El ajuste a los precios de los combustibles es sano para la economía

En México no existía un mecanismo claro y objetivo para fijar los precios de la gasolina; los mismos se determinaban arbitrariamente por el Estado basado en criterios ajenos a los meramente económicos o sujetos a las condiciones del mercado.

El mecanismo que se tenía para 'estabilizar' los precios de la gasolina respecto de su valor de mercado era el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que  podía ser positivo o negativo, dependiendo del precio internacional de este combustible. Cuando el precio en México era más bajo que el internacional, a través del IEPS el Estado otorgaba un subsidio a todos los consumidores.

Dicho subsidio representó un gasto muy ineficiente para el Estado, toda vez que no tenía ningún objetivo concreto para combatir una carencia o promover el desarrollo económico o social. Por el contrario, implicó un incentivo negativo en la economía toda vez que no estimulaba la reducción del uso de gasolinas y sólo apoyaba a las clases medias y altas, que eran las únicas que se beneficiaban de consumirla.

"A la par, los gobiernos invertían más en proyectos de infraestructura que favorecían el uso del automóvil en detrimento del transporte público

Tan solo entre 2007 y 2014 los subsidios a los precios de la gasolina y el diesel ascendieron a más de un billón 141 mil millones de pesos (6.8% del PIB). Sólo en 2008 el subsidio de cerca de 300 mil millones de pesos representó tres veces todo el programa Prospera, o 28 veces lo que se destina a becas para educación básica, media superior y superior.

"En suma, el subsidio a los precios de la gasolina representó un costoso error de política económica.

Esta asignación de recursos públicos resulta evidentemente injusta en cualquier país, pero lo es más en uno tan desigual como México. Constituyó un subsidio regresivo porque favoreció desproporcionadamente a los sectores de más altos ingresos.

Gracias a la Reforma Energética firmada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013 se decidió cambiar el esquema anterior por uno de liberalización en los precios de la gasolina. Esta liberalización se adelantó de 2018 a 2017.

La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, a finales del año pasado, el cronograma de flexibilización, que considera cinco etapas de apertura regional: las primeras dos en la frontera norte del país, la tercera y cuarta en el centro y occidente, y la quinta en la península de Yucatán. En tanto las cinco zonas no sean liberadas, se mantendrá un esquema de precios máximos en 90 regiones del país.

Esta es una medida positiva en el corto y mediano plazo

Para dar contexto a la afirmación anterior, dada la devaluación sufrida por el peso como consecuencia del “efecto Trump” el incremento en el valor internacional de los hidrocarburos tendía a elevarse este año, el monto del subsidio a pagar importaría $200,000 mil millones de pesos en el año 2017. En el corto plazo, es insostenible seguir pagando ese subsidio para las finanzas públicas, toda vez que generarían un déficit que tendría que cubrirse con mayor emisión de deuda, un incremento de la carga fiscal o con una reducción de gasto.

El incremento de la deuda traería como consecuencia una baja de la calificación de México y que Pemex perdiera su grado de inversión, lo que podría generar una crisis macroeconómica inaceptable que afectaría el desarrollo económico, la estabilidad alcanzada y llevar a la pobreza a una parte de la clase media así como crear más carencias en los más pobres.

Un incremento en la carga fiscal frenaría brutalmente la economía, además de que sería pagada por los agentes que se encuentran en la formalidad, con las externalidades que lo anterior genera.

Una reducción del gasto es prácticamente imposible de hacer en la magnitud requerida ($200 mil millones de pesos) sin afectar programas sociales y la operación propia del Gobierno.  Para fijar magnitudes, dicho importe implicaría eliminar 14 dependencias del Estado de forma inmediata.

Sobre el mediano y largo plazo:

El ajuste anunciado reconoce el aumento reciente de los precios de referencia (tanto del insumo como de la divisa) e incorpora los costos de transporte, almacenamiento y distribución, que era subsidio implícito que otorgaba  PEMEX; por ello también la decisión de dividir en regiones los precios máximos de la gasolina.

La política deberá gradualmente generar incentivos para que empresas del sector privado entren al mercado de distribución y paulatinamente las previsibles mayores eficiencias que pudieran obtener, provocarían un descenso gradual en los precios de distribución, al tiempo que reducirían el tamaño de un negocio ineficiente y no estratégico para Pemex.

Los aumentos en los precios de las gasolinas anunciados intentan eliminar el subsidio que existía en dicho energético antes de la plena liberalización de los precios a lo largo de 2017. Esto puede significar que los precios se eleven por encima del promedio internacional ya que la estructura de costos de producción y distribución que hoy existe en México es mayor a la que se tiene en otros países. Esta estructura de costos tenderá a eficientarse gracias a la reforma. Esto ocurrirá a medida que Pemex vaya implementando su plan de negocios y que entren inversionistas privados al mercado.

En cuanto a la inflación, sin duda tendrá un efecto sobre los precios en 2017, pero dicho impacto se acotará a los efectos directos y con un Banco de México vigilante y bajo un esquema preventivo de la política monetaria prevaleciente desde inicios de 2016, se mantendrán ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazos evitando efectos de segundo orden como afectaciones indirectas sobre el proceso de formación de precios en la economía

En conclusión, si bien la depreciación adicional del peso tras el resultado de las elecciones en EE.UU. obligó al gobierno a establecer precios máximos de la gasolina que implican aumentos relevantes, dichos incrementos constituyen una adecuada medida de política económica que tendrá efectos positivos en el tiempo sobre las finanzas públicas (corto plazo), pero también sobre el crecimiento económico y la inflación (en el mediano y largo plazos). Es una medida complicada pero necesaria y acertada.

Este artículo fue elaborado por el Lic. Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer