BBVA se adelanta a la normativa en transparencia fiscal

BBVA se ha adelantado a la normativa europea en esta materia. El Consejo de Administración de BBVA aprobó el 1 de julio de 2015 su estrategia fiscal, de acuerdo con las nuevas exigencias de la Ley de Sociedades de Capital, incorporando anticipadamente los objetivos y medidas aprobados por BEPS en un intento de marcar como fin primordial prevenir y controlar los riesgos fiscales y mejorar la transparencia fiscal y la responsabilidad social corporativa.

Asimismo, desde 2013, BBVA publica cada año el análisis Total Tax Contribution, siguiendo la contrastada metodología desarrollada por PWC, donde se analiza la contribución tributaria de la entidad, tanto de los impuestos directos como de terceros recaudados. Este informe, pionero en España, pretende potenciar la responsabilidad social corporativa al medir el impacto de la actividad de BBVA en la colaboración con la Administración Tributaria. Es conveniente destacar que este informe, en alguna medida, constituye un adelanto de las obligaciones de información desglosada por países recogida por la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito recaudación tributaria y el Real Decreto 634/2015, por el que se aprueba el nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

¿Qué propone la Comisión Europea sobre transparencia fiscal?

El programa forma parte del Plan de Acción presentado por la Comisión Europea el 17 de junio de 2015 para un impuesto de sociedades más equitativo y eficiente en la UE, basado en el principio de que todas las empresas deben tributar allí donde obtienen sus beneficios.

Las medidas presentadas siguen las recomendaciones de la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) así como en materia de transparencia fiscal e intercambio de información. Entre las medidas se encuentran dos propuestas legislativas concretas, una recomendación y una comunicación:

- Una propuesta de directiva con medidas para prevenir prácticas de fraude fiscal e ingeniería fiscal que afecten al funcionamiento del mercado interno. Abordaría fundamentalmente seis puntos: la limitación a la deducibilidad gastos financieros, la introducción de un impuesto de salida para gravar ganancias latentes en supuestos de traslado de residencia o de la ubicación del bien, los instrumentos híbridos, una cláusula general antiabuso, la tributación efectiva de los dividendos que son repatriados mediante cláusulas switch over, y la transparencia fiscal internacional.

- Una recomendación a los Estados miembros para que revisen sus convenios de doble imposición, introduciendo medidas que impidan su uso abusivo (treaty shoping).

- Una propuesta de revisión de directiva (la de Cooperación Administrativa) por la que se implementará la obligación de presentar por las multinacionales que operen en la Unión Europea de un informe país por país (el conocido country by country report, en el que deben reflejarse los beneficios obtenidos e impuesto pagados en cada jurisdicción) que será intercambiado por las Administraciones Tributarias de los 28 Estados miembros.

- Y una serie de acciones para promover la buena gobernanza fiscal internacional.

Por otro lado, se pospone para finales de 2016 la propuesta relativa a la puesta en marcha de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) como solución integral para la reforma del impuesto de sociedades.

Estas cuatro medidas pretenden incorporar al Derecho Comunitario lo que no son más que meras recomendaciones con una eficacia normativa que depende de la buena voluntad de los Estados (o softlaw). Recordamos que la OCDE ha desarrollado desde 2013 un Plan de Acción ante la erosión de las bases imponibles de muchos Estados y el desvío de sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. El pasado 5 de octubre de 2015 se aprobaron 15 acciones en desarrollo del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) con el fin combatir el problema de la evasión fiscal, las prácticas fiscales perjudiciales y la ingeniería fiscal agresiva por parte de las empresas multinacionales.

Esta iniciativa de la OCDE ha tenido un enorme impacto y ha modificado el enfoque para abordar las relaciones fiscales internacionales.

En concreto, el Gobierno de España firmó ayer un acuerdo por el que se compromete junto con otras 30 jurisdicciones de la OCDE al intercambio de información “país por país”, que estaba contemplado en las recomendaciones de la OCDE, y que ahora se anuncia también en el ámbito de la Unión Europea. De hecho, España ya ha incorporado esta obligación para las multinacionales mediante el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que deberá hacerse efectiva a partir de 2016.