100 años de Mitterrand: nacionalización de la banca y política económica

La deuda pública ascendía al 20% del PIB y la inflación seguía subiendo. El paro se situaba por encima del millón de personas y en la calle, miles de franceses protestaban por el proceso de desindustrialización. Pocos meses después de llegar al poder, impulsó una serie de polémicas medidas cuyo plato fuerte fue la nacionalización de la mayoría de la banca. Dos años después tuvo que revertir completamente su política ante el fracaso de las medidas y el agravamiento de la situación económica.

El 9 de septiembre de 1981, el Consejo de Ministros del recientemente proclamado presidente de la República de Francia, François Miterrand, tomó una de las decisiones más polémicas y arriesgadas de todo su mandato político: la nacionalización de la mayor parte de la banca que aún seguía en manos de la iniciativa privada, así como la de once grupos industriales franceses. Se trataba de la medida económica más radical que había incluido el político socialista en su programa electoral, en el que también se recogían una importante subida de impuestos, la ampliación de los trabajos del sector público y el aumento del gasto social.

En el mismo momento en el que se anunció la decisión por parte del Gobierno, el presidente de la República de Francia ordenó suspender las cotizaciones bursátiles de las compañías a nacionalizar, entre las que se encontraban Thomson-Brandt, Saint Gobain Pont à Mousson, Rhône Poulene, Pechiney Ugine Kuhlman y Compagnie Général de Electricité. La nacionalización del crédito pasaba por la incorporación al Estado de todos los bancos de origen nacional de carácter privado que contaran con depósitos que superaran los 1.000 millones de francos franceses. De los más de 360 bancos comerciales existentes -el resto ya estaba previamente nacionalizado desde De Gaulle- Mitterrand estatizó 36, cifra que puede parecer insignificante si no fuera porque esa treintena larga representaba el 95% de los depósitos bancarios del país. Los tres bancos principales ya formaban parte del Estado desde la época de De Gaulle: Crédit Lyonnais, Banque Nationale de Paris y Société Générale. Además, se nacionalizaron dos sociedades financieras: Paribas y Suez. La banca extranjera con presencia en Francia, la banca regional y la mutual no entraban dentro de los planes de los socialistas.

La deuda pública ascendía al 20% del PIB y la inflación seguía subiendo

La suspensión de los valores en bolsa de las empresas afectadas se alargó dos semanas más hasta que el Ejecutivo depositó el proyecto de ley en la Asamblea Nacional para que ésta diera luz verde a tan polémica decisión gubernamental. Incluso dentro del Gobierno de Miterrand hubo disensiones, como fue el caso del ala más moderada del Gobierno, encabezada por el ministro de Economía Jacques Delors, que trató en vano de suavizar en lo posible la medida estatizadora del líder de los socialistas del país vecino. Con el proceso que se iniciaba a las puertas del último trimestre del 81, el sector público galo iba a crecer del 12% al 17,5%.

Aunque polémica, la medida no resultó sorprendente. Al fin y al cabo, ganadas las elecciones de mayo del 81, Mitterrand había nombrado como primer ministro al socialista y líder obrero Pierre Mauroy, que para gobernar se apoyó en el Partido Comunista de Francia cediéndole cuatro carteras ministeriales. Un Ejecutivo que tenía clara su intención de cumplir el programa electoral que había llevado a Miterrand al Elíseo. De hecho, la nacionalización era uno de los puntos que conformaban lo que se dio en llamar '110 propuestas por Francia' que no era sino un texto de orientación política con el que el político galo se había presentado a las elecciones de mayo. Entre las citadas propuestas se encontraban también otras de gran importancia como el adelanto de la edad de jubilación de los varones a los 60 años y a 55 la de las mujeres, la progresiva reducción de la jornada laboral semanal a las 35 horas, la creación de un impuesto sobre las fortunas superiores a los tres millones de francos, el derecho a una Renta Básica o la creación de 150.000 nuevos puestos funcionariales. El exitoso documento que se tradujo en una victoria electoral, incluía, asimismo, otros cumplimientos de carácter social como la abolición de la pena de muerte, la despenalización de la homosexualidad o el derecho al voto de los inmigrantes en los comicios municipales. El objeto de la promesa electoral que cumplía Mitterrand pretendía reducir la preocupante tasa de desempleo francesa a comienzos de la década.

El germen de la medida nacionalizadora partía de un documento firmado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Movimiento de los Radicales de Izquierda, el 12 de julio de 1972, casi una década antes. Aquel acuerdo hacía referencia a grupos industriales muy concretos como eran Dassault, Roussel-Uclaf, Rhône-Poulenc, ITT France, Thomson-Brand, CII-Honeywell Bull, Saint-Gobain y CGE, amén de "nacionalizar el crédito". Lo cierto es que no era la primera vez que se llevaba a cabo en Francia una medida similar. En concreto, la estatalización de Miterrand fue la tercera del siglo XX, tras la llevada a cabo en diciembre de 1945 por el general Charles de Gaulle tras la II Guerra Mundial con la idea de proteger la industria nacional en una posguerra plagada de escasez y dificultades. La primera se había llevado a cabo entre 1936 y 1937 con Albert Lebrun como presidente.

Entre las propuestas se encontraban también el adelanto de la edad de jubilación de los varones a los 60 años y a 55 la de las mujeres

Las clases más pudientes reaccionaron a la ofensiva del Gobierno socialista y comenzaron a llevarse su dinero a los bancos suizos y luxemburgueses, fundamentalmente. Como consecuencia de la salida de tan importantes capitales, las arcas galas sufrieron un importante varapalo, pero Mitterrand se mostró firme en sus propósitos.

Sin embargo, el incremento en el gasto público que requerían gran parte de las medidas a aplicar por el Gobierno francés, la inflación que sobrevino como consecuencia de ese aumento, el aumento del paro y la inestabilidad cambiaria -con frecuentes ataques al franco desde el exterior- que obligó a realizar hasta tres devaluaciones del franco, provocaron que desde el Eliseo François Mitterrand comenzara a escuchar las distintas opiniones de sus colaboradores más cercanos.

Tras perder las eleccciones municipales de marzo de 1983, Pierre Mauroy, Jacques Delors, Michel Rocard, ministro de Estado y Planificiación y el director del Tesoro, Michel Camdessus, lograron convencer a Mitterrand de que debía alinearse con las políticas económicas más cercanas al mercado de países como Alemania y los Estados Unidos. El propio presidente de la República reconoció públicamente ante los franceses la encrucijada personal y política en la que se encontraba: "Estoy dividido entre dos ambiciones. La de la construcción europea y la de la justicia social. El sistema monetario europeo es necesario para lograr la primera pero limita mi libertad para la segunda".

Finalmente, sus colaboradores más cercanos y su convencimiento personal ante la deriva de la economía francesa le llevaron a adoptar los postulados del Sistema Monetario Europeo (SME). Laurent Fabius pasó a la historia como el político que consiguió que Mitterrand anunciara públicamente el abandono de la senda que había comenzado a transitar a finales de 1981. Francia dejaba atrás así un camino presidido por un robusto proteccionismo y una soberanía monetaria y comercial indudable hasta entonces.

La obsesión por el control por parte del Estado de gran parte del tejido industrial y bancario fue transformándose en un cada vez más estricto rigor fiscal, una nueva etapa desregularizadora y un incremento progresivo de las privatizaciones, impensables pocos meses antes. Para 1984, en Francia no quedaba apenas rastro de los postulados más férreos de aquellas '110 propuestas por Francia' que habían llevado al líder socialista a la presidencia para el primero de sus dos septenios en el poder.