un enorme plan de obras hidráulicas así como una ampliación y mejora de las carreteras españolas y el ferrocarril que permitieron incrementar el tamaño y la calidad del mercado interior.
La Banca Oficial
El Directorio civil creó un conglomerado de bancos de carácter oficial con el fin de tutelar y dirigir desde el Estado las ayudas a los distintos estratos de la economía del momento, si bien la titularidad de los mismos es de carácter privado.
En 1920 había nacido el Banco de Crédito Industrial, en 1925 surgió el Banco de Crédito Local y en 1929, el Banco Exterior de España.
El de Crédito Industrial llega con vocación de consolidar la industria en España y asimismo conceder créditos a largo plazo. Entre los inversores que conforman el accionariado de esta nueva entidad bancaria destacan el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya. El de Crédito Local, cuyo primer gobernador no es otro que José Calvo Sotelo, hace acto de presencia para financiar los municipios y las diputaciones. El Banco Exterior de España es la plasmación de un viejo anhelo del sector del comercio que ansiaba un respaldo de financiación del comercio exterior así como una ayuda para las relaciones con otros países y la búsqueda de nuevos mercados.
El Banco Hipotecario que había nacido en 1873 continúa contando con un capital privado y con la posibilidad de actuar como banco comercial pero sufre una transformación relevante al modificarse sus estatutos dando entrada a dos consejeros en representación del Estado. El Hipotecario varía su papel al pasar a estar vinculado a la política de construcción de viviendas.
El Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya
El progresivo desarrollo de la Ley Cambó y la seguridad y el proteccionismo proporcionados por la Dictadura permite un crecimiento a los principales actores de la banca privada. Se produce una expansión del número de sus sucursales y rápidamente se incrementa la cobertura del territorio nacional. De igual manera, crecen el número de clientes y el volumen de los productos bancarios, si bien es cierto que existen importantes desequilibrios regionales en la industria bancaria.
Los grandes bancos contaban con 156 sucursales en 1922, cifra que se ve incrementada hasta las 475 existentes en 1926 y las 791 el último año de Primo de Rivera en el poder, en 1929.
El Banco de Bilbao apuesta, sobre todo a partir de 1925, por robustecer su seguridad practicando una política de reservas considerablemente prudente aunque no excesiva. Por el contrario, el Banco de Vizcaya, una entidad más joven y agresiva, no nutrió de manera tan importante sus reservas como hiciera su vecino y pudo lograr una rentabilidad financiera más brillante a costa de prestar menos atención a la seguridad.
Sede central del Crédito de la Unión Minera en Bilbao.
Se puede afirmar, en todo caso, que ambas entidades bancarias vizcaínas rayaron a una gran altura en unos momentos que, si bien fueron en general de bonanza para la gran banca nacional, no dejaron de resultar ciertamente complicados por la particularidad de la situación política en España. Tanto Bilbao como Vizcaya aplicaron criterios económicos y financieros más cabales que los dirigentes del Crédito de la Unión Minera, su competidor local, que si bien había aumentado muy considerablemente su capital social hasta los 100 millones a comienzos de los 20, mantenía unas reservas ciertamente bajas e invirtió grandes sumas de dinero en operaciones especulativas de alto riesgo que llevaron a la desaparición de la entidad en 1925. Los 92 millones de pesetas de déficit del Crédito de la Unión Minera supusieron que tuviera que acogerse a la suspensión de pagos.